Aunque el género epistolar es periodísticamente válido, uno no puede dar por hecha la contestación. Sobre todo si se trata de un alto funcionario. Y más aun, recién llegado a un cargo de extrema complejidad y exigencia. Por eso me sorprendió gratamente la rapidez con que Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, ha respondido a mi carta abierta del pasado 26 de diciembre sobre el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Las tres ciudadanas mexicanas indígenas ñha ñhus acusadas en 2006 de haber secuestrado a seis agentes federales en la plaza de su pueblo Santiago Mexquititán, en Querétaro; luego secuestradas —ellas sí—, llevadas directamente a prisión y encarceladas injustamente tres años; las mismas a las que con la inercia del anterior gobierno calderonista se les negó el 19 de diciembre pasado la reparación del daño.

La respuesta de Murillo Karam se tradujo en una entrevista en la que habla del caso y de sus visiones más amplias sobre la impartición y procuración de justicia en este país. Para empezar, me recuerda que él ha sido sensible a este asunto, al grado de haberlo subido a tribuna como legislador, pero que al llegar a la PGR se encontró con hechos ya consumados. Además de que en nuestra legislación actual no se contempla la figura jurídica de reparación del daño.

Pero mi primera gran sorpresa es que me asegura que ha ordenado la apertura de una investigación sobre los hechos habidos en todo el proceso. Lo que le permitiría tener dos posibilidades de acción: una, que haya habido irregularidades verificables que pudieran implicar una violación a los derechos humanos de Jacinta, Alberta y Teresa. Y en consecuencia, la posibilidad de sanciones y de una reparación. Algo que hubiera sido imposible de escuchar desde la procuraduría del gobierno anterior.


Le pregunto si este caso podría inscribirse en la Ley de Víctimas planteada por Javier Sicilia, impugnada por Felipe Calderón y replanteada con carácter de urgente por el presidente Enrique Peña Nieto en su primer mensaje. Me vuelve a sorprender cuando me dice que le parecería injusto hacerles esperar su aprobación. Que lo que hará es investigar de inmediato. Lo que, en mi opinión, significa una reapertura del caso, que podría representar un hito en materia de justicia, si se comprueban los abusos, contradicciones, fabricación de pruebas y corruptelas de agentes y jueces implicados.

En otra parte de nuestra conversación, Murillo Karam me habla de sus motivaciones para aceptar el cargo: hacer que la Procuraduría cumpla las razones para las que fue creada; entenderla no sólo como la entidad sancionadora, sino como la que es capaz de definir quién es inocente y quién es culpable; quién debe ser protegido como víctima y quién debe ser sancionado por transgresor, forjar una institución donde la sensibilidad tiene que ir acompañada de la firmeza, que no significa necesariamente mano dura sino certeza; donde la sensibilidad cuenta, pero donde la firmeza es crucial.

Más adelante, establece que la presunción de inocencia es la base del Estado de derecho. La culpabilidad se tiene que probar, mientras que la inocencia se presume. Por eso, explica, se ha pronunciado abiertamente contra las llamadas medidas cautelares; el abuso, el exceso y el mal uso de figuras como el arraigo y los testigos protegidos. Es cierto que las leyes están ahí, a veces desde hace mucho tiempo —me dice—, pero también es cierto que la sociedad ya evolucionó. Por eso las leyes tienen que evolucionar al parejo de la sociedad. Por eso debemos seguir haciendo grandes reformas jurídicas, insiste.


Finalmente, y de modo inconsciente, me viene a la memoria Luis Donaldo Colosio cuando le pregunté qué les diría a los mexicanos que tienen “hambre y sed de justicia”. Y me responde: “yo también tengo hambre y sed de esa justicia… y haré lo que esté en mis manos para sacarla adelante”. Un compromiso gigantesco.

PD. Para el gran Raúl Araiza, por sus contribuciones formidables a aquella televisión mexicana.

@RicardoRocha_MX
Periodista