No es para ella. No se trata del último chance para que obtenga su libertad. Lo que afirmo es que no habrá otra oportunidad para que este país se ponga en paz consigo mismo y haga justicia en el caso de Florence Cassez. Porque, aun cuando el proceso pudiera extenderse judicialmente, ya no habrá otra ocasión de rectificar con un mínimo de sensatez y pudor lo que ha sido hasta ahora una aberración jurídica que debiera avergonzarnos a todos.

A ver: el montaje que ordenó Genaro García Luna en complicidad con sus medios no fue un chiste ni una gracejada. Menos aun algo superficial y ajeno a la sustancia del caso. Lo hemos dicho hasta la saciedad: el montaje era el propósito fundamental para impactar a la opinión pública en favor de un pésimo gobierno. Y hay evidencias elementales de que lo que las huestes del impresentable secretario de Seguridad Pública estuvieron buscando era un asunto que sirviera a ese propósito. Y por eso actuó criminalmente. Porque el privar de su libertad a una persona durante 15 horas para preparar un circo mediático, quitarle la oportunidad de contactarse con su embajada, obligarla a actuar su propia culpabilidad e ipso facto juzgarla culpable no es sólo un montaje de telenovela. Es, ni más ni menos, un crimen.

Por eso estoy convencido de que ahora la justicia a la mexicana tiene ante sí una postrera ocasión de lavarse la cara ante el mundo. Porque sigo esperando que alguien me diga en qué país un gobierno podría organizar, implementar y avalar una farsa de tal bajeza y seguir tan campante hasta el final.


En la resolución anterior, la que no se atrevieron a respaldar los ministros de la Corte —salvo doña Olga—, el ministro Arturo Zaldívar proponía la liberación inmediata de Florence por irregularidades que atentaron al debido proceso y flagrantes violaciones a los derechos humanos de la inculpada. En días pasados, EL UNIVERSAL ha adelantado que el nuevo proyecto, ahora a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero, viene en el sentido de excluir toda la evidencia obtenida de manera ilícita en contra de Cassez, sentenciada a 60 años de prisión injusta. De este modo se le otorgaría un amparo para que el caso se devuelva al tribunal unitario, que —por la evidente falta de pruebas— debería otorgar la libertad de la ciudadana francesa, actualmente presa en la cárcel de Tepepan, en la ciudad de México.

El problema ya no es —a estas alturas— el grado de responsabilidad que tuvo Florence con la banda de Los Zodiaco o si al liarse sentimentalmente con Israel Vallarta tuvo simplemente la desfortuna de involucrarse con el hombre equivocado. El problema es que es un asunto tan viciado desde el principio que ni siquiera ha concluido la investigación integral sobre las responsabilidades individuales de cada uno de los integrantes de la banda. La compra de testigos, las inculpaciones inventadas y, por supuesto, el montaje convirtieron el caso en una aberración oficial pestilente desde el primer momento.

Hasta ahora, lo único claro es que, si se eliminaran los crímenes del montaje no hay prueba alguna en contra de una mujer a la que ya le quitaron siete años de su vida. Pero más aun, si realmente se quiere hacer justicia, el caso Florence no podría concluir con la liberación de la protagonista involuntaria de esta historia. Hay por lo menos dos personajes que debieran ser investigados y llamados a cuentas: Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. El primero porque con sus cómplices mediáticos armó todo un tinglado a sabiendas de que estaba cometiendo una infamia. Y el segundo porque con tal de proteger a su subordinado favorito aplastó la presunción de inocencia —base fundamental del derecho— y nos expuso como país a un ridículo vergonzante. Más allá del rompimiento con Sarkozy, el entonces presidente Calderón nos exhibió como un país bananero donde, sobre la ley, se impone la voluntad de un dictadorzuelo. Ahora, el gobierno francés ha dicho que respetará el fallo de la Corte. Nosotros esperamos que la Corte se respete a sí misma.


@RicardoRocha_Mx
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Periodista