Uno de las principales causas del subdesarrollo que priva en nuestro país, es la manera en que se manejan las finanzas públicas en el ámbito federal, estatal y municipal.

 

A pesar de los grandes avances que ha habido en materia de control presupuestal y rendición de cuentas, la ineficiencia y la corrupción de los funcionarios y los políticos, constituyen un cáncer que corroe a los gobiernos, propiciando un enorme desperdicio y desvío de recursos públicos.

 

Esta situación es resultado de la existencia de “restricciones presupuestales blandas” que consisten en el relajamiento de la relación gasto/ingreso, derivada de la certeza de que no habrá sanciones por el inadecuado o ilegal uso de los recursos públicos. Además de que el gobernante sabe que existe una alta probabilidad de obtener asistencia financiera externa, abiertamente o de manera encubierta.

 

El concepto de restricción presupuestal blanda, fue acuñado por Janos Kornai, economista húngaro, para explicar la terrible situación de escasez y despilfarro de recursos que vivieron los países socialistas, donde imperaba la laxitud financiera, la ineficiencia y la corrupción, lo cual condujo a estos países al colapso económico y social. (Cualquier semejanza con México es mera coincidencia)

 

La restricción presupuestaria blanda protege a los gobiernos ineficientes y corruptos y permite que los grupos políticos que lo conforman se mantengan en el poder a lo largo del tiempo, porque la falta de restricciones evita el castigo penal, pero también evita la derrota electoral y por lo tanto impide la llegada de mejores gobernantes, la construcción de un mejor marco legal y de mejores instituciones y por ello, obstaculiza el desarrollo. Una fuerte restricción presupuestaria incluye la competencia: al ganador las ganancias, el perdedor a la ruina. Una restricción de presupuesto blando tiene misericordia de los perdedores e impide la “destrucción constructiva” propia de los sistemas donde hay competencia, y que, según la idea del economista Joseph Schumpeter, es lo único que garantiza el progreso.

 

Los gobiernos, sobre todo los estatales y municipales, creen que cuando no pueden pagar las cuentas, alguien intervendrá para rescatarlos. Si es muy grande el número de gobiernos con restricciones presupuestarias blandas y con una descontrolada demanda de insumos, habrá un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo social y el crecimiento económico y convierte al sistema económico en una "economía de la escasez”, una “economía de la pobreza”.

 

Una restricción presupuestal dura, obliga a los gobiernos a realizar sólo aquellos proyectos que son capaces de financiar con sus recursos ordinarios, pero si la restricción es blanda, entonces habrá un exceso programas y proyectos que no habrá como pagar.

 

Dos son los principales argumentos para el ablandamiento presupuestal: 1. “La protección del empleo” y 2.- “La protección a los pobres”. Los gobiernos argumentan frecuentemente que los programas que fomentan el empleo, incluido el seguro de desempleo, son necesarios por razones de índole social y económica. De igual modo, afirman perseguir objetivos redistributivos para garantizar la equidad, la justicia social y la solidaridad. Bajo estas dos razones provocan verdaderos desastres financieros.

 

Necesitamos cambios profundos en el marco legal de la fiscalización y la rendición de cuentas para garantizar un adecuado control presupuestal y evitar que la mediocridad y la perversidad de los funcionarios públicos y los políticos sigan causando tanta pobreza en el país.