28 de enero de 2013
alcalorpolitico.com
Muchas interpretaciones surgen en el caso Cassez, esa francesa que vino a trabajar a México, en una empresa de marketing, por el año 2003 y ante lo precario del sueldo, supongo, se infiltró de tiempo completo con una banda de secuestradores llamados los Zodiaco que, por lo menos se les acusa de trece secuestros, mismos en que la francesa participó junto con el resto de la banda; su carrera delictiva finalizó con su captura en 2005 e inicio otra historia que culmina con un yerro jurídico de la justicia mexicana, al ponerla en libertad.
La lucha por su libertad se convirtió en un álgido asunto de política internacional en donde secretarios de estado, legisladores e incluso el presidente francés, Nicolás Sarkozy, solicita a Felipe Calderón que la ciudadana francesa sea entregada a ese país para que allá cumpla la pena impuesta por delitos cometidos en México.
Según las pruebas presentadas a la justicia, Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes vivieron en cautiverio 54 días, identificaron a Cassez por su voz, dos meses después de ser liberados y presentaron los agravantes que dieron como resultado una sentencia de 60 años para la francesa.
La historia de Cassez termina en su liberación y su inmediato traslado a Francia, en donde es recibida y reivindicada como heroína de una injusticia en el pueblo de los indios mexicanos que vulneraron sus derechos fundamentales avalados y esclarecidos por el magistrado Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien demuestra, nuevamente, la fragilidad de la justicia en este país.
El caso invita a reflexionar sobre si los derechos humanos están por arriba de los delitos que las mismas leyes mexicanas señalan, como el secuestro, causados a otros seres humanos: hay otros miles de extranjeros que purgan sentencias en este país por delitos similares de los que fue exonerada la Cassez; ¿acaso habrá que revisar el caso del novio, Isrrael Vallarta Cisneros, capturado por el mismo delito, lugar y hora donde se vulneraron los derechos de la extranjera, habrán de ser liberado, también?
¿Acaso Zaldivar Lelo de Larrea, habrá de iniciar un proceso de investigación a la empresa televisiva que en la cobertura de la detención violentó los derechos de la pareja de delincuentes capturada en 2005?
¿Cuál es la verdadera razón por la cual los magistrados de la SCJN determinaron que no hay delito que perseguir, porque se violentaron los derechos fundamentales de la señalada como culpable de secuestro? la verdad es que, efectivamente, este caso esta plagado por la acción mediática, el velo de la corrupción imposible de asear del sistema judicial, la calidad de extranjera y las presiones ejercidas por Francia y los tratados internacionales sobre nuestro país y gobierno para hallar una solución política.
No pasa nada, la Cassez ya se fue, sólo queda el desprestigio del sistema judicial, las víctimas del delito traumados y frustrados porque pidieron justicia y fueron ignorados, las autoridades responsables de la liberación privilegian, irresponsablemente, a la secuestradora y dejan en indefensión a las víctimas.
La memoria de corto plazo de nuestra sociedad, pronto, curará las heridas psicológicas de las víctimas y el doloroso entendimiento de la sociedad mexicana de esta decisión histórica y fatídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que proyectó el error gravísimo cometido por la ministra Olga Sánchez Cordero y los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tres personas vanidosas que desgarraron el respeto y prestigio a la máxima representación de justicia de este país, que el supremo nos acoja de no caer en su dominios, a excepción, claro, que seas extranjero.
[email protected]
La lucha por su libertad se convirtió en un álgido asunto de política internacional en donde secretarios de estado, legisladores e incluso el presidente francés, Nicolás Sarkozy, solicita a Felipe Calderón que la ciudadana francesa sea entregada a ese país para que allá cumpla la pena impuesta por delitos cometidos en México.
Según las pruebas presentadas a la justicia, Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian, quienes vivieron en cautiverio 54 días, identificaron a Cassez por su voz, dos meses después de ser liberados y presentaron los agravantes que dieron como resultado una sentencia de 60 años para la francesa.
La historia de Cassez termina en su liberación y su inmediato traslado a Francia, en donde es recibida y reivindicada como heroína de una injusticia en el pueblo de los indios mexicanos que vulneraron sus derechos fundamentales avalados y esclarecidos por el magistrado Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quien demuestra, nuevamente, la fragilidad de la justicia en este país.
El caso invita a reflexionar sobre si los derechos humanos están por arriba de los delitos que las mismas leyes mexicanas señalan, como el secuestro, causados a otros seres humanos: hay otros miles de extranjeros que purgan sentencias en este país por delitos similares de los que fue exonerada la Cassez; ¿acaso habrá que revisar el caso del novio, Isrrael Vallarta Cisneros, capturado por el mismo delito, lugar y hora donde se vulneraron los derechos de la extranjera, habrán de ser liberado, también?
¿Acaso Zaldivar Lelo de Larrea, habrá de iniciar un proceso de investigación a la empresa televisiva que en la cobertura de la detención violentó los derechos de la pareja de delincuentes capturada en 2005?
¿Cuál es la verdadera razón por la cual los magistrados de la SCJN determinaron que no hay delito que perseguir, porque se violentaron los derechos fundamentales de la señalada como culpable de secuestro? la verdad es que, efectivamente, este caso esta plagado por la acción mediática, el velo de la corrupción imposible de asear del sistema judicial, la calidad de extranjera y las presiones ejercidas por Francia y los tratados internacionales sobre nuestro país y gobierno para hallar una solución política.
No pasa nada, la Cassez ya se fue, sólo queda el desprestigio del sistema judicial, las víctimas del delito traumados y frustrados porque pidieron justicia y fueron ignorados, las autoridades responsables de la liberación privilegian, irresponsablemente, a la secuestradora y dejan en indefensión a las víctimas.
La memoria de corto plazo de nuestra sociedad, pronto, curará las heridas psicológicas de las víctimas y el doloroso entendimiento de la sociedad mexicana de esta decisión histórica y fatídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que proyectó el error gravísimo cometido por la ministra Olga Sánchez Cordero y los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tres personas vanidosas que desgarraron el respeto y prestigio a la máxima representación de justicia de este país, que el supremo nos acoja de no caer en su dominios, a excepción, claro, que seas extranjero.
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