Existe un viejo principio jurídico que reza: Mientras el ciudadano común puede hacer todo aquello que no esté prohibido, la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite.

 

Esto significa que para que haya mole de guajolotes debe haber, antes que nada, un guajolote, o dicho de otra manera; para que haya taxímetros debe haber antes un reglamento que expresamente los establezca, una autoridad administrativa que se encargue de aplicar ese reglamento, pero antes un órgano legislativo que lo instituya, y por último los destinatarios de esta norma que son los taxistas a quien se imponga la obligación de dotar sus unidades del adminículo que mida el tiempo de la corrida.

 

No se diga nada de los usuarios de taxi que tienen la opción de caminar y no subirse al vehículo que vaya dotado del aparatejo.

 

Para mi gusto, el primer problema que tienen que resolver es, ¿qué autoridad tiene la competencia para conocer de los asuntos relacionados con los taxímetros?, no podemos olvidar que se trata de un trasporte público que por disposición legal es de injerencia estatal. Lo anterior se menciona tanto en la Ley de Trasporte como en los reglamentos que derivan de ella.

 

Tal parece que como tantas otras cosas, hubo por ahí un arreglo entre empresas particulares que venden los taxímetros y quien pretende ponerlos a funcionar “ad chalecum”, mediante un acuerdo que reportará ganancias a alguien que tampoco se ha dicho.

 

Solamente pongamos atención a unos comentarios noticiosos:

 

“El regidor Octavo del Ayuntamiento de Xalapa, Omar Miranda Romero señaló que la implementación de los programas del taxímetro y el “Hoy no circula” en la capital del estado, se han convertido en un asunto mediático de la Dirección de Transporte.” (El comentario es de una destacada periodista.)

 

Recordemos que el pivote del asunto es de competencia estatal, así que no hay más que agregar.

 

Sin embargo hubo otra mención en los medios, atribuida al Diputado Tomás Montoya Preyra, quien atinadamente observó: “No existe en el Reglamento de Tránsito ni en la Ley del Transporte algo que impida la introducción de taxímetros a las unidades que presta el servicio de traslado de personas en Xalapa,” Lo que hay que leer entre líneas en esta afirmación, es precisamente que al no existir disposición alguna en la Lay del Trasporte ni en el Reglamento de Tránsito, tampoco existe razón jurídica alguna para imponer el uso de taxímetros, mucho menos cuando la imposición proviene de una empresa privada, cuyo nombre no se ha dado a conocer.

 

Montoya Pereyra explicó a los medios que lo entrevistaron en su oportunidad, que mientras no se lleven a cabo modificaciones en la Ley de Transporte o en los reglamentos, en el Congreso no habrá ninguna facultad para intervenir en este asunto, ya que ni siquiera se tiene la potestad para establecer las tarifas del transporte de pasajeros.

 

Disiento de la opinión, es precisamente el Congreso el único facultado para hacer las modificaciones a la ley y sus reglamentos, para establecer institucionalmente el uso de taxímetros; pues de lo contrario las empresas particulares van a empezar a imponer leyes o a fabricarlas exprofeso, como ya ocurrió una ocasión con la concesión mañosa de las grúas.

 

Si la prueba que pretende arrancar, es de esas que llaman piloto, nadie está obligado a acatarla porque no es obligatoria; cualidad que solamente adquiere una vez que se ha promulgado y publicado en la Gaceta Oficial; de lo contrario solo será un negocio caprichoso de quienes pretenden meterse unos pesos a la bolsa fregando al prójimo.

 

Si el negocio les sale bien, me propongo yo, hacer uno bien lucrativo que es inventar un pendejometro y sancionar al que no se lo cuelgue del cuello como escapulario. Clientes van a sobrar.