La sociedad ha perdido la confianza en sus gobernantes en lo que se refiere al manejo de los recursos públicos. Esta falta de confianza es un factor de orden político - cultural fuertemente arraigado y se explica en tres sentidos:

• Primero, como comportamiento cultural, se cree que todos los funcionarios públicos son corruptos.
• Segundo, es una práctica cotidiana, culturalmente establecida, el que los funcionarios incurran en actos de corrupción (a todos los niveles y en diversas modalidades).
• Tercero, culturalmente la corrupción no es reprobada socialmente como lo que es: una violación a los principios sociales de la honestidad y honradez. Se puede decir, que es tal la costumbre de la corrupción, que culturalmente la sociedad se ha acoplado a ella, de modo que es tolerada y en muchos casos hasta alentada como lo expresa el sentir popular con la famosa frase: “el que no transa, no avanza”


La falta de confianza en los gobernantes y en las instituciones es un problema de orden social y tiene su origen en el uso ilegal de los recursos públicos. Grandes cantidades de dinero de la sociedad han servido para enriquecer a múltiples funcionarios públicos. Y, lo que es más grave, casi ninguno de ellos ha pagado con cárcel su delito o ha devuelto lo que se robó.

La falta de claridad en el manejo de estos recursos, la incertidumbre respecto al destino que tendrán, alimentada por el convencimiento social de que no hay funcionario honesto, provoca que los contribuyentes muestren una alta aversión a las cargas fiscales.

Es claro que los ciudadanos tienen razón. El comportamiento de los funcionarios públicos (no todos, pero si muchos) ha propiciado la ruptura del “contrato social” que se haya detrás del sistema impositivo. Mediante este contrato la sociedad acepta financiar el gasto público, a través del pago de los impuestos. El gobierno cobra esos impuestos cumpliendo, como autoridad, con el mandato de la sociedad de recolectar estos recursos con el fin de utilizarlos en el mejoramiento del bienestar colectivo.


Los impuestos, se cobran y se pagan porque existe un contrato que se materializa en las leyes y reglamentos fiscales. Pero ese contrato implica un compromiso social entre gobierno y sociedad. Ambos deben cumplir con las responsabilidades que les corresponden. Si el gobierno cobra los impuestos pero no usa los recursos recaudados para fines colectivos, sino particulares, está faltando a su compromiso social y está quebrantando el contrato que da origen a la posibilidad de cobrar impuestos. Un gobierno que no aplica adecuadamente los recursos públicos, un gobierno con funcionarios corruptos, no está moralmente facultado para cobrar impuestos. Mientras no corrija esa anomalía no puede exigir a los contribuyentes los pagos correspondientes y mucho menos usar, para tal fin, métodos coactivos.

Entonces, para recuperar la contribución de los ciudadanos al financiamiento del gasto público, es necesario restablecer el contrato social que la corrupción ha quebrantado. Ello implica la necesidad de erradicar por completo (o por lo menos de manera muy notoria) la corrupción. Esto deberá hacerse con tal profundidad, que los esquemas culturales arriba mencionados se rompan. De esta manera se recuperará la confianza social en los gobernantes y en las instituciones y la corrupción dejará de ser vista como algo natural y socialmente tolerado. Es decir, la corrupción y la desconfianza, dejarán de ser valores culturales de nuestra sociedad. Este es un camino para lograr que los contribuyentes estén dispuestos a pagar, solidariamente, sus impuestos.

Así pues, el problema de fijar las contribuciones es muy complejo, sin embargo, erradicar la corrupción es trascendental para modificar los comportamientos de quienes se oponen al pago de impuestos. En todo caso, no será por la fuerza ni el terror lo que hará que los mexicanos se vuelvan contribuyentes cumplidos o ciudadanos solidarios que acepten pagar más impuestos. No, a fin de cuentas se trata de una cuestión de confianza social.


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