2 de abril de 2013
alcalorpolitico.com
Si algo parece caracterizar hasta ahora al presidente Enrique Peña Nieto es su estilo reposado y cauteloso de ejercer el poder.
El mandatario mexicano, según se viene viendo, no es proclive a tomar decisiones precipitadas, apresuradas.
Ahí están, por ejemplo, los nombramientos aparentemente tardíos en el DIF nacional –donde hasta enero de este año asumió la dirección general Laura Vargas Carrillo, esposa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– y en el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en el que hasta el momento no se ha designado al nuevo titular pese a que dejó de ser organismo autónomo y ahora depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Y ese mismo “timing” le ha aplicado también el mexiquense a las reformas en materia de telecomunicaciones, energética y fiscal que todavía se siguen procesando después de haber sacado la educativa.
Precisamente a esta última reforma constitucional se atribuyó el sorpresivo proceso penal abierto contra la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Y es que a pesar de que el Presidente y su procurador Jesús Murillo Karam afirmaron que este proceso legal iniciado “en contra de diversas personas” era resultado de una investigación que hacía presumible la comisión de diversos delitos del fuero federal, y que la actuación de la PGR se realizaba en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros, la aprehensión de la ex dirigente del SNTE se interpretó como un acto autoritario del gobierno de Peña por el manifiesto rechazo de Gordillo a determinados puntos de la reforma educativa.
No faltaron quienes cuestionaron por qué no se procedía también contra otros líderes sindicales señalados públicamente de corruptos y protegidos por el PRI, como por ejemplo el petrolero Carlos Romero Deschamps o el ferrocarrilero Víctor Flores Morales.
Sin embargo, gobernadores priistas como el del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, afirmaron que la aprehensión de la ex dirigente magisterial era “un mensaje en contra de quien violente la ley o se le haya señalado como presunto responsable de un acto ilícito”.
Lo cierto es que la aprehensión de Gordillo no ha sido el único caso reportado por la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría General de la República. En los primeros cien días de la administración del presidente Peña la PGR apretó también los cobros contra grandes evasores fiscales.
Tan sólo del 1 de diciembre al 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda denunció ante la PGR al menos 150 casos de defraudación fiscal contra grandes contribuyentes.
Entre éstos figuran un equipo de futbol de Primera División, constructoras, textileras, despachos de outsourcing, aerolíneas y hasta un ex dirigente sindical.
La dependencia considera grandes contribuyentes a instituciones de crédito, sociedades mercantiles y personas morales con ingresos iguales o mayores a 500 millones de pesos al año.
Sólo en los primeros tres meses y medio del actual sexenio se presentó prácticamente la mitad de las 316 querellas que el gobierno anterior interpuso ante la PGR entre enero y noviembre de 2012. En esta nueva administración, el promedio de denuncias por evasión es de 45 al mes, lo que supera por mucho el del año pasado, de 28.7.
Una de las querellas más importantes hechas por la Secretaría de Hacienda y registrada este mes, es contra la empresa Showmex, que maneja el club Jaguares de Chiapas, de la Liga MX. Al consejo de administración se le acusa de defraudar al fisco por un monto de 5 millones 722 mil 925 pesos.
En tanto, a Manuel Borja Chico y Jorge Eduardo Gámez Martínez, presidente y apoderado legal de Mexicana de Aviación, respectivamente, se les atribuye dejar de pagar impuestos por 12 millones 857 mil 326 pesos.
Hacienda también va contra José Luis Palma, ex secretario general del Sindicato Industrial de Transportistas Blas Chumacero Sánchez, a quien le imputa una evasión de 5 millones 855 mil 85 pesos cuando era líder gremial.
En diciembre de 2012, una de las primeras indagatorias de la nueva administración de la PGR, por denuncia de la SHCP, fue contra la textilera Comercial Waco, que ha sido relacionada con los hermanos Juan Marcos Villarreal, investigados también por lavado de dinero.
En particular, se denunció a Jorge Alberto Mena Salas en su calidad de accionista mayoritario y administrador único de la empresa por una evasión de 39 millones 305 mil 382 pesos. Contra el administrador único de Rotoplas Recursos Humanos, Carlos Rojas Mota Velasco, la SHCP se querelló por un monto de 2 millones 156 mil 480 pesos.
Así, pues, “Lolita” –ese popular personaje que hace varios sexenios utilizó en sus promocionales de radio y televisión la Secretaría de Hacienda para advertir a los contribuyentes que cumplieran puntualmente con sus obligaciones fiscales y se evitaran dolores de cabeza por los requerimientos legales– está de regreso.
CUEVA DE ALÍ BABA
A finales de septiembre de 2012 Mario Villegas Rivadeneyra fue destituido sorpresivamente en la Dirección General de Transporte Público del estado para designar en su lugar a Oscar Guzmán de Paz, un médico veterinario zootecnista cuyo principal mérito, al parecer, es ser hermano de Eddy y Rocío Guzmán de Paz, alcalde y diputada local de Pánuco, respectivamente.
La designación de este veterinario egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se dio después de la elección federal de julio de 2012, en la que coincidentemente todos los candidatos del PRI ganaron los comicios en ese complicado distrito electoral donde le tocó operar al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, actual jefe de Oscar Guzmán.
Pero a final de cuentas el problema no son las componendas sino los resultados que estaría obligado a dar el beneficiario de éstas.
Buganza haría bien en emular al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y subirse de vez en cuando a un taxi para preguntarle al conductor cuánto es lo que tuvo que soltar en la revista vehicular aunque su automóvil y los papeles de su concesión estuvieran en regla.
Y es que en la sola región de Xalapa circulan alrededor de 8 mil vehículos de alquiler. Aparte los autobuses del servicio de transporte urbano.
¡Con razón dejó de curar perros!
El mandatario mexicano, según se viene viendo, no es proclive a tomar decisiones precipitadas, apresuradas.
Ahí están, por ejemplo, los nombramientos aparentemente tardíos en el DIF nacional –donde hasta enero de este año asumió la dirección general Laura Vargas Carrillo, esposa del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– y en el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en el que hasta el momento no se ha designado al nuevo titular pese a que dejó de ser organismo autónomo y ahora depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Y ese mismo “timing” le ha aplicado también el mexiquense a las reformas en materia de telecomunicaciones, energética y fiscal que todavía se siguen procesando después de haber sacado la educativa.
Precisamente a esta última reforma constitucional se atribuyó el sorpresivo proceso penal abierto contra la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Y es que a pesar de que el Presidente y su procurador Jesús Murillo Karam afirmaron que este proceso legal iniciado “en contra de diversas personas” era resultado de una investigación que hacía presumible la comisión de diversos delitos del fuero federal, y que la actuación de la PGR se realizaba en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros, la aprehensión de la ex dirigente del SNTE se interpretó como un acto autoritario del gobierno de Peña por el manifiesto rechazo de Gordillo a determinados puntos de la reforma educativa.
No faltaron quienes cuestionaron por qué no se procedía también contra otros líderes sindicales señalados públicamente de corruptos y protegidos por el PRI, como por ejemplo el petrolero Carlos Romero Deschamps o el ferrocarrilero Víctor Flores Morales.
Sin embargo, gobernadores priistas como el del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, afirmaron que la aprehensión de la ex dirigente magisterial era “un mensaje en contra de quien violente la ley o se le haya señalado como presunto responsable de un acto ilícito”.
Lo cierto es que la aprehensión de Gordillo no ha sido el único caso reportado por la Secretaría de Hacienda a la Procuraduría General de la República. En los primeros cien días de la administración del presidente Peña la PGR apretó también los cobros contra grandes evasores fiscales.
Tan sólo del 1 de diciembre al 15 de marzo, la Secretaría de Hacienda denunció ante la PGR al menos 150 casos de defraudación fiscal contra grandes contribuyentes.
Entre éstos figuran un equipo de futbol de Primera División, constructoras, textileras, despachos de outsourcing, aerolíneas y hasta un ex dirigente sindical.
La dependencia considera grandes contribuyentes a instituciones de crédito, sociedades mercantiles y personas morales con ingresos iguales o mayores a 500 millones de pesos al año.
Sólo en los primeros tres meses y medio del actual sexenio se presentó prácticamente la mitad de las 316 querellas que el gobierno anterior interpuso ante la PGR entre enero y noviembre de 2012. En esta nueva administración, el promedio de denuncias por evasión es de 45 al mes, lo que supera por mucho el del año pasado, de 28.7.
Una de las querellas más importantes hechas por la Secretaría de Hacienda y registrada este mes, es contra la empresa Showmex, que maneja el club Jaguares de Chiapas, de la Liga MX. Al consejo de administración se le acusa de defraudar al fisco por un monto de 5 millones 722 mil 925 pesos.
En tanto, a Manuel Borja Chico y Jorge Eduardo Gámez Martínez, presidente y apoderado legal de Mexicana de Aviación, respectivamente, se les atribuye dejar de pagar impuestos por 12 millones 857 mil 326 pesos.
Hacienda también va contra José Luis Palma, ex secretario general del Sindicato Industrial de Transportistas Blas Chumacero Sánchez, a quien le imputa una evasión de 5 millones 855 mil 85 pesos cuando era líder gremial.
En diciembre de 2012, una de las primeras indagatorias de la nueva administración de la PGR, por denuncia de la SHCP, fue contra la textilera Comercial Waco, que ha sido relacionada con los hermanos Juan Marcos Villarreal, investigados también por lavado de dinero.
En particular, se denunció a Jorge Alberto Mena Salas en su calidad de accionista mayoritario y administrador único de la empresa por una evasión de 39 millones 305 mil 382 pesos. Contra el administrador único de Rotoplas Recursos Humanos, Carlos Rojas Mota Velasco, la SHCP se querelló por un monto de 2 millones 156 mil 480 pesos.
Así, pues, “Lolita” –ese popular personaje que hace varios sexenios utilizó en sus promocionales de radio y televisión la Secretaría de Hacienda para advertir a los contribuyentes que cumplieran puntualmente con sus obligaciones fiscales y se evitaran dolores de cabeza por los requerimientos legales– está de regreso.
CUEVA DE ALÍ BABA
A finales de septiembre de 2012 Mario Villegas Rivadeneyra fue destituido sorpresivamente en la Dirección General de Transporte Público del estado para designar en su lugar a Oscar Guzmán de Paz, un médico veterinario zootecnista cuyo principal mérito, al parecer, es ser hermano de Eddy y Rocío Guzmán de Paz, alcalde y diputada local de Pánuco, respectivamente.
La designación de este veterinario egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas se dio después de la elección federal de julio de 2012, en la que coincidentemente todos los candidatos del PRI ganaron los comicios en ese complicado distrito electoral donde le tocó operar al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, actual jefe de Oscar Guzmán.
Pero a final de cuentas el problema no son las componendas sino los resultados que estaría obligado a dar el beneficiario de éstas.
Buganza haría bien en emular al ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y subirse de vez en cuando a un taxi para preguntarle al conductor cuánto es lo que tuvo que soltar en la revista vehicular aunque su automóvil y los papeles de su concesión estuvieran en regla.
Y es que en la sola región de Xalapa circulan alrededor de 8 mil vehículos de alquiler. Aparte los autobuses del servicio de transporte urbano.
¡Con razón dejó de curar perros!