3 de abril de 2013
alcalorpolitico.com
Para nadie es un secreto que la ciudad de México es un conglomerado tan complejo como fascinante. Lo que sí resulta sorprendente es un enfoque francamente novedoso sobre el desafío cotidiano de trasladarnos de un lado a otro en este convulsionado hormiguero.
Pues de eso trata el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal, elaborado por la CDHDF, que preside Luis González Placencia. Del informe se desprenden algunos datos sobre la dimensión de esta gigantesca problemática: en torno a esta capital se aglomeran 60 municipios conurbados del Estado de México que conforman una descomunal zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes; tan sólo en las calles y avenidas de la capital se mueven o intentan moverse 4 millones de vehículos cada día; de cada 100 son particulares, sólo 20 son transportes públicos. Pero, en sentido contrario, se invierten casi totalmente las proporciones: 75 de cada 100 capitalinos se trasladan en transporte públicos y sólo 25 en vehículos particulares, en su gran mayoría con una o si acaso dos personas a bordo.
Diariamente se realizan 21 millones de viajes. El problema es que casi todos queremos trasladarnos al mismo tiempo; 7 millones de ellos transcurren entre las seis y las nueve de la mañana. En un día laboral, el Metro desplaza 5 millones de personas; si sumamos el trolebús y el RTP añadimos apenas 500 mil. El problema es el transporte público concesionado masivo: en este rubro el Metrobús conserva un nivel competitivo de operación con casi 800 mil usuarios por día; pero la gran rémora siguen siendo los microbuses, que trasladan todavía a 15 millones de usuarios que cada día se juegan así el pellejo para llegar a sus trabajos o escuelas. Y al alud de quejas ciudadanas contras los abusos y no pocos crímenes imprudenciales, hay que añadir el incremento de la delincuencia a bordo, con la complacencia y complicidad de los matarifes mal llamados choferes, que son explotados por los pocos pero poderosos pulpos microbuseros. Ninguno de los cuales ha sido llamado a cuentas por la autoridad; por el contrario, el gobierno del impredecible Miguel Mancera los premió con el aumento de un peso en la tarifa.
Por ello y más, contrasta el estudio de la CDHDF —motivado por el vergonzante negocio de los microbuses— en el que establece para empezar una reflexión, más que estadística, profundamente humana: en promedio, los capitalinos pasamos más de 16 horas a la semana en el transporte público; más de tres de cada día laborable; y si le restamos las horas de sueño, un día completo por semana. Y conste que no se trata de algo anecdótico sino de un nuevo enfoque que plantea el derecho humano a la movilidad, como intrínsecamente relacionado con una serie de derechos que son de la mayor importancia: el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad y el derecho a la vida. Ni más ni menos.
Otra novedad sustancial es la diferencia entre transporte y movilidad: el primero referido a los vehículos necesarios para trasladar a las personas; la segunda, considerando como eje a los seres humanos que tienen necesidad de moverse de un lugar a otro para su supervivencia o esparcimiento. Un concepto que por cierto ha sido retomado por el gobierno capitalino actual en la propia denominación de la nueva Secretaría de Transporte y Movilidad, pero que no se ha traducido en los hechos. Porque lo cierto es que ocho de cada 10 usuarios del transporte público viajan todos los días insatisfechos o sintiéndose en peligro: yo tengo derecho a moverme, pero también tengo derecho a preservar mi integridad y mi vida para ejercer mi derecho al trabajo o al estudio, a mi familia, a mis aficiones, a mis amigos, a mi música y a mi salud.
Algo que hasta ahora parecen no entender nuestras autoridades citadinas: no hablamos sólo de un problema urbanístico de traslados, sino de conceptos civilizatorios contenidos en este informe. Por cierto, sé de varios que tendrían que darle una leidita.
@RicardoRocha_MX
[email protected]
Periodista
Pues de eso trata el Informe Especial sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal, elaborado por la CDHDF, que preside Luis González Placencia. Del informe se desprenden algunos datos sobre la dimensión de esta gigantesca problemática: en torno a esta capital se aglomeran 60 municipios conurbados del Estado de México que conforman una descomunal zona metropolitana con más de 20 millones de habitantes; tan sólo en las calles y avenidas de la capital se mueven o intentan moverse 4 millones de vehículos cada día; de cada 100 son particulares, sólo 20 son transportes públicos. Pero, en sentido contrario, se invierten casi totalmente las proporciones: 75 de cada 100 capitalinos se trasladan en transporte públicos y sólo 25 en vehículos particulares, en su gran mayoría con una o si acaso dos personas a bordo.
Diariamente se realizan 21 millones de viajes. El problema es que casi todos queremos trasladarnos al mismo tiempo; 7 millones de ellos transcurren entre las seis y las nueve de la mañana. En un día laboral, el Metro desplaza 5 millones de personas; si sumamos el trolebús y el RTP añadimos apenas 500 mil. El problema es el transporte público concesionado masivo: en este rubro el Metrobús conserva un nivel competitivo de operación con casi 800 mil usuarios por día; pero la gran rémora siguen siendo los microbuses, que trasladan todavía a 15 millones de usuarios que cada día se juegan así el pellejo para llegar a sus trabajos o escuelas. Y al alud de quejas ciudadanas contras los abusos y no pocos crímenes imprudenciales, hay que añadir el incremento de la delincuencia a bordo, con la complacencia y complicidad de los matarifes mal llamados choferes, que son explotados por los pocos pero poderosos pulpos microbuseros. Ninguno de los cuales ha sido llamado a cuentas por la autoridad; por el contrario, el gobierno del impredecible Miguel Mancera los premió con el aumento de un peso en la tarifa.
Por ello y más, contrasta el estudio de la CDHDF —motivado por el vergonzante negocio de los microbuses— en el que establece para empezar una reflexión, más que estadística, profundamente humana: en promedio, los capitalinos pasamos más de 16 horas a la semana en el transporte público; más de tres de cada día laborable; y si le restamos las horas de sueño, un día completo por semana. Y conste que no se trata de algo anecdótico sino de un nuevo enfoque que plantea el derecho humano a la movilidad, como intrínsecamente relacionado con una serie de derechos que son de la mayor importancia: el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad y el derecho a la vida. Ni más ni menos.
Otra novedad sustancial es la diferencia entre transporte y movilidad: el primero referido a los vehículos necesarios para trasladar a las personas; la segunda, considerando como eje a los seres humanos que tienen necesidad de moverse de un lugar a otro para su supervivencia o esparcimiento. Un concepto que por cierto ha sido retomado por el gobierno capitalino actual en la propia denominación de la nueva Secretaría de Transporte y Movilidad, pero que no se ha traducido en los hechos. Porque lo cierto es que ocho de cada 10 usuarios del transporte público viajan todos los días insatisfechos o sintiéndose en peligro: yo tengo derecho a moverme, pero también tengo derecho a preservar mi integridad y mi vida para ejercer mi derecho al trabajo o al estudio, a mi familia, a mis aficiones, a mis amigos, a mi música y a mi salud.
Algo que hasta ahora parecen no entender nuestras autoridades citadinas: no hablamos sólo de un problema urbanístico de traslados, sino de conceptos civilizatorios contenidos en este informe. Por cierto, sé de varios que tendrían que darle una leidita.
@RicardoRocha_MX
[email protected]
Periodista