Decir que en Veracruz el ejercicio del periodismo es mucho más riesgoso aún que en Irak es francamente un mito genial.

 

Si esto fuera realmente así, Veracruz no sería el estado con el mayor número de publicaciones impresas y digitales. Aquí, en lugar de desaparecer cada vez surgen nuevas ediciones periodísticas. En Xalapa, por ejemplo, está por iniciar actividades un nuevo diario perteneciente a una empresa editora del norte de la entidad, y en el puerto jarocho “El Heraldo”, de la familia Sánchez Macías, acaba de abrir una edición local.

 

En internet, además, sigue el boom de portales informativos cuyos pioneros surgieron en la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco (1998-2004) y luego proliferaron en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010).

 

Muchos de ellos se siguen sosteniendo sin subsidio oficial, desmintiendo así el estigma represor que sus malquerientes le han querido endilgar al gobernador Javier Duarte de Ochoa, pues en la mayoría de los casos diariamente se vierten fuertes comentarios en contra del mandatario estatal y sus colaboradores; críticas que algunas veces rebasan la más elemental ética periodística y cruzan la delgada línea de la injuria y la difamación.

 

En Veracruz, obviamente, no estamos exentos de la inseguridad que sigue flagelando a buena parte de la República Mexicana; pero en nuestro estado nos hemos alejado de las situaciones de violencia extrema que hasta el año pasado hicieron crisis y que actualmente aquejan a otras entidades vecinas y regiones del país.

 

En Tamaulipas, por ejemplo, el administrador anónimo de las cuentas de Twitter y Facebook de “Valor por Tamaulipas”, que reportaban las situaciones de riesgo que viven los tamaulipecos, anunció anteayer el cierre definitivo de éstas, pues dice que el crimen organizado “le ganó la batalla” a él y a su familia.

 

En un mensaje de 12 párrafos publicado en la página de Facebook “Valor por Tamaulipas”, misma que tenía hasta el pasado lunes 214 mil 540 “me gusta” y que había sido suspendida el 1 de abril, el administrador explicó sus motivos.

 

“El CO (crimen organizado) en mi caso específico sí ganó una batalla, pero me la ganó a mí no a la sociedad”, señala el texto.

 

“Me ganó a mí y a mi familia, sin embargo no le ganó a las 200,000 personas que confiaron y los miles que hicieron colaboraciones a pesar del temor”.

 

En enero, en varios municipios de Tamaulipas, fueron repartidos volantes en los que se ofrecía hasta 600 mil pesos a quien revelara información sobre el administrador de las cuentas de Twitter y Facebook que diariamente reportaba situaciones de riesgo, la mayoría no informadas por el Gobierno del Estado, como secuestros, balaceras y movimientos de personas armadas.

 

Los volantes decían textualmente así:

 

“600, 000 mil pesos, para el que aporte datos exactos del dueño de la pagina (sic) de Valor por Tamaulipas o en su caso familiares directos ya sean papás, hermanos, hijos o esposa.

 

“Esto es solo libre expresión pero a cambio de eso un buen dinero por callarle el hocico a culeros panochones como estos pendejos que se creen héroes.

 

“Absténganse de hacer mamadas aprecien la vida de sus seres queridos, la información será confidencial y con la certeza de que el dinero, si la información es correcta se entregará a la persona que aporte los datos exactos del héroe panochón Tamaulipeco o familiares (sic)”.

 

En Veracruz, cierto es, nueve periodistas fueron asesinados entre 2011 y 2012; crímenes que –salvo dos– la Procuraduría General de Justicia del Estado asegura haber esclarecido.

 

Coincidentemente, después del cambio de gobierno federal, no se ha vuelto a registrar en Veracruz otro atentado criminal contra ningún comunicador local.

 

Sin embargo, esa lamentable situación obligó al gobernador Javier Duarte de Ochoa a proponer a la LXII Legislatura del estado una reforma constitucional para crear un órgano autónomo encargado de atender y proteger a los periodistas veracruzanos, que hasta el momento es el único en su género en todo el país.

 

Así fue como se instituyó a finales del año pasado la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, motivo por el cual este martes 2, en Boca del Río, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos A.C. le entregó públicamente un “reconocimiento” –que no “premio”, como maliciosamente lo han desinformado sus detractores– al jefe del Ejecutivo del estado.

 

No se trata, por supuesto, de echar las campanas al vuelo y presumir que en Veracruz no pasa absolutamente nada, pues en los últimos días se han registrado algunas agresiones por agentes de tránsito y policías estatales que han obstaculizado la labor de algunos reporteros y fotógrafos de prensa, pero tampoco es para rasgarse las vestiduras y proferir que en nuestra entidad no existen condiciones para ejercer el oficio periodístico y la plena libertad de expresión.

 

Tal vez valga la pena analizar minuciosa y objetivamente por qué los nueve crímenes de periodistas caídos en Veracruz coincidieron con las coyunturas de los relevos gubernamentales en el estado y la Federación, así como también delimitar la responsabilidad de las propias empresas periodísticas para las que trabajaban algunos de los comunicadores asesinados, pues en la entidad existen editores y hasta concesionarios radiofónicos millonarios que pagan salarios de hambre, lo que obviamente vulnera a sus reporteros, fotógrafos y comentaristas que son presionados para hacer tratos personales y extraperiodísticos a veces con políticos corruptos… o con personeros y publirrelacionistas al servicio de la delincuencia organizada.

 

Para llegar al fondo de la verdad será necesario quitar muchas máscaras.

 

 

Ayer, por cierto, el Juzgado Tercero de Primera Instancia del distrito judicial de Xalapa notificó la sentencia de 38 años y dos meses de prisión dictada en contra de Jorge Antonio Hernández Silva, (a) “El Silva”, considerándolo penalmente responsable como copartícipe de la comisión de los delitos de homicidio calificado y robo agravado cometido en agravio de la periodista Regina Martínez Pérez, ocurrido el 27 de abril de 2012, cuyos hechos fueron denunciados por sus hermanos Ángel Alfonso y Emilio Vicente Martínez Pérez.

 

Asimismo, el Juzgado determinó imponer una sanción económica de 17 mil 724 pesos y el pago de la reparación del daño por 81 mil 473.20, por ambos delitos.

 

Por su parte, la directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Consuelo Lagunas Jiménez, dijo que con el esclarecimiento del asesinato de la corresponsal de la revista “Proceso” y la condena del homicida Hernández Silva se demuestra el cumplimiento de la ley en Veracruz.

 

La funcionaria dijo que la sentencia condenatoria es muestra del trabajo profesional y responsable de la PGJE en la investigación para el esclarecimiento de este homicidio; “la prioridad de la institución es abatir la impunidad, y esta es la batalla que todos los días estamos dando”.

 

Lagunas Jiménez, quien estuvo a cargo del seguimiento de las investigaciones del caso, señaló que los lamentables acontecimientos en donde perdiera la vida Regina Martínez quedaron asentados en la investigación ministerial 019/2012/PC, en la que trabajó un grupo especial de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) y un fiscal especial para la indagatoria, inscrito a la Dirección General de Investigaciones Ministeriales.

 

Comentó que la indagatoria se consignó del 27 de abril al 31 de octubre de 2012, con uno de los copartícipes, Jorge Antonio Hernández Silva, y se ejerció acción penal contra él.

 

Añadió que todas las pruebas en contra del acusado están fortalecidas con la ratificación de los testimonios que se emitieron dentro de la investigación ministerial, “y todas las declaraciones videograbadas, tanto de ‘El Silva’ como de los testigos de cargo, para soportar que se realizaran con todas las exigencias procesales y con respeto irrestricto a los derechos humanos”.

 

“La sentencia cumple en estricto sentido con los lineamientos procesales, de acuerdo con el material de prueba aportado en actuaciones. La sentencia condenatoria responde al cúmulo de probanzas aportadas por el órgano acusador y es una muestra del trabajo que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz realiza para combatir los delitos y la impunidad”, concluyó.

 

 

Desde este espacio periodístico nos solidarizamos con el dolor que agobia a la familia de nuestro amigo César Aldán Portugal por la irreparable pérdida de su señora madre Vicenta Portugal García, quien falleció en esta ciudad capital el pasado lunes 8.

 

El cuerpo de la señora Portugal fue velado anoche en la Funeraria Naval de la ciudad de Veracruz, y este miércoles, por la tarde, será sepultado en el antiguo cementerio municipal del puerto de Alvarado.