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Columnas y artículos de opinión
Al Pie de la Letra
Colorado
Raymundo Jiménez
15 de abril de 2013
alcalorpolitico.com
Este lunes 15, en Austin, Texas, una corte federal norteamericana iniciará un juicio por lavado de dinero cuyo desenlace muy posiblemente repercutirá en las aspiraciones de importantes actores políticos de Veracruz.
 
Se trata del juicio contra José Treviño Morales, hermano de los líderes del cártel de Los Zetas, y contra el empresario veracruzano Francisco Antonio Colorado Cessa, acusados en mayo de 2012 por lavar millones de dólares del narcotráfico mediante la compra y venta de caballos de carreras en Estados Unidos.
 
Este fin de semana, el Departamento de Justicia informó a la Corte que buscará que, además de la pena de prisión, se condene a los acusados al pago de 60 millones de dólares.
 

El juez Sam Sparks, encargado del proceso, rechazó cuatro peticiones del abogado de Treviño para aplazar el juicio con el argumento de que a partir de agosto de 2012 la Fiscalía ha entregado más de 93 mil páginas de documentos probatorios, así como cientos de horas de audios y videos, cuya revisión ha resultado imposible para la defensa.
 
El juez señaló que la agenda de la Corte está saturada y resulta imposible encontrar una nueva fecha para este juicio, que además de Colorado y Treviño involucra a otros tres acusados, quienes tienen sus propios abogados con distintas agendas.
 
Hace cuatro días, David Finn, abogado de Treviño, presentó su cuarta solicitud de aplazamiento que fue rechazada por el juez este viernes 12. La petición fue acompañada por la declaración de un experto en informática, Marlo P. Caddedu, quien afirmó que se requieren 19 semanas de 40 horas de trabajo para revisar toda la evidencia documental.
 

“Una enorme cantidad de tiempo y dinero se ha dedicado a la preparación de este juicio, debido a la excesiva publicidad sobre actividades de Los Zetas, tanto en México como en Estados Unidos”, afirmó Sparks, quien al rechazar la última petición de aplazamiento, estimó que el juicio tomará al menos tres semanas.
 
El caso de Treviño Morales es el más complicado ya que de los 19 acusados originales –de los cuales cuatro siguen prófugos–, diez negociaron con la fiscalía para declararse culpables, entre ellos su esposa e hija, quienes están libres bajo fianza y no serán sometidas al juicio ante un jurado.
 
El 29 de marzo la esposa, Zulema Treviño, y la hija, Alexandra, comparecieron ante el juez para notificar dicho acuerdo, por lo que sólo está pendiente la audiencia en la que se les sentenciará.
 

Por su parte, la defensa de Pancho Colorado, a cargo del litigante Mike DeGeurin, habría decidido centrar su objetivo en este juicio en tratar de convencer al jurado de que el involucramiento del empresario veracruzano fue accidental, derivado de su gran afición por las carreras de caballos cuarto de milla y la compra constante de equinos en ambos países.
 
Colorado Cessa, quien se entregó voluntariamente en Austin, Texas, el 12 de junio de 2012, fue acusado por comprar en 2009 dos caballos que terminaron como propiedad de José Treviño Morales, así como por 23 caballos adquiridos por operadores de Los Zetas en 2010 por 2.2 millones de dólares, que fueron registrados a nombre de Colorado Cessa.
 
Sin embargo, en México, la situación legal del contratista de PEMEX preso en Estados Unidos también se agravó luego de que la semana antepasada la Procuraduría General de la República (PGR) le aseguró un gimnasio, una casa y un hotel en Veracruz.
 

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) notificó al empresario que sus bienes fueron intervenidos con base en la averiguación previa UEIDCS/141/2012, iniciada por el delito de lavado de dinero.
 
“Esta Representación Social de la Federación (PGR) decreta el aseguramiento..., por considerarlo producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
 
“Lo anterior, con el objeto de evitar que los bienes asegurados se alteren, destruyan o desaparezcan, y preservarlos para garantizar su eventual decomiso o abandono, en su caso, quedando los mismos a disposición de esta representación”, señala la notificación del fiscal federal José Antonio Ambriz Muñoz, publicada en los estrados de la SEIDO.
 

Según los documentos, a Pancho Colorado le fue asegurado el Hotel Isla Tajín Beach and River Resort y el inmueble donde se ubica, en el kilómetro 4.5 en la Playa Norte a Barra Galindo, en la Colonia Isla Barra de Galindo, en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Los otros bienes intervenidos son el gimnasio Tai Gym-Spa, tanto la empresa como el inmueble donde se ubica en Avenida José Adem Chaín 64, Fraccionamiento Jardines, y una casa en Calle Río Tonalá 3, Fraccionamiento Jardines, ambos en Tuxpan.
 
El hotel había sido asegurado desde el 2 de agosto de 2012, pero la SEIDO dejó insubsistente la medida cautelar y volvió a dictar una nueva el pasado martes 2 de abril. De hecho, una notificación del aseguramiento del hotel está dirigida a Jaime Ulises Caballero Salas, referido en la prensa local como el propietario del negocio.
 
ESCÁNDALO EN PUERTA
 

¿Le suena el nombre de Miguel Morales Robles? Es posible que ya no lo recuerde, pero de seguro los detractores del gobierno estatal no tardarán en sacarlo a relucir si finalmente se consuma su designación como candidato del PRI a la presidencia municipal de Juchique de Ferrer.
 
Y es que Morales Robles es uno de los dos supuestos empleados del gobierno de Veracruz que a finales de enero de 2012 fue detenido por la policía federal en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, portando en sendas maletas 25 millones de pesos en efectivo.
 
Pero según declaró en su momento Juan Molinar Horcasitas, a la sazón secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN, Morales Robles no aparecía “como servidor público en ninguno de los directorios del estado”.
 

Ahora Morales estaría por abanderar al partido tricolor en la elección municipal de Juchique de Ferrer, donde el priismo cuenta con otros siete aspirantes que no tienen tanta cola que les pisen: Ernesto Cuevas Hernández, Secundino Ruiz, Heidi Castillo, Oscar Garrido, Javier Ramírez, Salvador Marín y Jaime Montano. Pero ni hablar, pues a veces pareciera que en el gobierno del estado les gusta hacerse el Hara-kiri.
 
H. YUNES UNE
 
Una prueba contundente de que en Baja California Norte el priismo va sólidamente unido para recuperar la gubernatura de esa entidad fronteriza se dio ayer con la designación de Mario Madrigal como coordinador de Vinculación Política de la campaña del candidato priista Fernando Castro Trenti.
 

La inclusión de Madrigal, reconocido operador político del empresario y ex aspirante a la gubernatura Jorge Hank Rhon, se dio luego del acuerdo pactado el pasado viernes entre el hijo del extinto político mexiquense Carlos Hank González y el senador veracruzano Héctor Yunes Landa, delegado del CEN del PRI en la entidad bajacaliforniana.