En el proceso electoral de 2004, en Xalapa, un candidato local del PAN mandó a borrar la propaganda que el equipo de campaña del aspirante priista a la gubernatura, Fidel Herrera Beltrán, había pintado sobre una de las bardas del antiguo panteón de las calles 20 de Noviembre y 5 de Febrero.
 
Tres años después, cuando ya convertido en delegado federal fue llamado por su jefe, el secretario de Estado, para preguntarle por qué no lo quería el gobernador Herrera, el funcionario, luego de comentarle esta anécdota, se justificó así: “Lo hice porque si en ese momento no respetaba a los muertos… ¡después menos iba a respetar a los vivos!”
 
Esta historia viene a cuento porque el semanario “Proceso”, que durante más de tres décadas ha sido considerado como la Biblia del periodismo mexicano, está siendo acusado de medrar periodísticamente con la memoria de su corresponsal Regina Martínez Pérez, asesinada el 28 de abril de 2012 en el interior de su domicilio.
 

Y es que desde el día siguiente del crimen, cuando fueron recibidos en privado en la Casa Veracruz por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, los prejuiciados directivos del semanario les dijeron: “¡No les creemos!”
 
En aquella ocasión el fundador de la revista Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez Castañeda y el reportero Jorge Carrasco Araizaga venían tan apurados que luego de entrevistarse con el mandatario veracruzano retornaron de inmediato a la ciudad de México. Ni siquiera se preocuparon por saber cuánto costarían o quien cubriría los gastos funerarios de su corresponsal, de los cuales se habría hecho cargo el gobierno estatal.
 
Ahora, después de desacreditar periodísticamente las investigaciones ministeriales que derivaron en la sentencia de 38 años y dos meses de prisión que la juez Beatriz Rivera Hernández dictó el pasado martes 9 contra Jorge Antonio Hernández Silva (a) El Silva, por su coparticipación en el homicidio de la periodista, el semanario subió este martes 16 una nota a su portal de internet en la que sin aportar elementos creíbles asegura saber de un presunto complot fraguado supuestamente en Xalapa por funcionarios del gobierno duartista para atentar contra el reportero Carrasco Araigoza.
 

“Desde el pasado domingo por la noche, ‘Proceso’ empezó a recibir informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.
 
“La cita habría tenido lugar en el fraccionamiento Las Ánimas, en Xalapa, con la pretensión de ordenar la búsqueda de información personal del periodista en todas las bases de datos nacionales, además de dar con su paradero. Este semanario pudo averiguar que en esa reunión se acordó el traslado de agentes del gobierno veracruzano al Distrito Federal, así como a los estados de México, Morelos y Querétaro, para recabar datos relativos al periodista.
 
“Este martes 16, la información más reciente obtenida por Proceso indicó que ayer lunes se realizó una nueva junta, en la cual se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista.
 

“Los asistentes a dicha reunión, según este informe, fueron enfáticos en ‘tener cuidado con las cámaras’ de seguridad pública instaladas en el Distrito Federal, donde ya se encuentra ‘gente’ del estado de Veracruz.
 
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación fueron puestas al tanto por este semanario de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes. Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.
 
“Proceso responsabiliza al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión que pudieran sufrir a partir de estos hechos Jorge Carrasco Araizaga y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario en todo el país.”
 

Según la versión de la revista, este martes tanto el gobernador Javier Duarte como el mayor José Nabor Nava Holguín, subsecretario de Seguridad Pública del estado, y Mario Delfín, director de la Agencia Veracruzana de Investigación, negaron de manera tajante haber tomado parte en las reuniones mencionadas y de las amenazas vertidas en ellas.
 
En declaraciones a Proceso, el mandatario veracruzano y sus colaboradores se comprometieron explícitamente a respetar el trabajo periodístico de la revista, de sus reporteros y del corresponsal con sede en Xalapa, Noé Zavaleta. El gobernador Duarte, adicionalmente, se comprometió a que habría un respeto absoluto a la integridad física de Jorge Carrasco.
 
Por su parte, en una misiva enviada a los directivos de “Proceso” el mismo martes 16, el procurador Flores Espinosa, luego de exponer que “en el Gobierno de Veracruz rechazamos tajantemente estas acusaciones infundadas y reiteramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión”, invita a los editores y reporteros de la revista a que, “ante estas acusaciones tan serias”, presenten de manera inmediata ante las autoridades correspondientes los elementos que sustenten sus señalamientos, “para que pueda seguirse el debido proceso, y de ser el caso, se finquen responsabilidades”.
 

Como periodistas, los de “Proceso” no sólo están obligados a proveer de mayores elementos a sus lectores para llegar al fondo de la verdad, sino que por la propia seguridad de su reportero Jorge Carrasco deben proceder lo más pronto posible para desactivar el supuesto “atentado”.
 
Si la semana antepasada el CISEN logró salvarle la vida al ex gobernador perredista de Zacatecas, Ricardo Monreal Avila, quien junto con su hermano, el senador David Monreal, presuntamente iba a ser ejecutado por unos sicarios en un restaurante del Distrito Federal, cómo carajos no van a poder desarticular esta presunta “conspiración” xalapeña dizque para silenciar al reportero Carrasco, como si eliminándolo fuera a cambiar el criterio dogmático de la crítica publicación o vayan a darle también carpetazo al crimen de Regina Martínez cuyo esclarecimiento seguirán cuestionando sistemáticamente.
 
Lo cierto es que con este escándalo mediático –que atizará la temperatura política de la entidad, la cual está por arder a causa de la enconada disputa del poder entre el PAN yunista y el PRI fidelista que desembocará en las elecciones locales del 7 de julio próximo– la venta de ejemplares del semanario van a aumentar el siguiente domingo en Veracruz.
 

FERRO
 
En diversos medios de comunicación se ha abordado el tema de la evaluación de catedráticos de la Universidad Veracruzana.
 
En las notas se ha hecho referencia a que el ex director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Manuel Ferro Andrade, fue uno de los profesores con menor puntaje al obtener 38.7 de calificación en una escala de 100 puntos.
 

Se sabe que Ferro Andrade es catedrático de la Facultad de Administración y Contaduría en el campus Xalapa.
 
El tema ha tomado mayor auge, luego de que el rector Raúl Arias Lovillo calificó de “textoservidores” a los periodistas que le cuestionaron sobre la sucesión en la Rectoría de la UV.
 
El comentario que ha tomado fuerza es que antes de calificar a los comunicadores, Arias Lovillo debería de evaluar la calidad moral y ética de sus empleados. La integridad de Ferro, su escrúpulo débil, no abona a la formación de los alumnos ni al prestigio de nuestra máxima casa de estudios.
 

Por cierto que Ferro Andrade despachó cómo Director de Administración de la CMAS en los periodos municipales de los ex alcaldes Ricardo Ahued y David Velasco Chedraui. ¿Acaso lo llamarán a colaborar en sus respectivas campañas a la diputación local?