Porque lo vivió muy de cerca en la elección de su antecesor Fidel Herrera Beltrán, en 2004, y luego en la propia, en 2010, es que el gobernador Javier Duarte de Ochoa promovió el año pasado una reforma constitucional que amplió de tres a cuatro años el periodo de las nuevas administraciones municipales que serán electas en julio próximo, lo que en la sucesión estatal de 2016 seguramente tendrá un impacto en los comicios para la renovación de la gubernatura.
 
Y es que según los cálculos priistas, el sólo desgaste en la selección de sus candidatos a las presidencias municipales –a causa de los chantajes, las traiciones y la desbandada de los aspirantes del tricolor y sus grupos hacia los partidos de oposición– le representaba automáticamente al abanderado del PRI al gobierno de la entidad una caída de hasta 15 puntos en las votaciones.
 
Pero ahora, con esta reforma duartista, el próximo candidato del Revolucionario Institucional a la gubernatura ya no será sometido dentro de tres años a esta presión de los caciques y grupos regionales de poder, ya que la siguiente elección municipal será hasta el 2017, cuando el nuevo gobernador tenga apenas un año en funciones.
 

Esta reforma de Javier Duarte ha venido a revertir lo que su acérrimo enemigo político, Miguel Ángel Yunes Linares, en su afán de proyectarse como un “demócrata” con miras a construir su primera nominación priista frustrada a la gubernatura, promovió en 1996 todavía como secretario de Gobierno en aquella publicitada Consulta Democrática que decretó también al año siguiente la autonomía de la Universidad Veracruzana, una decisión que inclusive sorprendió a la propia comunidad universitaria ya que no era una demanda generalizada en la UV.
 
Como el proceso municipal de 1997 ya estaba en puerta, la reforma fraguada por Yunes Linares y avalada por el gobernador Patricio Chirinos determinó entonces que por única vez en la elección local del año 2000 fueran electos alcaldes para un periodo administrativo de cuatro años con el propósito de que a partir de la sucesión estatal de 2004 coincidieran los comicios de ayuntamientos y de gobernador.
 
Los conflictos intrapartidistas por el reparto de las candidaturas municipales casi le costó la gubernatura a Herrera Beltrán, pues el candidato del PRI ganó oficialmente con un apretado margen de 25 mil votos a Gerardo Buganza Salmerón, del PAN, cuya candidatura apoyó en 2004 Miguel Ángel Yunes tras haber renunciado públicamente a su militancia al partido tricolor resentido por la nominación de su más odiado enemigo político.
 

Por eso, en sus reformas introducidas también al Código Electoral del estado, el gobernador Duarte propuso una para contener el llamado efecto “Chapulín”, la cual impide el transfuguismo partidista ya que un aspirante que se registra oficialmente como precandidato por un partido político queda inhabilitado para contender por otras siglas políticas en ese mismo proceso electoral. En este proceso electoral, los priistas resentidos que no serán nominados a las alcaldías tampoco podrán ser postulados por la oposición.
 
Al parecer, esta sería una de las causas por las que Yunes Linares ha desplegado una intensa campaña para golpear mediática y políticamente al gobernador Duarte, desacreditando a priori el proceso electoral local. Y es que el ex director del ISSSTE se ha percatado de que el jefe del priismo veracruzano ha ido modificando las condiciones que supuestamente le darían ventaja al neopanista que aspira a contender otra vez por la gubernatura en 2016.
 
Ahora Yunes Linares busca llegar por la cómoda vía plurinominal al Congreso del estado, donde inicialmente planeaba liderar en la LXIII Legislatura local a una nutrida diputación opositora surgida de la alianza PAN-PRD.
 

Pero al abortar la coalición de izquierda y derecha el escenario legislativo de Miguel Ángel Yunes parece complicársele también por las reformas que el gobernador Duarte promovió el año pasado a los artículos 21, 56 y 67 de la Constitución Política del estado y la iniciativa de un nuevo Código Electoral para poner a Veracruz a la vanguardia y convertirlo en uno de los primeros estados de la República en homologar sus leyes con las reformas federales.
 
Y es que la nueva redacción del Artículo 21 busca resolver un problema que se había repetido en cada elección local desde 2004, debido a una deficiente redacción aprobada en 2000 que había obligado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver, en cada ocasión, qué significaba partido mayoritario, sobre todo en aquellos casos cuando ningún partido político obtenía la mayoría absoluta de las curules en elecciones de diputados locales.
 
De este modo, de ahora en adelante ya no habrá ninguna duda de que el Congreso del estado se forma por 30 diputados uninominales y 20 plurinominales, y cualquier posibilidad de sobrerrepresentación quedó constitucionalmente acotada a los criterios del 16 por ciento, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha previsto como límite permitido para la integración de los Congresos locales.
 

Además, se dio al Instituto Electoral Veracruzano la atribución de realizar el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección, la emisión de la constancia de mayoría en la elección de Gobernador y la declaratoria de Gobernador Electo, en concordancia con las facultades del TEPJF de conocer los juicios que se instauren, para hacer la declaratoria de validez de las elecciones, homologando así las reglas electorales veracruzanas a las nuevas disposiciones que en materia política se acaban de aprobar en la Constitución federal.
 
Asimismo, se estableció que los partidos políticos no podrían realizar coaliciones parciales, compitiendo en alianza por algunos cargos y solos por otros, sino que tendrían que hacerlo necesariamente de manera total, es decir, con la misma coalición en todos los cargos de elección popular, lo que también complicó en parte las pretensiones aliancistas entre PAN y PRD como en vano procuró Yunes Linares para empoderarse rumbo a la sucesión gubernamental de 2016.
 
Y es que en su exposición de motivos, el promotor de esta reforma electoral aducía precisamente que con esto se buscaba que no se generara confusión en el electorado ni se mezclaran arbitrariamente plataformas y programas de diversos partidos que pueden resultar incompatibles.
 

De igual manera, el nuevo código electoral buscaba ser coherente con las recientes reformas constitucionales que determinan los criterios para la asignación de diputados de representación proporcional, de modo que el número de diputados plurinominales se ajuste a la regla de que ningún partido, considerando las diputaciones obtenidas por ambos principios, pueda ocupar más del 60 por ciento de las curules del Congreso.
 
El gobernador Javier Duarte, como se ve, no es ningún “bobo” como Yunes Linares suele denostarlo ante los medios de comunicación. Y tan no lo es que ya en la elección de 2010 el mandatario tricolor lo hizo morder el polvo a pesar de que el panista era el candidato del presidente Felipe Calderón y traía tras de sí el apoyo de todo el aparato del gobierno federal que a partir de diciembre de 2012 pasó a manos del PRI.
 
Eso, al parecer, es lo que estaría sacando de quicio al virulento ex candidato del PAN: que dependiendo de los resultados de los comicios de julio próximo, la sucesión gubernamental de 2016, su último tren, podría ser una elección de mero trámite.