Al defender la semana anterior el nombramiento de su hermano Alcide Beltrones como próximo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California –entidad donde el aludido se ha desempeñado como secretario del Ayuntamiento de Tijuana y subdelegado del IMSS–, el coordinador de los diputados federales del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, recordó que el sexenio pasado, en su etapa de senador de la República, promovió una modificación a la Ley de Desarrollo Social en la que se establecían los requisitos que deberían de cumplir todos aquellos aspirantes a representantes del gobierno federal que manejaran recursos políticos.
 
En entrevista con MVS Radio, el ex gobernador de Sonora refirió que precisamente uno de los requisitos que proponía era que los candidatos a delegados no hubieran ocupado puestos de elección popular ni dirigencias partidarias en mínimo 10 años; sin embargo, dijo que su iniciativa no obtuvo el beneplácito del PAN y PRD.
 
Pero Beltrones no fue el único que en su momento pretendió imponer candados legales para frenar el descarado mapachismo electoral que operaba el PAN a través de los delegados del gobierno federal que durante dos sexenios tuvo en su poder. Y es que a finales de 2009, el entonces diputado Javier Duarte de Ochoa promovió una iniciativa de reforma al artículo 17 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pues el legislador cordobés y aspirante a la gubernatura en 2010 declaró que “tenemos que blindar a las delegaciones federales de las tentaciones electorales, pero sobre todo, tenemos que proteger a los ciudadanos de los retrasos y condicionamientos políticos de apoyos que la Cámara de Diputados aprobó para que se entregaran sin siglas ni colores”.
 

El 25 de diciembre de ese año, ante la recurrencia de elecciones que se darían en 14 estados durante 2010 y las quejas ciudadanas por condicionamiento de programas sociales, Duarte de Ochoa pidió a la Cámara baja del Congreso de la Unión que ordenara acelerar los trabajos de dictamen a su iniciativa de reforma legal para evitar que en Veracruz, y en cualquier otra entidad, se diera manejo político electoral en los presupuestos de las delegaciones federales.
 
En esa ocasión, el legislador por el distrito de Córdoba señaló que los priistas no descuidarían su compromiso de contraloría fiscal hasta conseguir que se hicieran efectivas sus propuestas de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la cual pretendían impedir en un año de elecciones la designación de políticos y de personas sin perfil académico como delegados federales.
 
Tres días después, el 28 de diciembre de 2009, a partir de la calendarización presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Social, el diputado Javier Duarte volvió a insistir a la Federación que controlara las tentaciones políticas de los delegados federales de la Sedesol, pues el legislador veracruzano expuso que la programación financiera evidenció que habría más recursos en las oficinas federales durante los meses previos a los comicios del 4 de julio de 2010, al tiempo que anticipó que los diputados priistas en el Congreso de la Unión vigilarían cómo se aplica el gasto destinado a los grupos más vulnerables.
 

En entrevista, dijo que el primer análisis de los gastos por Secretaría para el ejercicio fiscal 2010 arrojó un aumento considerable en el financiamiento público para la operación de las delegaciones de la Sedesol, sobre todo en los estados donde habría renovación de las gubernaturas, diputados y ayuntamientos.
 
A partir del documento que había autorizado la Secretaría de Hacienda, el legislador cordobés explicó que estados como Tlaxcala, Chihuahua, Durango y Veracruz, todos con elecciones de gobernador, presidentes municipales y diputados locales, reportaban un sustancial incremento presupuestal durante los meses previos a las elecciones, por lo que exigió a la Federación abstenerse de lucrar políticamente con los apoyos que el Congreso de la Unión aprobó para la población vulnerable.
 
Al ofrecer detalles del contenido del calendario presupuestal de la Sedesol, Duarte de Ochoa explicó que los gastos de la Delegación Veracruz habían sido programados por 255 millones 252 mil 816 pesos, pero que según datos oficiales, dichos gastos programados se habían disparado inexplicablemente durante los meses previos a las elecciones. “Solicitaremos una explicación del secretario de Desarrollo Social, queremos que Heriberto Félix Guerra aclare por qué se asignan más recursos a todos los estados pero antes de las elecciones. Necesitamos que la Sedesol cumpla con su palabra de blindar los programas sociales porque ahí tenemos otro problema”, expuso el ahora gobernador.
 

Y como ejemplo de los gastos que el gobierno federal debía aclarar del manejo presupuestal de la Delegación Veracruz de la Sedesol, Javier Duarte citó que habían detectado que habría de 31 a 33 millones de pesos sólo para la operación administrativa durante febrero, marzo y abril, pero que después del 4 de julio, fecha de la elección en 2010, se reducían los presupuestos del manejo operativo de delegaciones federales.
 
El legislador priista advirtió en aquella ocasión que ante la crisis económica y los incrementos en los precios de productos y servicios decretados por el gobierno federal, harían más susceptible a la población de ser manipulada por los partidos, de ahí que insistió en la necesidad de fijar candados en las delegaciones de la Sedesol para que los responsables fuesen personas profesionales y ajenas a las voluntades políticas.
 
Pero los principales opositores fueron las bancadas legislativas del PAN y PRD, los mismos que ahora que el gobierno federal ha vuelto a manos del PRI, “lloran como una mujer lo que no supieron defender como hombres”, según le habría recriminado la sultana Aixa a su hijo Boabdil, cuando luego de casi mil años de permanencia árabe en España, el último sultán de Granada que le había arrebatado el trono a su padre, entregó la palaciega fortaleza de La Alhambra a los Reyes Católicos de Castilla.
 

AH, ¡MUJERES!
 
La noche del pasado lunes 29 de abril rindió protesta como secretaria técnica del Consejo Político Estatal del PRI, Armida Ramírez Corral, quien desde hace un año se desempeñaba como secretaria adjunta a la presidencia del CDE priista que encabeza Erick Lagos Hernández.
 
La ex alcaldesa interina de Xalapa substituyó en el cargo partidista a la ex diputada local orizabeña Elvia Ruiz Cesáreo, quien a mediados de abril asumió la Subsecretaría de Comunicaciones del estado.
 

Según trascendió, en dicho evento se hizo patente el marcado divisionismo que existe entre las mujeres que rodean al presidente del CDE del PRI, pues comentan que a la secretaria general Ericka Ayala Ríos tuvieron que llevarla casi a empellones a la ceremonia, y que al término la dirigente sindical del COBAEV salió como tapón de sidra muy molesta porque doña Armida destacó la presencia de otras personalidades pero al parecer ignoró deliberadamente a la suplente del senador Héctor Yunes Landa y vocera de la coalición “Veracruz para adelante”.
 
¿Entonces sí será cierta la leyenda priista de las “Reinis” contra las “Barbies”, un supuesto pleito de género que se habría acentuado recientemente con el reparto de candidaturas municipales y a la diputación local?