7 de mayo de 2013
alcalorpolitico.com
Sucedió la semana antepasada en pleno escándalo. Un candidato (priista, por supuesto) le dice-grita al asistente de un funcionario cuando se despedían luego de una reunión: ¡Oye, el secretario me dijo que me iba a dar (prestar) unos vehículos! El otro se volteó: Te iba. Después de lo que sucedió, no creo. Pero habla con él.
Las videograbaciones de las reuniones priistas de Boca del Río y el escándalo y la crisis política que desató tienen su lado positivo: hará que las campañas y lo que resta del proceso electoral sea más equitativo, esto es, que los candidatos compitan más en igualdad de condiciones y que suden la gota gorda para ganar. Tendrán que ser buenos candidatos si quieren el triunfo.
Se supondría que ahora tendrán que convencernos con buenas y viables propuestas, porque por acuerdo de representantes del Gobierno federal junto con los dirigentes nacional del PRI, PAN y PRD acordaron una serie de medidas, entre ellas las de no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles.
Hasta antes del 17-A (17 de abril, cuando el PAN destapó la cloaca y desató una crisis política de proporciones inimaginables que alcanzó al propio Presidente de la República y cuyos ecos no se apagan), con todos los recursos a favor se veía relativamente fácil un triunfo mayoritario tricolor.
Hoy, 20 días después, la situación cambió dramáticamente para el PRI y sus candidatos. Ya no dispondrán de los apoyos oficiales con que esperaban contar, o por lo menos ya no con todos, y sólo saldrán avante aquellos que asuman en serio su candidatura y se pongan a trabajar en y con las bases y el electorado en general.
(Se sabe que hasta el CEN tricolor en la Ciudad de México llegó el reporte de que una dirigente de un seccional del puerto de Veracruz se quejó que un pasado fin de semana invitó al candidato a diputado Tonatiuh Pola a que los fuera a visitar, y que el ex conductor de noticias de Telever se negó argumentando que ya tenía compromiso con sus cuates para irse de yate por la costa veracruzana.)
Lo que consigno en el primer párrafo, totalmente verídico, refleja una situación grave en el priismo: hay quienes están viendo temblar y no se hincan. Por lo que se advierte, hay candidatos que viven otra realidad, la vieja realidad, y creen que papá gobierno les podrá seguir dando chichi presupuestal o en especie como lo vino haciendo para ayudarlos a cooptar al electorado.
Lo que se sabe es que todos los secretarios de despacho andan con pies de plomo y, sobre todo, están temerosos y no quieren que les pase lo que en el nivel federal ha sufrido la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y menos que por la culpa de alguno de ellos se desate de nuevo la furia del presidente Peña Nieto y se les cancele su futuro político.
En 15 días iniciarán las campañas de los candidatos a diputados locales y en 23 las de quienes aspiran a presidir los Ayuntamientos.
A finales de la última semana de abril, en el marco del Pacto por México, se acordaron medidas básicas para garantizar condiciones de limpieza e imparcialidad en las próximas elecciones, y blindar los programas de combate a la pobreza de fines electorales facciosos o ilegales.
El lunes 29 de abril se hicieron públicos algunos puntos del acuerdo y ayer la Presidencia de la República confirmó que este martes se reanudará el diálogo público entre los partidos de oposición y el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y que en una ceremonia que tendrá lugar a medio día en el Palacio Nacional, los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México firmarán el adendum (agregado, apéndice, anexo) que busca prohibir el uso electoral de recursos federales.
¿Qué acordaron aquella vez, en principio? Vale la pena reproducirlo:
Suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones, y adelantar la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones.
Establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos, y de manejo electoral en las acciones de gobierno y programas sociales.
El Pacto propondrá a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones.
Se promoverá con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
La minuta aprobada inicialmente contempla, además, acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno, como retomar e impulsar las iniciativas orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores federales de los programas sociales.
Los signatarios del Pacto se abstendrán de hacer en los medios de comunicación “propaganda personalizada y gacetillas”, y buscarán hacer extensivo este acuerdo en los tres órdenes de gobierno.
En el marco del Pacto, se iniciarán los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas Sociales que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza.
También acordaron promover que las leyes y las reglas de operación de los programas de gasto e inversión social incluyan la prohibición de celebrar actos públicos de entrega de beneficios y subsidios, así como las asambleas de beneficiarios.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas, con un sistema de transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales.
Ahora, allá aquellos candidatos priistas y de todos los partidos que no se pongan las pilas y estén atenidos a que los harán ganar, los muñecazos que opten por el yate y no por el trabajo a base de baños de polvo y de pueblo y de sudor.
Como nunca, las elecciones de Veracruz serán las más vigiladas en su historia. Es un muy buen incentivo para ir a votar con la casi seguridad de que el voto será respetado y que los ciudadanos tendrán al representante que quieran, no al que otros quieran.
Las videograbaciones de las reuniones priistas de Boca del Río y el escándalo y la crisis política que desató tienen su lado positivo: hará que las campañas y lo que resta del proceso electoral sea más equitativo, esto es, que los candidatos compitan más en igualdad de condiciones y que suden la gota gorda para ganar. Tendrán que ser buenos candidatos si quieren el triunfo.
Se supondría que ahora tendrán que convencernos con buenas y viables propuestas, porque por acuerdo de representantes del Gobierno federal junto con los dirigentes nacional del PRI, PAN y PRD acordaron una serie de medidas, entre ellas las de no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles.
Hasta antes del 17-A (17 de abril, cuando el PAN destapó la cloaca y desató una crisis política de proporciones inimaginables que alcanzó al propio Presidente de la República y cuyos ecos no se apagan), con todos los recursos a favor se veía relativamente fácil un triunfo mayoritario tricolor.
Hoy, 20 días después, la situación cambió dramáticamente para el PRI y sus candidatos. Ya no dispondrán de los apoyos oficiales con que esperaban contar, o por lo menos ya no con todos, y sólo saldrán avante aquellos que asuman en serio su candidatura y se pongan a trabajar en y con las bases y el electorado en general.
(Se sabe que hasta el CEN tricolor en la Ciudad de México llegó el reporte de que una dirigente de un seccional del puerto de Veracruz se quejó que un pasado fin de semana invitó al candidato a diputado Tonatiuh Pola a que los fuera a visitar, y que el ex conductor de noticias de Telever se negó argumentando que ya tenía compromiso con sus cuates para irse de yate por la costa veracruzana.)
Lo que consigno en el primer párrafo, totalmente verídico, refleja una situación grave en el priismo: hay quienes están viendo temblar y no se hincan. Por lo que se advierte, hay candidatos que viven otra realidad, la vieja realidad, y creen que papá gobierno les podrá seguir dando chichi presupuestal o en especie como lo vino haciendo para ayudarlos a cooptar al electorado.
Lo que se sabe es que todos los secretarios de despacho andan con pies de plomo y, sobre todo, están temerosos y no quieren que les pase lo que en el nivel federal ha sufrido la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y menos que por la culpa de alguno de ellos se desate de nuevo la furia del presidente Peña Nieto y se les cancele su futuro político.
En 15 días iniciarán las campañas de los candidatos a diputados locales y en 23 las de quienes aspiran a presidir los Ayuntamientos.
A finales de la última semana de abril, en el marco del Pacto por México, se acordaron medidas básicas para garantizar condiciones de limpieza e imparcialidad en las próximas elecciones, y blindar los programas de combate a la pobreza de fines electorales facciosos o ilegales.
El lunes 29 de abril se hicieron públicos algunos puntos del acuerdo y ayer la Presidencia de la República confirmó que este martes se reanudará el diálogo público entre los partidos de oposición y el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y que en una ceremonia que tendrá lugar a medio día en el Palacio Nacional, los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México firmarán el adendum (agregado, apéndice, anexo) que busca prohibir el uso electoral de recursos federales.
¿Qué acordaron aquella vez, en principio? Vale la pena reproducirlo:
Suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones, y adelantar la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones.
Establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos, y de manejo electoral en las acciones de gobierno y programas sociales.
El Pacto propondrá a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones.
Se promoverá con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
La minuta aprobada inicialmente contempla, además, acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno, como retomar e impulsar las iniciativas orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores federales de los programas sociales.
Los signatarios del Pacto se abstendrán de hacer en los medios de comunicación “propaganda personalizada y gacetillas”, y buscarán hacer extensivo este acuerdo en los tres órdenes de gobierno.
En el marco del Pacto, se iniciarán los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas Sociales que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos para combatir con mayor eficacia la pobreza.
También acordaron promover que las leyes y las reglas de operación de los programas de gasto e inversión social incluyan la prohibición de celebrar actos públicos de entrega de beneficios y subsidios, así como las asambleas de beneficiarios.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas, con un sistema de transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales.
Ahora, allá aquellos candidatos priistas y de todos los partidos que no se pongan las pilas y estén atenidos a que los harán ganar, los muñecazos que opten por el yate y no por el trabajo a base de baños de polvo y de pueblo y de sudor.
Como nunca, las elecciones de Veracruz serán las más vigiladas en su historia. Es un muy buen incentivo para ir a votar con la casi seguridad de que el voto será respetado y que los ciudadanos tendrán al representante que quieran, no al que otros quieran.