8 de mayo de 2013
alcalorpolitico.com
Muy aparte del enconado e histórico pleito personal entre el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y su acérrimo enemigo político Miguel Ángel Yunes Linares –el neopanista que cada seis años, desde la sucesión estatal de 1998, cuando aún militaba en el PRI, ha visto frustrar su sueño de gobernar Veracruz–, lo que además ha venido a caldear el ambiente electoral en la entidad es la torpeza y falta de pulcritud de los funcionarios y operadores priistas que se avorazaron con el caudal sin precedente de recursos federales que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha programado destinar al estado este año.
Y es que algo que seguramente desató la codicia de los tricolores así como la envidia y el malestar de los adversarios del gobernador Javier Duarte de Ochoa –cuyo grupo en el poder, incluida la mayoría de los nuevos delegados federales, está muy identificado con su antecesor Herrera Beltrán–, es el trato privilegiado que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dado al régimen del priista veracruzano.
Cosa de ver nomás que la entidad gobernada por Duarte de Ochoa ha sido tratada mucho mejor aún que el propio Estado de México, el terruño natal del jefe del Ejecutivo federal.
Por ejemplo, de los 23 Acuerdos Integrales para el Desarrollo Incluyente que ha firmado la Sedesol con los gobiernos de los estados para implementar la Cruzada contra el Hambre, el que más recursos proyecta es el de Veracruz. En total suman 18 mil 700 millones de pesos los acordados entre los gobiernos federal y estatal, a pesar de que Veracruz no es la entidad con más municipios o personas que serán beneficiarias: 383 mil habitantes de 33 demarcaciones.
Sin embargo, el presupuesto asignado es superior al que tendrá Chiapas, y que asciende a 10 mil 819 millones de pesos para 55 municipios, o al de Oaxaca, otro de los estados con mayores rezagos, con un total de 133 municipios y recursos que no llegan a los 6 mil millones.
La segunda entidad que más dinero ha pactado para la Cruzada contra el Hambre, aunque muy por debajo de Veracruz, es el Estado de México, con 11 mil millones de pesos para 837 mil personas en 32 municipios.
De hecho, como se observa, la asignación de presupuesto ha sido dispar en cada estado. En San Luis Potosí, por ejemplo, hay 7 municipios incluidos con 106 mil personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, y para ellos se destinará un monto de 3 mil 300 millones de pesos, mientras que en Zacatecas, donde también habrá elecciones locales este año, se destinarán 5 mil 200 millones de pesos para sólo dos municipios con 28 mil personas en situación de vulnerabilidad alimentaria.
El 26 de marzo pasado, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, acudió a Boca del Río a firmar en un acto masivo el convenio número 10 con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. En esa ocasión, la funcionaria federal expuso que todo trabajo de la Sedesol sería en estrecha coordinación con los gobiernos locales y que llegarían a las zonas más pobladas porque la pobreza urbana ha fragmentado el tejido social, provocando violencia.
“Se requiere ahí de urgentes intervenciones de política pública. Estamos hablando de la prevención social de la violencia y esto, que quede muy claro, no tiene nada que ver con lo electoral. No le podemos decir a la gente: muérete de hambre porque hay elecciones y hasta después llegará el gobierno federal”, señaló la secretaria peñista.
Sin embargo, esta buena disposición parece haber sido afectada luego de que el pasado 17 de abril el PAN denunció la existencia de una presunta red electoral detectada precisamente en Boca del Río, que pretendía atraer votantes al PRI mediante la manipulación de programas sociales. No obstante, en su comparecencia ante el Senado para hablar sobre estos hechos, Robles aclaró que el boqueño no era parte de los 33 municipios beneficiados por la Cruzada contra el Hambre en la entidad veracruzana.
Según datos oficiales de la propia Secretaría de Desarrollo Social, los municipios del estado de Veracruz contemplados en la Cruzada contra el Hambre son los siguientes, con sus respectivos porcentajes de población en pobreza extrema y carencia de alimentación: Filomeno Mata (44.63%), Zontecomatlán (39.86), Mecayapan (39.53), Soteapan (39.36), Mecatlán (36.73). Mixtla de Altamirano (36.08), Coscomatepec (35.47), Aquila (34.10), Ilamatlán (33.78), Tehuipango (31.53), Soledad Atzompa (30.94), Ixhuatlán de Madero (27.28), la Perla (26.77), Las Choapas (26.61), Calcahualco (25.25), Tantoyuca (24.27), Zongolica (23.17), Tezonapa (20.92), Playa Vicente (20.38), Chicontepec (19.51), Altotonga (17.42), Jalacingo (17.15), Alamo-Temapache (16.72), Tihuatlán (15.97), Atzalan (14.70), Papantla (14.50), Acayucan (12.14), San Andrés Tuxtla (11.93), Minatitlán (9.46), Tuxpan (8.27), Xalapa (4.93), Coatzacoalcos (4.68) y Veracruz (4.11).
Pero este martes 7, por presiones de las dirigencias nacionales del PAN y PRD, el presidente Peña Nieto accedió a firmar un paquete de 11 compromisos adicionales al Pacto por México, que incluyen medidas y acciones para controlar la operación de los gobernadores en las elecciones locales que este año se realizarán en 14 entidades.
Según trascendió, en el apartado de “Blindaje electoral” se detalla una serie de acciones de impedir el uso ilegal recursos públicos durante los procesos comiciales de este año.
Inclusive se prevé que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
En el documento que contiene los “Acuerdos para garantizar la limpieza de las elecciones del 7 de julio de 2013”, tanto los dirigentes del PAN, PRI y PRD como el gobierno federal se comprometen a que todos los funcionarios que violen la ley serán sancionados por las autoridades competentes.
“Promoveremos acciones de las autoridades de procuración de justicia y de control administrativo federales y estatales, que informarán de sus acciones en el marco de las leyes aplicables”, se consigna en la adenda, además de que los firmantes convienen en “definir, de manera conjunta, los criterios que debe normar el perfil profesional de los delegados federales, subdelegados y principales operadores de las dependencias responsables de manejar programas sociales” como Oportunidades, 65 y más, Estancias Infantiles, Programa de Vivienda Tu Casa, Vivienda Rural, Seguro Popular y Programas de Empleo Temporal, cuyos padrones de beneficiarios serán publicados luego de que las dos administraciones presidenciales panistas los mantuvieron como secreto de Estado.
Por lo mientras, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República, ha iniciado la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz, razón por la que desde ayer seis de los presuntos implicados denunciados por el PAN, entre ellos el ex alcalde boqueño y ex secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, deberán rendir declaración ante el Ministerio Público federal para deslindar responsabilidades.
Pero como bien dice el filósofo y cantautor de Ciudad Juárez, Chihuahua: “¿Pero qué necesidad…?”
¿No será tiempo ya de que los priistas en Veracruz vayan evolucionando e implementen una “reforma educativa” entre sus huestes para irse deshaciendo de los antiguos manuales de operación política-electoral que ya no les funcionan en la nueva realidad democrática del país?
Y es que algo que seguramente desató la codicia de los tricolores así como la envidia y el malestar de los adversarios del gobernador Javier Duarte de Ochoa –cuyo grupo en el poder, incluida la mayoría de los nuevos delegados federales, está muy identificado con su antecesor Herrera Beltrán–, es el trato privilegiado que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dado al régimen del priista veracruzano.
Cosa de ver nomás que la entidad gobernada por Duarte de Ochoa ha sido tratada mucho mejor aún que el propio Estado de México, el terruño natal del jefe del Ejecutivo federal.
Por ejemplo, de los 23 Acuerdos Integrales para el Desarrollo Incluyente que ha firmado la Sedesol con los gobiernos de los estados para implementar la Cruzada contra el Hambre, el que más recursos proyecta es el de Veracruz. En total suman 18 mil 700 millones de pesos los acordados entre los gobiernos federal y estatal, a pesar de que Veracruz no es la entidad con más municipios o personas que serán beneficiarias: 383 mil habitantes de 33 demarcaciones.
Sin embargo, el presupuesto asignado es superior al que tendrá Chiapas, y que asciende a 10 mil 819 millones de pesos para 55 municipios, o al de Oaxaca, otro de los estados con mayores rezagos, con un total de 133 municipios y recursos que no llegan a los 6 mil millones.
La segunda entidad que más dinero ha pactado para la Cruzada contra el Hambre, aunque muy por debajo de Veracruz, es el Estado de México, con 11 mil millones de pesos para 837 mil personas en 32 municipios.
De hecho, como se observa, la asignación de presupuesto ha sido dispar en cada estado. En San Luis Potosí, por ejemplo, hay 7 municipios incluidos con 106 mil personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, y para ellos se destinará un monto de 3 mil 300 millones de pesos, mientras que en Zacatecas, donde también habrá elecciones locales este año, se destinarán 5 mil 200 millones de pesos para sólo dos municipios con 28 mil personas en situación de vulnerabilidad alimentaria.
El 26 de marzo pasado, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, acudió a Boca del Río a firmar en un acto masivo el convenio número 10 con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. En esa ocasión, la funcionaria federal expuso que todo trabajo de la Sedesol sería en estrecha coordinación con los gobiernos locales y que llegarían a las zonas más pobladas porque la pobreza urbana ha fragmentado el tejido social, provocando violencia.
“Se requiere ahí de urgentes intervenciones de política pública. Estamos hablando de la prevención social de la violencia y esto, que quede muy claro, no tiene nada que ver con lo electoral. No le podemos decir a la gente: muérete de hambre porque hay elecciones y hasta después llegará el gobierno federal”, señaló la secretaria peñista.
Sin embargo, esta buena disposición parece haber sido afectada luego de que el pasado 17 de abril el PAN denunció la existencia de una presunta red electoral detectada precisamente en Boca del Río, que pretendía atraer votantes al PRI mediante la manipulación de programas sociales. No obstante, en su comparecencia ante el Senado para hablar sobre estos hechos, Robles aclaró que el boqueño no era parte de los 33 municipios beneficiados por la Cruzada contra el Hambre en la entidad veracruzana.
Según datos oficiales de la propia Secretaría de Desarrollo Social, los municipios del estado de Veracruz contemplados en la Cruzada contra el Hambre son los siguientes, con sus respectivos porcentajes de población en pobreza extrema y carencia de alimentación: Filomeno Mata (44.63%), Zontecomatlán (39.86), Mecayapan (39.53), Soteapan (39.36), Mecatlán (36.73). Mixtla de Altamirano (36.08), Coscomatepec (35.47), Aquila (34.10), Ilamatlán (33.78), Tehuipango (31.53), Soledad Atzompa (30.94), Ixhuatlán de Madero (27.28), la Perla (26.77), Las Choapas (26.61), Calcahualco (25.25), Tantoyuca (24.27), Zongolica (23.17), Tezonapa (20.92), Playa Vicente (20.38), Chicontepec (19.51), Altotonga (17.42), Jalacingo (17.15), Alamo-Temapache (16.72), Tihuatlán (15.97), Atzalan (14.70), Papantla (14.50), Acayucan (12.14), San Andrés Tuxtla (11.93), Minatitlán (9.46), Tuxpan (8.27), Xalapa (4.93), Coatzacoalcos (4.68) y Veracruz (4.11).
Pero este martes 7, por presiones de las dirigencias nacionales del PAN y PRD, el presidente Peña Nieto accedió a firmar un paquete de 11 compromisos adicionales al Pacto por México, que incluyen medidas y acciones para controlar la operación de los gobernadores en las elecciones locales que este año se realizarán en 14 entidades.
Según trascendió, en el apartado de “Blindaje electoral” se detalla una serie de acciones de impedir el uso ilegal recursos públicos durante los procesos comiciales de este año.
Inclusive se prevé que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigue las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.
En el documento que contiene los “Acuerdos para garantizar la limpieza de las elecciones del 7 de julio de 2013”, tanto los dirigentes del PAN, PRI y PRD como el gobierno federal se comprometen a que todos los funcionarios que violen la ley serán sancionados por las autoridades competentes.
“Promoveremos acciones de las autoridades de procuración de justicia y de control administrativo federales y estatales, que informarán de sus acciones en el marco de las leyes aplicables”, se consigna en la adenda, además de que los firmantes convienen en “definir, de manera conjunta, los criterios que debe normar el perfil profesional de los delegados federales, subdelegados y principales operadores de las dependencias responsables de manejar programas sociales” como Oportunidades, 65 y más, Estancias Infantiles, Programa de Vivienda Tu Casa, Vivienda Rural, Seguro Popular y Programas de Empleo Temporal, cuyos padrones de beneficiarios serán publicados luego de que las dos administraciones presidenciales panistas los mantuvieron como secreto de Estado.
Por lo mientras, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Procuraduría General de la República, ha iniciado la investigación por el presunto uso de programas sociales con fines electorales en el estado de Veracruz, razón por la que desde ayer seis de los presuntos implicados denunciados por el PAN, entre ellos el ex alcalde boqueño y ex secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur Díaz, deberán rendir declaración ante el Ministerio Público federal para deslindar responsabilidades.
Pero como bien dice el filósofo y cantautor de Ciudad Juárez, Chihuahua: “¿Pero qué necesidad…?”
¿No será tiempo ya de que los priistas en Veracruz vayan evolucionando e implementen una “reforma educativa” entre sus huestes para irse deshaciendo de los antiguos manuales de operación política-electoral que ya no les funcionan en la nueva realidad democrática del país?