No obstante que este martes 21 el gobernador Javier Duarte firmó con los dirigentes y representantes estatales de los siete partidos políticos con registro nacional y dos locales el Acuerdo para la Instalación de la Comisión Plural Estatal para la Preservación del Entorno Político de Equidad en la Contienda Electoral en Veracruz –cumpliendo así con el compromiso número 5 de los 11 que en total fueron agregados al documento original del Pacto por México el pasado 7 de mayo por presiones de los líderes del PAN y PRD luego de las grabaciones que mostró Acción Nacional en la que aparecían funcionarios priistas de los tres niveles de gobierno instruyendo a operadores electorales para usar los programas sociales de la Sedesol a favor de los candidatos del PRI–, varios abanderados del tricolor todavía no caen en cuenta que el escenario cambió radicalmente desde a mediados de abril y que ahora no pueden estar esperanzados en que sus campañas y elección serán financiadas y maniobradas con la misma parcialidad de antaño desde Palacio de Gobierno.
 
Quizá los esté confundiendo el hecho de que funcionarios del gabinete estatal habrían recibido la comisión honorífica de fungir como enlaces en los 30 distritos y municipios principales, aunque quien sabe si luego de la firma del Pacto por Veracruz esta decisión haya sido reconsiderada y revertida.
 
Y es que había trascendido que, por ejemplo, al secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, le habrían encomendado Córdoba; que al subsecretario Enrique Ampudia Mello le endilgaron Boca del Río; que al maestro Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación de Veracruz, le asignaron Coatepec; que a Edgar Spinoso, Oficial Mayor de la SEV, le encargaron nuevamente Martínez de la Torre; que el secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Marco Antonio Aguilar Yunes, estaría pendiente de Tuxpan, y, bueno, que hasta al secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, le tocaría ver por la capital veracruzana.
 

Afortunadamente para el Revolucionario Institucional, hay candidatos como el popular y carismático empresario del plástico Ricardo Ahued Bardahuil que no necesitarán echar mano ilegal de recursos o programas públicos ni hacer costosas campañas para ganar la elección, pues en el caso del ex alcalde y ex diputado federal por Xalapa la mayoría de las encuestas lo ubican casi 40 puntos arriba de las preferencias electorales sobre los candidatos de la oposición.
 
Pero, en cambio, hay candidatos priistas que no cuentan con el mismo bono democrático y están esperando recibir de la administración estatal las carretadas de dinero y otros apoyos oficiales para ganarse la simpatía y voluntad del electorado.
 
Estos abanderados del PRI deberían remitirse al mensaje que su compañero de partido, el gobernador Javier Duarte, expresó el pasado 4 de mayo cuando dio a conocer oficialmente la separación de Salvador Manzur Díaz de su cargo como secretario de Finanzas y Planeación.
 

En esa ocasión, al ponderar la salida del titular de la Sefiplan, uno de sus colaboradores y amigos más cercanos, el mandatario veracruzano dijo que decidió separar de su cargo al ex alcalde de Boca del Río “con el propósito de evitar cualquier suspicacia en torno del comportamiento político del gobierno de Veracruz” en el debate generado por el supuesto uso electoral de programas sociales de la Federación.
 
En la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, rodeado de integrantes de su gabinete, Duarte de Ochoa refrendó el compromiso total y absoluto con la legalidad y transparencia que, reiteró, “son los ejes que guían nuestro actuar diario”, y remarcó que como gobernador, político y ciudadano, comparte la postura abanderada por partidos de la oposición que reclaman no lucrar con la pobreza.
 
“Es una posición que no sólo comparto sino que desde mi potestad y autoridad, profeso y ejerzo”, afirmó sin ambigüedades.
 

También señaló que México es un país de instituciones y que sólo mediante ellas, podremos fortalecer la legalidad, alcanzar la justicia, consolidar la democracia y generar los equilibrios políticos basados en la determinación libre y razonada de los ciudadanos.
 
Esa vez, Javier Duarte comentó que sobre el debate del uso de los programas sociales existe una investigación en curso que debe desarrollarse con plena libertad y a fondo para deslindar responsabilidades. “Mi gobierno es el primer interesado en que así sea”, sostuvo con firmeza.
 
El titular del Poder Ejecutivo expresó que son las instituciones de justicia las únicas a las que corresponde el análisis de estos hechos, dirimirlos y, en su caso, deslindar responsabilidades, cumplir a cabalidad con su deber de hacer prevalecer la legalidad por encima de todo y de todos, en éste y en cualquier otro caso en donde haya denuncias presentadas.
 

Duarte de Ochoa enfatizó que su gobierno es el más interesado en que el proceso electoral se desarrolle libre y transparentemente, y que los resultados sean reconocidos por todos.
 
“En mi gobierno creemos en el diálogo respetuoso, en el debate de ideas, en las propuestas que buscan el bien de las mayorías, más allá de ideologías o colores, pero sobre todo, creemos en la capacidad de los veracruzanos para decidir en razón y libertad su presente y su futuro”.
 
El mandatario estatal dijo confiar en los servidores públicos del estado, “sé que actúan y han actuado con apego a derecho, pero es importante que eso quede comprobado por las investigaciones en curso para evitar suspicacias y quitar pretextos”.
 

Y subrayó que “el país y el estado reclaman madurez y sensatez, y responsabilidad de todos los actores políticos” y que “aunque algunos quieran sacar raja política o personal de las cosas, a nosotros desde el gobierno nos toca ser doblemente responsables. Nada es más importante que servir a Veracruz y a los veracruzanos. Veracruz, es la única agenda del gobierno del estado”.
 
¿Se entendió? Ya veremos de aquí al 7 de julio.
 
DESALOJO EN PUERTA
 

Los que dicen que están por cambiar de aires son los delegados federales del Registro Agrario Nacional (RAN), Rafael Castillo Zugasti, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Carlos Francisco Mora Domínguez, los cuales despachan en las mismas instalaciones que hasta hace un par de sexenios pertenecían al desaparecido Instituto Mexicano del Café (Inmecafe), ubicadas a la salida de Xalapa sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz.
 
Pero no, no se debe a que este par de representantes del gobierno de la República estén por ser cesados por algún otro videoescándalo como el que hace un mes forzó la separación de Ranulfo Márquez y de otros funcionarios de la Sedesol por andar operando electoralmente para el PRI, sino porque los nuevos dueños del citado inmueble les han pedido desalojar las oficinas de ambas delegaciones federales porque en dicho lugar tendrían proyectado construir uno de esos edificios que llaman “inteligentes”.
 
Según se sabe, el plazo que les dieron está por concluir en un par de meses.
 

Pero lo más interesante de todo este asunto son los nombres de los propietarios que aparecen como socios, pues corre la versión de que presuntamente se trataría de dos empresarios muy conocidos por los veracruzanos: un ex gobernador que desde que dejó el Palacio de Gobierno anda volando muy alto con su compañía de aviación, y un ex alcalde y ex diputado local de Xalapa que precisamente en el sexenio de su socio fue perseguido judicialmente por una institución bancaria.
 
H. YUNES, DE XOLO
 
El que de momento se despojó de la camiseta de Los Tiburones Rojos de Veracruz y se puso la de Los Xolos de Tijuana fue el senador veracruzano Héctor Yunes Landa, actual delegado del CEN del PRI en Baja California Norte, a quien este jueves por la noche se le vio muy emocionado en el palco principal del Estadio Caliente al lado del empresario Jorge Hank Rhon, dueño del equipo de los famosos perros que terminaron empatando a 2 goles con el club brasileño Atlético Mineiro, liderado por el famoso Ronaldinho, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.