El factor de cohesión de una sociedad es el poder. El poder de un Aparato especial y específico. Este Aparato conglutinante es el Estado. Es un Aparato poli funcional. El Estado moderno es un Aparato de comando y de control sobre la sociedad. Y, al mismo tiempo, también comanda la evaluación, previsión, organización y dirección de las acciones para garantizar y expander las libertades de los ciudadanos. En las sociedades que conjugan una cultura moderna, un sistema político democrático y un sistema económico y social desarrollado, el Estado toma la forma de un conjunto de instituciones públicas que permiten orientar el desarrollo de la nación, luchar contra la competencia de otras naciones y, al mismo tiempo, asociarse con ellas y proteger y hacer productivo su medio ambiente.
 
El Estado no se reduce a la representación simbólica y a la fuerza política del Poder Ejecutivo. Incluye a todas las instituciones públicas, que expresan la calidad del capital social, público/gubernamental, de una sociedad. Su funcionamiento democrático requiere cumplir premisas básicas: 1.- la separación formal, legal, de los poderes; 2.- la primacía del cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos; 3.- la separación y vínculos entre sociedad civil, sociedad política y poder ejecutivo. La sociedad política es mediadora entre la sociedad civil y el poder ejecutivo. La democracia concierne, en consecuencia, a la sociedad política (poder legislativo, partidos políticos e instituciones electorales) en su doble autonomía: respecto del poder ejecutivo y respecto de la sociedad civil.
 
Por su parte la sociedad civil es más que el principal actor económico de un país. Es el seno de producción y reproducción de los valores culturales y las relaciones sociales. Reconocer y fortalecer la autonomía de la sociedad civil es la condición primera para que surja la democracia, ya que su separación respecto del Estado, básicamente del Poder Ejecutivo, permite el surgimiento de la sociedad política. No hay democracia sin economía de mercado (que es la destrucción de los controles políticos de la economía, la precondición del desarrollo capitalista, modo de desarrollo que a su vez envuelve al sistema económico y a las relaciones sociales) pues la democracia es, sobre todo, un sistema de gestión política del cambio social.
 

Sirvan estas premisas para afirmar que resulta sumamente difícil construir un gobierno democrático que sea eficaz y eficiente. Éste depende de sus condiciones históricas, su nivel de desarrollo tecnológico y de la existencia de estas relaciones dialógicas de autonomías y dependencias: entre el Estado y a la sociedad civil y entre ésta y la sociedad política. En el caso de México, con un Estado que hasta hace muy poco tiempo abarcaba toda la escena pública; y que todavía no consigue el equilibrio entre autonomía y dependencia de los actores antes mencionados, se ha impuesto la idea de que es posible erradicar las ideologías y proponer una idea eminentemente técnica sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Y no sólo la idea. En la práctica política, el Pacto por México aparece como una medida eficaz para solucionar, en parte, las debilidades institucionales del país. Sin embargo, los pactos que sustituyen a las instituciones, no pueden ser vistos como buen ejemplo de eficacia y eficiencia democráticas.
 
Un buen gobierno no puede ser únicamente eficaz. ¿Por qué? Porque sería un gobierno centrado obsesivamente en alcanzar metas, bajo el supuesto de que siempre conociera las causas verdaderas y únicas de los problemas, para producir, en todos los casos en los que intervenga, la virtud del efecto único esperado. Sería ésta una versión peligrosa de gobierno, reducido a su propósito de obtener sus fines, cuyo logro justifica el uso de todos los medios, concepción éticamente indeseable. Un buen gobierno tendría que ser, también, eficiente. Este gobierno agregaría la capacidad de la utilización racional de todos los recursos a su alcance, adecuándolos a cada circunstancia y problema. Esta actitud expresaría el rendimiento siempre satisfactorio, imputable a una búsqueda sistemática y voluntaria del mejor efecto posible.
 
No sólo la debilidad de las premisas políticas antes señaladas han impedido al país tener un gobierno eficaz y eficiente. También nos han afectado los excesos de racionalidad; la desmesura de la fantasía, así como el abundante capricho infantil de realizar abundantes ofrecimientos electorales y de querer realizar todos nuestros deseos, todos a la vez y de manera inmediata, y sin grandes sacrificios. Estos elementos se conjugan para abrigar grandes esperanzas, que son seguidas de desencantos aún mayores. Le otorgamos al poder ejecutivo demasiadas virtudes, a la burocracia excesiva racionalidad y tomamos nuestras desmesuradas fantasías como realidades. Hemos prescindido casi siempre de la mesura que nos ofrece la experiencia de lo que Edgar Morin llama la “Ecología de la Acción”.
 

Su expresión coloquial es que el momento de mayor control que tienen los tomadores de decisiones sobre sus acciones es, precisamente, cuando las ponen en movimiento. A partir de ahí, la decisión entra en un juego humano de interpretaciones con sus valores, actitudes, conductas, comportamientos que expresan apoyos y rechazos a la decisión original, sujeta a la defensa de intereses que van degradando la eficacia de las acciones. En algunos casos, las buenas intenciones iniciales terminan en malos resultados. Dice Borís Pasternak en El doctor Zhivago, a propósito de las primeras intenciones de los revolucionarios y sus soviets: Pero semejantes cosas viven en su pureza inicial sólo en la mente de quienes las han concebido sólo el primer día de su proclamación. Al día siguiente, sin ir más lejos, la oportunidad política les da la vuelta.
 
Pero la idea de contar con un buen gobierno, que ofrezca buenos resultados con sus decisiones y acciones debe ser bien recibida. Un gobierno eficaz y eficiente debiera expresar lo que en Estados Unidos es valorado como una virtud. Me refiero a la capacidad de logro o de realización, cualidad que diferencia a los seres humanos respecto a otros animales. La capacidad de logro es innata al ser humano y se encuentra en su cerebro. Estamos hablando del capital humano en su expresión más auténtica. Y esta capacidad de logro, la virtud de realizar en la práctica lo que fue concebido como imaginación, adquiere, gracias a las organizaciones, una potencia prodigiosa. En efecto, las organizaciones públicas llamadas instituciones hacen real la potencia del hombre individuo, del hombre de Estado y del Estado mismo. De la misma manera, las organizaciones políticas hacen realidad las capacidades de logro de los partidos políticos y de los parlamentos. Y, por su parte, las organizaciones privadas y sociales hacen crecer enormidades las capacidades de realización de los seres humanos que se desenvuelven en el marco de la sociedad civil.
 
¿Cómo ligar estas concepciones que en conjunto deben definir lo que sería un buen gobierno, es decir, un gobierno pertinente, en cambio constante dentro de su permanencia política? Existe una manera de definirlo. Es más: existe la posibilidad de definir su desempeño e inclusive de medirlo. Es uno de los logros matemáticos más útiles y poderosos de las ciencias sociales, pues conjuga una variedad de decenas de variables, con un método que hace posible especificar su interrelación, y sus resultados permiten, inclusive, establecer escalas para comparar los logros en términos de eficiencia, eficacia… y algo más. Tal vez sea su procedencia técnica y matemática, o que en los estudios y comparaciones a México no le va tan bien como fuera deseable, pero el caso es que nuestro país ese concepto no es utilizado a pesar de su potencial explicativo, programático y creativo. Es más: se le desprecia y se le considera una invención tecnocrática del neoliberalismo para desprestigiar a los países en desarrollo.
 

Ese concepto es la competitividad. Tener un gobierno competitivo es poseer un gobierno pertinente, eficiente y eficaz. Pero la competitividad de un país también incluye la competitividad de la sociedad civil y de la sociedad política, elementos sin los cuales es imposible hablar de un gobierno con capacidades de logro, un gobierno de resultados a la altura de nuestros deseos. Si queremos hacer realidad la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de “democratizar la productividad” para definir a la libertad como condición para alcanzar el desarrollo; si verdaderamente queremos que exista en todo México “democrática productividad”, entonces requerimos con urgencia ser más competitivos, empezando por las estructuras de gobierno.
 
La competitividad no es sólo tecnocracia, sino que engloba una historia humana noble. Incluye los aspectos de competencia, de lucha por la sobrevivencia, acto humano si los hay. Competir es además una palabra del lenguaje del poder. Designa una relación fuerte entre una autoridad pública y sus aptitudes reconocidas legalmente. Implica una conexión entre el Estado y una persona y sus habilidades y saberes. Engloba al vocablo competente, es decir, a las personas con derecho a conocer de ciertas materias y, también, a aquellas personas capaces de juzgar correctamente una cosa en virtud de la profundidad de sus conocimientos.
 
Competitividad está engarzada con competidor, en tanto persona que busca. Los competidores buscan un mismo objetivo, por lo cual compiten y entran en concurrencia, es decir, son concurrentes quienes asisten a un reencuentro en términos de complementariedad y rivalidad. También involucra, en las relaciones sociales, a los combatientes, a los que luchan contra alguien, que toman parte en un combate. Combatir y competir forman parte de la vida cotidiana de los individuos y, desde hace algunos años, también de los grupos y comunidades, desde equipos pequeños hasta sociedades enteras.
 

El valor estratégico de la competitividad consiste en que forma parte de una conducta que busca mejoría, que tiene aspiraciones, que busca consolidar un mejor futuro. Es una cualidad de personas que buscan un mismo resultado y por lo tanto aceptan la existencia de concurrencia, de concurso, de conflicto y de rivalidad. Esta lucha se escenifica en la política, en el mundo empresarial, en la esfera universitaria o en el mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado. Una persona o un grupo son, pues, competentes y combatientes por su naturaleza biológica y social: agregan a sus cualidades personales, o grupales, los atributos para combatir y vencer la concurrencia, la oposición de sus rivales.
 
La competitividad también es concurso, encuentro, correr juntos y llegar juntos a una meta. Desear lo mismo. Un gobierno democrático y competitivo llega a sus metas de la mano con los ciudadanos, con su sociedad. Los humanos vivimos en el territorio del Petere.cum: del juego de la unión, con la asociación y con la complementariedad. Una sociedad es siempre, afirma Edgar Morin, la compleja unión de la comunidad y la rivalidad, de la coalición y la competición, de los intereses egocéntricos y los intereses socio-céntricos que deben ser armonizados para llegar a las metas de la mano. Requerimos, pues, de un gobierno pertinente: eficaz, eficiente y, sobre todo, competitivo.