Una habitual conseja para la autoridad de una comunidad es “dejar hacer, dejar pasar” --en lenguaje llano: no moverle…--. Todos sabemos que con el tiempo los males se acumulan y los problemas empeoran. Esto, sucede en cualquier país, pero particularmente en aquellos donde la civilidad no se ha implantado o, lo que es peor, se ha perdido.
 
Los tiempos de México estallan hoy en violencia en las disputas por el poder y el dinero. El gobierno, los partidos y los sindicatos no se ponen de acuerdo; las bandas no descansan. Este andamiaje de fuerzas encontradas no tienen la intención de atender el interés de las mayorías. Mientras en el discurso se habla de sentar las bases para erradicar la pobreza --¡Ahora sí! --, la fuente mayor de los recursos presupuestales, Pemex, sigue siendo objeto de robos, corrupción y mala administración. ¿La iniciativa de ley que se apruebe resolverá esos males?
 
Estas son algunas de las preguntas sobre las reformas aprobadas y por aprobar: ¿Qué es patriótico o cuáles son los indicadores de que algo lo sea? ¿Deben ser evaluados los maestros, o mejor dicho, cómo deben ser evaluados y por quiénes? ¿El salario y las prestaciones de los trabajadores al servicio del estado, sean del sector energético o magisterial, qué nivel de poder adquisitivo debiesen tener para asegurarles una vida digna? ¿Cuál es la seguridad social que necesitan los mexicanos, especialmente su población económicamente activa y quienes, hasta hoy, carecen de una pensión?
 

Las reformas constitucionales y las leyes secundarias que permiten su operatividad hubieran requerido de una consulta y varios acuerdos, no sólo de los representantes legislativos --diputados y senadores-- sino de los trabajadores afectados -- que son una gran masa--. Se dirá eso no es posible, pues se volverían interminables las discusiones y su procesamiento. Para eso, están los medios masivos de carácter público y las tecnologías de la información, para informar lo que se pretende cambiar. Una cuestión es esencial antes de cada reforma, los legisladores deben aclarar por qué y para qué los cambios. Convencer con datos y argumentos y en los asuntos de interés general para la nación acudir al referéndum.
 
No se cumplió ni con el proceso informativo generalizador, ni con el diálogo necesario para alcanzar coincidencias y acuerdos mayoritarios; se ahorra tiempo, pero se suscitan suspicacias. Pero nada justifica la violencia y menos el abandono de las responsabilidades laborales, que en el caso de la educación conlleva graves secuelas para los educandos. Los cambios son necesarios, pero antes la colectividad debe estar mayoritariamente de acuerdo.