Iniciamos el año 2014 con un nebuloso panorama en cuanto al rumbo del país. El ímpetu reformador del presidente Enrique Peña Nieto, avalado por una domesticada oposición panista y perredista y, sobre todo, legitimado por el autismo de la mayoría de la sociedad mexicana, dio lugar en su primer año de gobierno a un conjunto de modificaciones constitucionales que, nos dicen, habrán de pavimentar el camino hacia un mayor desarrollo en todos los órdenes, pero que en la práctica se nos presentan como un largo y oscuro túnel del que no sabemos si saldremos o si lo haremos bien librados.
 
Porque en lo inmediato el horizonte promisorio que nos dibujan se materializa en un dificilísimo arranque de año marcado por nuevos impuestos, alzas de precios, persecuciones del fisco, indefinición en el aterrizaje de los cambios en materia político-electoral, un grave repunte de la violencia y la inseguridad, que han llevado a una situación de franca ingobernabilidad a entidades como Michoacán, y una ensalada de reformas legales que aun deben ser aprobadas, en donde de nueva cuenta entrará la puja de los adversarios políticos por sacar ventaja y buenas tajadas con la aprobación de la letra menuda que significan las leyes secundarias.
 
2013 fue el año de las reformas. Reformas de gran calado, la de materia energética particularmente, en cuyo proceso de aprobación solo fuimos espectadores, sin capacidad de incidir, mover o conmover a senadores y diputados que escudados en el sistema de representación, nos dijeron que al haberlos elegido les dimos la patente de corso para aprobar lo que fuera: lo mismo la entrega de la renta petrolera a los grandes capitales nacionales y extranjeros, que hacer un engrudo en la reforma política-electoral, o aprobar una reforma fiscal en la que con el impuesto especial sobre productos y servicios –un IVA disfrazado, creado para tapar el hoyo presupuestal que dejará el nuevo estatus de la actividad petrolera, se dio una puñalada a las clases populares y se acelera el proceso de pauperización de las clases medias.
 

Todo por cumplir una ambiciosa agenda de reformas, las más con intención efectista, y con la mira puesta en buenos negocios, desde luego, pero que no atacan el principal lastre de nuestro desarrollo que es la brutal corrupción que impera en la vida pública.
 
 
 
 
Con todo y que en diciembre se aprobó en comisiones unidas del Senado el dictamen en materia de combate a la corrupción, que plantea la creación un órgano anticorrupción federal y los correspondientes en las entidades de la República, como fue el compromiso de Peña Nieto en su campaña, los hechos contradicen esta presunta intención moralizadora.

 
Basta ver que mientras en la última medición de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción a nivel global, México se ubicó en el último lugar de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al colocarse en la posición 106 de 177 países, la reforma energética de Peña Nieto, por citar un ejemplo, no se plantea ningún combate a la corrupción dentro de Pemex, ni al despilfarro que han hecho sus directores y el líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps.
 
¿Puede haber desarrollo y crecimiento económico sin combate a la corrupción?
 
Cuando se hacían cuentas y ajustes en el proceso de aprobación del presupuesto para este año para ver de dónde sacarían los recursos que hacen falta en el boquete financiero que dejará el compartir la renta petrolera, se dejó de lado la cuantificación de lo que puede ahorrarse si de verdad se ajustan el cinturón nuestros gobernantes y, sobre todo, si se empiezan a cerrar los resquicios a la lógica de corrupción y negocios al amparo del poder, donde la danza de los millones es portentosa.

 
Porque si de que alguien cargue con el peso del ajuste se trata, bueno sería que se revisaran incontables casos de ejercicio patrimonialista del poder en las esferas federal o de los estados y municipios para corroborar que hay mucha, muchísima tela de donde cortar. Pero eso no sucede.
 
Los ejemplos de enriquecimiento desmedido a costa de puestos o cargos públicos son infinitos, lo mismo que el quebranto de haciendas públicas estatales o municipales, con el consiguiente crecimiento de la inestabilidad política y el persistente desgaste de las relaciones sociales e institucionales que amplían cada día más el abismo que separa a gobernantes y gobernados.
 
En términos de funcionalidad del régimen y de su entramado institucional, en la corrupción podemos encontrar la fuente de la pérdida de legitimidad política y la ineficiencia burocrática, y, desde luego, buena parte del déficit en las finanzas públicas.

 
Porque no habrá medidas para incrementar los ingresos fiscales que funcionen cuando el ciudadano está convencido que las administraciones públicas se dedican a satisfacer intereses de grupos, sectores o individuos con quienes se mantienen relaciones de subordinación o de negocios y que los políticos viven a cuerpo de rey con el presupuesto público.
 
Ya estuvo bien de que el peso de la crisis recaiga en los de siempre, mientras seguimos llevando el registro de gastos, negocios, fortunas y enriquecimiento de políticos, funcionarios o gobernantes que se sacan la lotería del poder y todavía lucen o defienden esos recursos mal habidos con total desparpajo y cinismo, o son premiados con nuevos cargos públicos, mientras el hoyo en las finanzas públicas se ensancha. Así no hay programa de ajuste económico ni reformas que funcionen.
 
“No se hagan pendejos, no necesitamos tantas reformas, solo necesitamos que dejen de robar” dice, como siempre, con toda razón, la inagotable sabiduría popular.

 
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