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Columnas y artículos de opinión
De Interés Público
El falso debate sobre el impuesto predial
Emilio Cárdenas Escobosa
3 de marzo de 2014
alcalorpolitico.com
En los días recientes se ha generado una polémica por la posibilidad de que el Gobierno de Veracruz administre el impuesto predial que cobran los municipios. Se trata de un falso debate que parte de no conocer los contenidos de la Reforma Hacendaria propuesta por el Gobierno de la República y que fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de octubre de 2013.
 
Si nos tomamos la molestia de leer los documentos y la exposición de motivos de las modificaciones legales veremos que existe confusión por parte de quienes cuestionan que esto pueda ocurrir. No es un asunto que esté planeando el gobierno estatal y que se pretenda presentar como iniciativa al Congreso local, como equivocadamente se ha señalado; es, simple y llanamente un tema que prevén ahora ordenamientos legales como la recién reformada Ley de Coordinación Fiscal
 
En la Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, puede leerse que con la iniciativa se busca fortalecer la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno, a través de robustecer los incentivos recaudatorios de las entidades federativas y municipios que se otorgan mediante los Fondos de Participaciones Federales.
 

Se señala que se pretende apoyar a los municipios del país para alcanzar y mantener finanzas públicas sanas, mediante la implementación de un sistema de estímulos y esquemas dirigidos a garantizar entre otras cosas el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial.
 
El meollo del asunto está en que en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal se propone aprovechar las ventajas comparativas y las economías de escala de las entidades federativas, a través de su estructura administrativa y recaudatoria, a fin de que se establezcan medidas que permitan potenciar el cobro del impuesto predial, mediante la firma de convenios entre las entidades federativas y los municipios para la operación del cobro del impuesto predial con la finalidad de incrementar la eficacia en el mismo.
 
Para ello se hicieron modificaciones a la fórmula del Fondo de Fomento Municipal con el objeto de incentivar a los municipios para beneficiarse con más fondos a partir de que convengan con los gobiernos de las entidades federativas la administración de este gravamen.
 

Así, tal cual, rezan las disposiciones aprobadas que establecen una nueva fórmula para la distribución de ese Fondo. La fórmula garantiza que las entidades recibirán el mismo monto que recibieron en 2013, mientras que el excedente se distribuirá en un 70% conforme a los criterios vigentes hasta ese año y el 30% restante, con base en el porcentaje que represente el incremento en la recaudación del impuesto predial, respecto de la misma en el total de las entidades que –ojo- tengan la responsabilidad del cobro del tributo en mención.
 
 
Es decir que si se conviene entre un municipio y el gobierno estatal que éste administre el predial, el municipio en cuestión será beneficiado con más recursos. Situación que es potestad de los gobiernos municipales determinar, si así lo autorizan sus cabildos. No es una obligación y queda al criterio del cuerpo edilicio si desean o no verse beneficiados con mayores recursos del Fondo de Fomento Municipal. Tan simple como eso.
 
 Entonces, la confusión y los reclamos de algunos munícipes y analistas que se han apresurado a descalificar sin más la posibilidad de que se convenga centralizar la administración del impuesto predial parten del desconocimiento de lo que el Congreso de la Unión aprobó en octubre del año pasado.

 
El gobernador Javier Duarte de Ochoa ha precisado que no existe iniciativa alguna para que su gobierno administre el predial y en idéntico sentido se han pronunciado legisladores locales y el Presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, quien explicó en conferencia de prensa que todo este asunto deriva de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y que para que la administración estatal administre ese impuesto se debe suscribir un convenio que es voluntario y que los ayuntamientos que no quieran aumentar sus participaciones por esta vía continuarán como hasta ahora.
 
Tan simple como eso. Las descalificaciones, los juicios y las opiniones a la ligera son resultado del desconocimiento y la falta de una lectura acuciosa de temas tan trascendentes para todos como la reforma hacendaria y fiscal. Ni más ni menos.
 
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