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Columnas y artículos de opinión
De Interés Público
La reforma energética y la vuelta al pasado
Emilio Cárdenas Escobosa
12 de mayo de 2014
alcalorpolitico.com
Si usted vio la famosa película mexicana La Rosa Blanca del cineasta Roberto Gavaldón, aquella polémica cinta que estuvo enlatada muchos años y que presenta la historia de Jacinto Yáñez, interpretado por Ignacio López Tarso, un ejidatario analfabeta que es propietario de un rancho donde vive tranquilamente con su familia en el estado de Veracruz y cuya vida se trastoca al aparecer la codiciosa compañía petrolera estadunidense Condor Oil, la que intenta por todos los medios que don Jacinto le venda su tierra y que al final no repara en nada para lograrlo, estará de acuerdo que es un filme impactante que revela en toda su crudeza la explotación y abusos por parte de las compañías petroleras en la Huasteca, justo antes de la expropiación petrolera de 1938.
 
Por esta razón es difícil dar crédito al contenido del paquete enviado por el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, al Congreso de la Unión para la legislación reglamentaria de la reforma energética, que según nota del diario La Jornada de este domingo 11 de mayo, contempla “incentivar” a las petroleras privadas nacionales y extranjeras para que inviertan en México a través de otorgar facultades a la Secretaría de Energía para ordenar la expropiación de los terrenos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas que llevarán a cabo esas empresas.
 
Según esta información, en la ley de hidrocarburos propuesta se otorga a las transnacionales y los consorcios privados en bandeja de plata la posibilidad de hacerse de las extensiones de tierra que les plazca, justo como aconteció en la época porfirista y como fue la forma en que operaron el negocio del petróleo hasta 1938, cuando los excesos y abusos de las empresas llevaron al entonces presidente Lázaro Cárdenas a anunciar aquel 18 de marzo, como resultado de la aplicación de la Ley de Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, la expropiación de sus bienes.
 

No son gratuitos, en consecuencia, el impacto y la trascendencia histórica del anuncio del mandatario federal michoacano de expropiar por causas de utilidad pública la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y, en general, todos los bienes muebles e inmuebles de compañías como El Águila, la Huasteca Petroleum Company , la Sinclair Pierce Oil Company, la California Standard Oil Company of Mexico, entre otras, que en el colmo de la arrogancia y desdén hacia las leyes nacionales se negaron a acatar la sentencia emitida por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios a los obreros y trabajadores de esta industria, decisión ratificada entonces por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
 
 
Han sido innumerables los testimonios recogidos por historiadores acerca de la forma en que se condujeron los directivos de esos consorcios en aquellos años, de su prepotencia y la manera en que apoyados por guardias blancas, en arreglo con caciques locales y con la total tolerancia de los gobiernos de los estados y de la federación, hicieron de la amenaza y el hostigamiento hacia propietarios de tierras en las zonas en que se asentaban sus instalaciones, práctica común que les permitió la apropiación ilegal de amplias porciones del territorio nacional.
 

En su biografía Una vida en la vida de México, don Jesús Silva Herzog, el prestigiado economista, catedrático e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tuvo a su cargo el comité del tema petrolero que condujo a la nacionalización en el gobierno de Lázaro Cárdenas, relata buena parte de esta historia que atinadamente llamó la Epopeya del Petróleo en México y donde encontramos pasajes de los excesos y arbitrariedades cometidos por los directivos de empresas extranjeras y sus agentes que creían que el petróleo les había sido escriturado indefinidamente, lo que, como apuntamos líneas arriba, inspiró la notable historia del escritor Bruno Traven que fue adaptada por Emilio Carballido y llevada al cine en 1961 por Roberto Gavaldón, el aclamado director y coguionista de esta producción.
 
Con esos antecedentes, está de no creerse la iniciativa de que exista una nueva figura jurídica denominada servidumbre legal de los hidrocarburos, mediante la cual las trasnacionales podrán apropiarse de terrenos, bienes muebles y derechos requeridos para explorar y explotar petróleo y gas, cuando no hubieran llegado a un acuerdo sobre el precio a pagar con los dueños.
 
Porque ya podemos adivinar la manera en que se harán de terrenos, edificios o derechos para el desarrollo de sus negocios. Como lo hicieron antes de la expropiación petrolera y como siguen haciéndolo en otras ramas de la industria o de las actividades productivas, cuando de inversiones redituables se trata. De prosperar la propuesta será perfectamente legal que, en aras del fomento a la inversión y a las presuntas bondades que traerá la reforma energética, se hostigue a un propietario para que venda sus posesiones. La historia, justamente, de La Rosa Blanca.
 

Es una regresión que a todas luces no puede ni debe aceptarse. Ojalá recapaciten los autores de esta iniciativa y que se defienda en el Congreso de la Unión lo que todavía puede defenderse en el polémico camino de la apertura en materia energética.
 
Ver para creer, dirán muchos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
 
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