Las condiciones en las que dejaron muchos ex alcaldes a los ayuntamientos de Veracruz son verdaderamente desastrosas. Tal parece que las administraciones del recién fenecido trienio estuvieron en manos de la delincuencia desorganizada, porque lo único que se encuentra en la entrega recepción de muchos de los ayuntamientos del estado, además de toneladas de basura inservible y caos administrativo, son actos delictivos por doquier. El desaseo que distingue a la herencia de las pasadas administraciones municipales es realmente impresionante, tal parece que existía en los munícipes pasados la absoluta garantía de impunidad, como para actuar sin el menor rubor, como si hubiera existido permiso tácito o expreso para que dieran rienda suelta al pillaje y a la desorganización administrativa y financiera, bajo la certeza de que nada les habría de pasar.

No solo obras mal hechas, de ínfima calidad y de menor utilidad, que en muchos de los casos no resistieron ni siquiera el tiempo suficiente para el acto inaugural, en muchos ayuntamientos no se encuentran ni siquiera datos que lleven a conformar el esqueleto administrativo más elemental, al grado de encontrar dificultades para el pago de la primer nómina a los nuevos funcionarios y al personal sindicalizado. Mal, muy mal para estos incapaces y corruptos, pero mucho peor para los órganos responsables de castigar estos desperfectos políticos si se hacen de la vista gorda o si entran en franca complicidad con los responsables para evitar su sanción, administrativa o penal.

El desorden, producto de la incapacidad, de la irresponsabilidad o de la abierta perversidad, no se veía desde la tristemente célebre gestión chiriyunata, cuya existencia se explicaba por el poderío de cierto funcionario de primer nivel que pretendía conformar un cerco de complicidades para intentar su reelección, sin importar que fuera a costa de vaciar las arcas bajo la más absoluta impunidad; apetito que se favorecía por las prolongadas ausencias del gobernador formal que ni cuenta se daba de lo que sucedía en su entorno, ya sabemos por qué.


La red de complicidades incluía a los fiscalizadores, que se arreglaban con el infractor dejándole cien salidas para el caso poco probable de que fueran llamados a cuentas por la Procuraduría de Justicia. Esta fue la razón principal por lo cual propuse al maestro Pericles Namorado Urrutia y después entregué directamente el proyecto al gobernador Miguel Alemán, para la creación de una fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos, operada por personal especializado en la gestión pública, conocedor de planes y de programas, de obra pública y del marco normativo, sobre todo de la gestión municipal, para que pudiesen integrar mejores investigaciones ministeriales, que llevaran a los infractores a ser sancionados, como debe ser. Candidatos naturales existen más de uno en este momento. Voluntad política también debe haber, al menos en los más notables casos porque, se puede ser puerco, dicen por ahí, pero no trompudo. Esa es la cuestión.