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Columnas y artículos de opinión
Plan B
El pacto de impunidad
Lydia Cacho
25 de agosto de 2014
alcalorpolitico.com
Cuando los estrategas de Presidencia comenzaron a organizar el programa de
publicidad sobre las reformas estructurales, y en particular para promocionar la
reforma energética, lo hicieron con la clara intención de demostrarle a la
sociedad que ha sido crítica con sus reformas que su postura es inamovible y que
tiene cómplices en muchos medios para demostrarlo. Las apariciones del
Presidente en la televisión matutina y en el especial paradójicamente bautizado

Conversaciones a fondo son un puñetazo en la mesa, un grito del patriarca para
decir las cosas son así porque yo lo digo, son una muestra de la debilidad del
Presidente, que se siente profundamente afectado frente a la crítica y se ve en
la necesidad de crear un ambiente quirúrgicamente controlado para hacer un
montaje que simule el diálogo. Televisa organizó esta entrevista artificiosa, y
de paso humilló a Ricardo Salinas invitando a Lilly Téllez a posar como maniquí

del periodismo zombie y adulador. Criticar esta estrategia de medios no es útil
sin entender el contexto en que se está construyendo el discurso de la
“estabilidad nacional”.
 
 
Podemos comprenderlo si miramos los documentos fabricados por los gobiernos

falseando las cifras de delincuencia. Todo parece indicar que la estrategia
peñanietista se basa en la idea metafísica del decreto: si decretas que todo va
mejorando eventualmente mejorará. Miente para afectar la percepción de la
realidad, dice un libraco de autoayuda que probablemente haya leído algún asesor
de Los Pinos.
 

 
Para entender a dónde va Peña Nieto necesitamos recordar que durante la
alternancia panista se desmoronó el régimen priísta experto en administrar la
violencia y la ilegalidad. De la impunidad administrada llegamos a la impunidad
masificada. Durante la época de oro del priísmo se regularizó la violencia
dentro del acuerdo social, se asimiló la tolerancia hacia la corrupción, se

masificó la impunidad. Ya no era sólo para élites empresariales y políticas, de
pronto la delincuencia organizada irrumpió para insertarse en el poder formal,
comenzó a controlar los mercados informales y a infiltrarse en los formales por
medio del blanqueo de capitales, e invirtieron en campañas políticas. Tantas
décadas de gobiernos de simulación priísta reventaron con la llegada del PAN y
su gobierno desarticulado y opresor, pero con una apertura que los medios no

habíamos conocido. Ahora ha vuelto el PRI y logró cooptar a la CNDH para
demostrarnos que la cultura de los Derechos Humanos no se solidificó. Hay una
estrategia política detrás del silenciamiento del disenso y de la unificación de
criterios editoriales en muchos medios; y esto es importante porque cualquiera
que entienda los principios de los gobiernos opresores sabe que éstos hacen todo
lo que está en sus manos para ocultar el caos que genera la diversidad

ideológica, esa diversidad que eventualmente crea movimientos sociales cuya meta
es hacer contrapeso al poder formal en la búsqueda de justicia y equidad.
 
 
El mercado ilegal ha sido una válvula de escape para la exclusión social y a la
vez la delincuencia organizada es una forma de vida sostenida en un pacto de

Estado. Ese pacto se rompió el sexenio pasado y se debilitó la capacidad del
Estado para administrar la violencia. Ahora arrasan con los mecanismos de
transparencia y nos dicen que los están fortaleciendo mientras los hechos
demuestran lo contrario. Lo cierto es que las estadísticas de impunidad y
corrupción han demostrado una y otra vez que el Estado no está capacitado para
imponer la ley; por eso construyen un simulacro de estabilidad política y

económica. Definimos la impunidad como la ausencia de castigo de un delito, sin
embargo tiene muchas caras, la impunidad se construye primero con el simulacro
del Estado de Derecho. La estrategia de simulación que se está montando tendrá
un costo monumental para la sociedad y para los medios.