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Seccin: Estado de Veracruz

Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz requiere más personal para abatir rezago

- En 2018, se atendieron 921 asuntos, 24.8% más en relación con el año 2017
- Aumento de asuntos es por creciente número de afiliados a los diversos servicios de salud pública
- Médicos ignoran alcances de su responsabilidad en el ejercicio de su profesión, refiere informe

Javier Salas Hernndez Xalapa, Ver. 12/02/2020

alcalorpolitico.com

Derivado del análisis de las quejas médicas atendidas, orientaciones, gestiones y dictámenes, la Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz ha detectado un gran desconocimiento de la responsabilidad de los prestadores de servicios médicos, tanto públicos como privados, en el ejercicio de su profesión ante la sociedad veracruzana.
 
Además, producto de diversos factores como el creciente número de afiliados a los diversos servicios de salud pública, en contraposición de un lento crecimiento en la infraestructura y personal médico de atención, las quejas médicas han ido en aumento.
 
En su Programa Institucional 2019/2024, ese organismo público descentralizado establece acciones para contribuir a hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de la población.
 
En el programa se señala que en el periodo de enero a diciembre de 2018, se atendieron 921 asuntos con un incremento de 24.8% en relación con el año 2017, de los cuales, se concluyeron 898 asuntos, que corresponde al 98% de los asuntos recibidos.
 
En el Departamento de Conciliación se concluyeron, en el 2018, 83 casos, de ellos, 33 se resolvieron mediante convenios de conciliación, en 20 casos no se logró conciliar y se dejaron a salvo los derechos del quejoso, remitiéndose 4 casos al Departamento de Arbitraje para someterse al procedimiento correspondiente, 6 fueron enviadas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y 20 quejas fueron archivadas por sobreseimiento.
 
Ese organismo reconoce que ante la gran solicitud de diversas instituciones para la elaboración de dictámenes, es necesario ampliar la plantilla de especialistas en ese Departamento para abatir el rezago.
 
Además, sostiene que dentro de los factores que han impedido el desarrollo de este organismo está, principalmente, la falta de recursos para concretar las siguientes acciones:
 
Pago de asesores externos, contratación de personal médico especializado, implementación de las 4 oficinas regionales (Poza Rica, Xalapa, Río Blanco y Coatzacoalcos) y que están contempladas en el Decreto de Creación, ya que sólo se cuenta con una sola oficina situada en el Municipio de Boca del Rio para todo el Estado.
 
Falta de difusión del organismo a la población en general, generado por la falta de recursos. Falta de vehículos para asistencia a los hospitales de diferentes ciudades del Estado para actividades de capacitación y enseñanza.
 
Por lo que uno de los retos contemplados dentro del programa institucional es contar con nuevas y adecuadas instalaciones de la oficina Central; tener un parque vehicular completo y adecuado; instalación y funcionamiento de las 4 Oficinas Regionales para atender los conflictos en cada región; e inclusión en la Ley de Salud del Estado de Veracruz como medio Alterno para la solución de conflictos médico-legales con atribuciones vinculatorias.
 
Aunado a ello, la Comisión de Arbitraje Médico, a través de acciones como la Investigación, Difusión y Enseñanza, continuará desarrollando y difundiendo, recomendaciones y actividades educativas para mejorar la calidad de la práctica de los profesionales de la salud, la seguridad del paciente y la protección a los usuarios de los servicios de salud, tanto a médicos en ejercicio como a estudiantes de la carrera.
 
El organismo, tomando en cuenta el objeto de la creación de ser un medio especializado alternativo para la solución de conflictos y de regulación de las conductas derivadas del acto médico, se ha destacado por ayudar a la disminución de la carga de asuntos a las diversas instancias jurisdiccionales, dirimiendo el conflicto en una instancia de carácter conciliatorio, mediador y evitando consecuencias de carácter penal y civil bajo los principios de confidencialidad, equidad, imparcialidad y gratuidad.
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