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Para la reforma electoral

Comité Conciudadano acusa descuido en selección de consejeros del IFE

- Diputados no asistieron a todas las entrevistas de los 106 candidatos - Confundieron requisitos legales con criterios de valoración, por ello es riesgosa la insaculación entre los 39 aspirantes que pasaron a la tercera fase del proceso - Crimen organizado amenaza a todo el sistema electoral del país: Hernández Lara

Ram?n Moreno Alvarado Xalapa, Ver. 23/01/2008

alcalorpolitico.com

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) acusó a los integrantes de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de llevar al país a una crisis constitucional por posponer la selección de los tres nuevos consejeros del IFE, por la invasión a la autonomía del organismo al determinar que la Contraloría la designe la Cámara y por el trato diferenciado que tuvo para llegar a la tercera fase en que sólo quedaron 39 aspirantes.

En un comunicado que firmaron Sergio Aguayo Quezada, Alberto Aziz Nassif, Roy Campos, Miguel Concha Malo, Denise Dresser, Clara Jusidman, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Alberto Olvera, Ernesto Isunza y otros 40 intelectuales más integrantes de 10 asociaciones civiles y universidades, exhortaron al Consejero Presidente Provisional y a los Consejeros Electorales para que reconsideren seriamente su permanencia en el Consejo General del IFE.

En su documento de 10 páginas en el que hicieron un balance de los aportes, peligros y retrocesos de la reforma, el CCRE consideraron que es un avance la consulta social para nombrar al Presidente del Consejo General del IFE y a los nuevos consejeros, pero los legisladores no han sido “imparciales ni exentos de sus filias y fobias”, porque al pedir información de los criterios aplicados en la primera depuración de los 106 candidatos, les contestaron un mes después que estaban establecidos en el Artículo 76, del COFIPE y la Convocatoria para la Integración del Consejo Electoral del IFE del 20 de noviembre de 2007.

Y que son “poseer título profesional o formación equivalente, tener conocimiento en la materia político-electoral y el ensayo sobre la aplicación de la Reforma Constitucional en Materia Electoral”, lo que demuestra confusión entre criterios de evaluación y requisitos, además que fue notable la ausencia de diputados y diputadas en las rondas finales donde las entrevistas sólo las hicieron dos legisladores, por ello no todas las calificaciones resultaron consistentes con respecto de la percepción pública y comprobable del nivel de conocimiento, experiencia, independencia y calidad moral de varios de los aspirantes.

Por ello, expresaron su preocupación porque existe el riesgo de que la selección final privilegie candidatos incondicionales a los partidos políticos, por sobre candidatos independientes, imparciales y reconocidos, cómo hay poca certeza de la calidad de las calificaciones asignadas a los aspirantes, vemos riesgosa la propuesta de utilizar un procedimiento de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.

Otro peligro es que el titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral sea designado por la Cámara de Diputados, porque invade la autonomía del IFE ya que el encargado de resolver las quejas planteadas contra los funcionarios y servidores públicos de la institución es nombrado por los diputados de cada partido político, que son precisamente los sujetos al “arbitraje” del IFE, lo que no abonaría en nada reponer la confianza perdida en la autoridad electoral y garantizar procesos equitativos.

Finalmente alertaron que ante la desigualdad social del país en el futuro habrá un mayor volumen de recursos derivados de los grupos políticos y de los intereses fácticos para la compra y coacción del voto ciudadano particularmente por parte de gobiernos estatales y municipales quienes están exentos de cualquier tipo de vigilancia y rendición de cuentas, además como ocurrió recientemente en Tamaulipas y Michoacán en que se detectó la presencia del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el condicionamiento de candidatos e incluso y en el asesinato de aquellos que pretendan contender fuera de sus redes de dominio, éste es un fenómeno que amenaza a todo el sistema electoral del país.