Comité Ciudadano Anticorrupción de Veracruz, sin recursos para operar

El recorte presupuestal que tuvo este año el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) mantiene a ese organismo en una situación económica difícil, lo que obliga a que en los próximos días se ponga a consideración del Órgano de Gobierno una ampliación presupuestal de entre 5 y 6 millones de pesos, aunque puede ser más.

Emilio Cárdenas Escobosa, presidente de ese organismo ciudadano, alertó que ante la actual situación económica con la que operan, Veracruz estará imposibilitado para implementar la política estatal anticorrupción, que conlleva a una seria de acciones, mismas que deberá ponerse en marcha antes de concluir este 2019.

“Hacia el cierre del año requerimos más recursos porque se va a aprobar la política estatal anticorrupción, es un mandato del Sistema Nacional Anticorrupción que impone a los sistemas locales una serie de programas, acciones y estrategias en materia anticorrupción y Veracruz estará imposibilitado para dar cumplimiento a esas disposiciones, si no recibimos mayor apoyo y soporte presupuestal”.



Recordó que para este Ejercicio Fiscal se había solicitado un presupuesto de 40 millones de pesos; sin embargo, el Congreso del Estado sólo aprobó 20 millones de pesos, lo que complicó la operatividad del Comité.

Lo anterior, dijo, implicó hacer un ajuste severo, que llevó al despido de 28 trabajadores que hasta el momento no han recibido una liquidación conforme a la ley y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) no resuelve.

“Tengo conocimiento no oficial, pero sé que han presentado demandas laborales y es un tema que le va al propio Sistema y a la Secretaría en un tiempo breve”.



Cárdenas Escobosa añadió que la situación económica del Comité Anticorrupción es difícil, que en estos momentos no es posible realizar foros en materia anticorrupción, porque no hay recursos para viáticos y el presupuesto para el combustible “está limitadísimo”.

Incluso, agregó que las percepciones salariales de todo el personal se tuvieron que reducir en un 30% y se vieron obligados a desocupar el inmueble de la calle Landero y Coss de esta ciudad, para rentar otro en donde se paga un arrendamiento de 40 mil pesos mensuales y ya no los 80 mil que se estaban pagando.

Dijo que él como presidente del CPC percibe ingresos por 45 mil pesos mensuales, pero con el pago de impuestos su salario neto es de 33 mil pesos.



Por lo que expuso que es necesaria una ampliación presupuestal para poder cumplir con la política estatal anticorrupción.

“Si hoy se quiere hacer una actividad fuera de la ciudad, no podemos, vamos al día esperando la quincena; así estamos, sólo solventando el gasto corriente del organismo”.