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Sección: Estado de Veracruz

Comité Ciudadano Anticorrupción denuncia a exdiputados por “limpiar” Cuenta Pública

- Borraron “de un plumazo" observaciones por casi 300 mdp, advierte

- Comisión de Vigilancia de anterior Legislatura actuó ilegalmente, beneficiando a alcaldías panistas

- Denuncia se presentó ante Contraloría Interna del Congreso

Ángel Camarillo Xalapa, Ver. 06/11/2018

alcalorpolitico.com

Debido a irregularidades detectadas en la aprobación de la Cuenta Pública 2017, el Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción presentó una denuncia contra la Comisión Permanente de Vigilancia de la pasada LXIV Legislatura.

Dicha querella se formalizó ante la Contraloría Interna del Poder Legislativo, informó el presidente del Comité, Sergio Vázquez Jiménez, quien acusó que los diputados en cuestión “solventaron" el daño patrimonial de los entes con observaciones, aun cuando dicha facultad corresponde al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

"Los diputados de la Comisión de Vigilancia actuaron de manera ilegal contraviniendo la Ley de Fiscalización y la propia Constitución Política del Estado al haber acordado recibir documentación y argumentaciones para solventar las observaciones de daño patrimonial", dijo.



Sergio Vázquez cuestionó que de los más de mil millones de pesos que resultaron como presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública de 2017, el Congreso local "haya borrado de un plumazo" casi 300 millones.

"La Comisión de Vigilancia no tiene atribuciones para recibir documentos o argumentos presentados por exservidores públicos y esto es porque el ORFIS determinó daño patrimonial pero el Congreso, con un análisis de dos semanas, determina de un plumazo borrar 325 millones de pesos bajo estos argumentos que desde nuestro punto de vista son ilegales", dijo.

Además, señaló que muchos de los ayuntamientos que lograron solventar las observaciones del ORFIS son panistas.



Para Sergio Vázquez, la decisión de la anterior Comisión de Vigilancia, presidida por el también panista Juan Manuel de Unanue Abascal, abriría la puerta para que otros entres con presunto daño patrimonial intenten entregar información de manera extemporánea.

"Podrían promover medios de defensa para aquellos a los que no se les dio oportunidad de presentar documentos, con los que desvirtúen observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior", dijo.