Con nuevo Código de Ética en el ORFIS, personal deberá estar al margen de intereses políticos

Para evitar que los principios de independencia y objetividad en el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se vulneren, el personal deberá mantenerse al margen de intereses políticos; evitar recibir regalos, invitaciones, donaciones o trato preferencial; evitar auditar el trabajo de familiares o personas cercanas y guardar secrecía sobre la información que conozcan derivado de sus funciones.

Lo anterior es parte de las Reglas de Integridad plasmadas en el nuevo Código de Ética del ORFIS, mismo que establece la creación de un Comité de Ética que diseñará mecanismos para prevenir, identificar y dar seguimiento a posibles conductas violatorias del referido código, actuando bajo el principio de imparcialidad y legalidad.

Además, el personal deberá prestar en igualdad y sin discriminación a todas las personas sus servicios sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.



El Código de Ética, que deja sin efecto el que estaba vigente desde abril de 2014, es de observancia general para todas las personas servidoras públicas del ORFIS al igual para los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría contratados y tiene por objeto establecer los principios y valores institucionales, por los cuales debe regirse su actuación, fortaleciendo el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

Establece que el personal prestará sus servicios bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad, respeto a los derechos humanos, con igualdad y no discriminación, respetando la equidad y género.

El personal del ente fiscalizador deberá estar libre de influencias o circunstancias que comprometan, de manera real o en apariencia, el juicio profesional o la actuación imparcial.



El ORFIS debe asegurar que las personas servidoras públicas, iniciando con la Alta Dirección, no desarrollen relaciones con los Entes Fiscalizables que puedan poner en riesgo su independencia y objetividad.

Tampoco se proporcionará asesoría u otros servicios distintos de la auditoría a un Ente Fiscalizable, cuando dichos servicios importen responsabilidades de gestión.

Las personas servidoras públicas del ORFIS, deben estar libres de impedimentos que afecten su independencia y objetividad. Para este propósito, el personal deberá:



Mantenerse al margen de intereses políticos; evitar involucrarse en la toma de decisiones del ente auditado; evitar auditar el trabajo de familiares o personas cercanas; abstenerse de auditar entes en los que haya trabajado con antelación, sin las salvaguardas adecuadas, de conformidad con la legislación aplicable; evitar circunstancias en las que los intereses personales puedan afectar la toma de decisiones; evitar circunstancias donde las relaciones con la dirección o el personal del Ente Fiscalizable puedan afectar la toma de decisiones; evitar recibir regalos, invitaciones, donaciones o trato preferencial que puedan perjudicar la independencia u objetividad.

Proteger la revelación de información institucional, derivada de las labores de fiscalización y de asuntos de gestión interna, respetando las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

El personal del ORFIS deberá conocer las obligaciones legales, políticas y directrices institucionales respecto a la confidencialidad de la información que se obtiene de los Entes Fiscalizables y otras autoridades como parte del proceso de fiscalización.



No deberán revelar ninguna información obtenida como resultado de su trabajo; a menos que exista un deber legal para hacerlo, previo conocimiento de su superior jerárquico y deberán guardar secrecía sobre la información que conozcan derivado de sus funciones, a menos de que sea necesario para cumplir con los procesos legales y administrativos requeridos, previa autorización de sus superiores jerárquicos.

Aunado a ello, se abstendrán de utilizar información institucional, incluyendo la que se clasifica como reservada, para beneficio personal o de terceros y deberán contribuir al mantenimiento de los controles que implemente la institución para el resguardo y salvaguarda de la información.