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Sección: Estado de Veracruz

Con Programa Especial de Honestidad, esperan combatir corrupción en Veracruz

SEFIPLAN y Contraloría promueven 6 objetivos, 10 estrategias y líneas de acción para el “fortalecimiento institucional”

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 06/09/2019

alcalorpolitico.com

Ante la urgente necesidad de establecer un dique frontal a la corrupción, uno de los principales problemas que enfrenta México y sus entidades federativas, incluyendo a Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado, elaboraron el Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.

Mediante 6 objetivos, 10 estrategias y una serie de líneas de acción, se promoverá el fortalecimiento institucional y la honestidad y ética pública; la sanción de los servidores públicos que cometan actos de corrupción; el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos para con su Gobierno.

Una mención especial es el carácter austero que se asume en la administración pública estatal desde el inicio de la presente gestión, en consonancia con las políticas públicas del Gobierno Federal y en congruencia con las propuestas en campaña del Gobernador del Estado.



Honestidad y Austeridad serán atributos propios al ejercicio del gasto público, debiendo reflejarse en todo el actuar de la administración pública, todo aquello que violente estos principios debe ser modificado, teniendo presente que quienes importan son los habitantes de Veracruz, particularmente aquellos con quienes se tiene una deuda histórica por ayudarles a salir de la situación de marginación y pobreza.

Al hacer un diagnóstico del fenómeno de la corrupción, ambas dependencias estatales determinaron que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los Informes Generales Ejecutivos de la Cuenta Pública; por ejemplo, del año 2011 al 2015, se reportó que Veracruz fue la entidad federativa con mayor daño económico, señalando observaciones por un monto de 34 mil 57.1 millones de pesos seguido por Michoacán (26,116.7 mdp), Estado de México (20,190.6 mdp) y Jalisco (17,567.5 mdp).

En el último dato reportado por la ASF en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017, el pasado mes de febrero de este año, se señala que del Gasto Federalizado Programable, la entidad recibió observaciones en el 4.6%, un monto equivalente a los 1 mil 261.3 millones de pesos, situación que la ubicó en el sexto lugar entre las entidades con mayor porcentaje de Gasto Federalizado Programable Observado, por detrás del Estado de México (19.0%), Michoacán (14.3%), Coahuila (7.2%), Tamaulipas (4.9%) y Oaxaca (4.8%).



Lo anterior llevó a plantear la urgente necesidad de implementar acciones en materia de honestidad y austeridad, mediante la promoción del fortalecimiento institucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.

Promover el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos en apego a la Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz; mejorar los canales de comunicación del gobierno con los ciudadanos a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); y fortalecer el sistema de rendición de cuentas.

Así como transparentar las acciones de gobierno con orientación al ciudadano; reducir la percepción de corrupción de los ciudadanos para con su gobierno; y sancionar a los servidores públicos que cometan actos de corrupción evitando la impunidad.



Entre los principales factores que han propiciado la corrupción en la entidad se encuentran la debilidad y la simulación de las instituciones; la normalización de ambientes de corrupción; la impunidad de los servidores públicos que cometen actos de corrupción; la fragilidad del sistema de rendición de cuentas; la simulación de austeridad del gasto y el uso ineficiente del gasto público.

También el incremento del déficit de las finanzas públicas; la suntuosidad de los altos funcionarios de gobierno; el desvío de recursos públicos; el dispendio del gasto público; el incremento de los costos de compras y obras públicas; opacidad en el actuar gubernamental; la implementación de programas públicos que no dan resultados; y el desinterés y desconfianza de los ciudadanos con su Gobierno.