Concesión por 30 años más del Libramiento Plan del Río, “bursatilización disfrazada”: Héctor Yunes

El hecho de haber solicitado al Congreso del Estado una nueva ampliación por 30 años más de la concesión del Libramiento de Plan del Río, es acceder en el presente a recursos futuros que le corresponden al Estado y no a esta administración y es una “bursatilización disfrazada”.

Así lo definió el senador Héctor Yunes Landa, quien añadió que el “lodo” empieza a salir por las alcantarillas de la autopista; ello durante su artículo enviado a medios de comunicación.

Citó como ejemplo que el Gobierno estatal no tendría que haber solicitado una ampliación de la concesión, sino hasta que ésta cumpliera su plazo.



“Hacerlo de esta manera, es acceder en el presente a recursos futuros que le corresponden al Estado y no a esta administración. Ha sido una bursatilización disfrazada”, señaló.

Refirió que el propio Gobernador, el fin de semana aceptó que la ampliación de la concesión podría representar a las finanzas de Veracruz un ingreso aproximado de mil millones de pesos, los cuales se utilizarían para otras obras de infraestructura; a pesar de que también, con este propósito, solicitó el aumento al 3 por ciento del impuesto a la nómina.

Yunes Landa manifestó que un informe financiero indicaría que por esta autopista circulan alrededor de 10 mil autos diarios –con un costo de peaje promedio de 80 pesos, considerando que tráileres y autobuses pagan mucho más–, lo que le genera ingresos a la concesionaria superiores a los 800 mil pesos al día y si eso se multiplica por 365 días al año, arroja una cifra de 292 millones de pesos.



Ello quiere decir que en 30 años la concesionaria tendría ingresos superiores a los 8 mil 760 millones de pesos, mientras que a las arcas del Gobierno sólo ingresarían mil millones de pesos, eso sin contar la nueva ampliación de la concesión por otros 30 años.

“Un negocio floreciente en medio de las dificultades económicas que enfrenta Veracruz”, añadió el aspirante a la candidatura por la gubernatura de Veracruz para el 2018.

El congresista manifestó que los números no mienten, pero el Gobierno estatal sí y señaló que tratar de atribuir esta decisión así como el cálculo de la contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es sólo un distractor respecto del evidente conflicto de interés que prevalece entre el Gobernador y la empresa concesionaria.



“De esta forma, el Libramiento Plan del Río sería un gran negocio… por la libre”, manifestó.

Expuso que la construcción de autopistas mediante el modelo de asociaciones público-privadas se realiza en prácticamente todo el mundo; representa un modelo de negocio que permite abrir espacios de participación para la iniciativa privada y optimizar la operación y mantenimiento de carreteras concesionadas.

Añadió que México requiere de nuevas y mejores vías de comunicación, por lo que el Gobierno ha diseñado tres modelos de participación para atraer capital privado a la inversión en carreteras: concesiones, proyectos de prestación de servicios y aprovechamientos de activos.



Actualmente, el modelo más utilizado es el de las concesiones, el cual permite desarrollar infraestructura, incrementar montos de inversión, elevar la calidad, eficiencia y productividad de los servicios y adecuar la distribución y administración de riesgos en este tipo de infraestructura; es algo que ha funcionado muy bien y que se debe seguir haciendo.

En este modelo, externó, el Gobierno efectúa una aportación inicial con recursos públicos, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI). De esta forma, la concesión se otorga al licitante que solicite el menor apoyo económico del Gobierno y el plazo de concesión es hasta por 30 años; el máximo permitido por la ley.

Refirió que uno de los temas que más interesan a los concesionarios y a los usuarios de las autopistas es el de las tarifas de peaje.



Éstas se determinan en función del aforo vehicular y las inversiones de los concesionarios, es decir, la tarifa que los usuarios están dispuestos a pagar para circular por la vía.

Detalló que el precio promedio por kilómetro en las autopistas de México es de 1.74 pesos mexicanos, lo que resulta alto con respecto a otros países de América Latina, como Colombia y Uruguay; donde cuestan 0.8 pesos mexicanos por kilómetro.

Expuso que la tarifa sirve para que con esa recaudación, los concesionarios puedan cumplir sus obligaciones, como la conservación, mantenimiento y operación de la vía.



Comentó que cuando alguien invierte en una carretera de peaje, recupera la inversión por medio del cobro, una vez cumplido el periodo de la concesión y que la empresa haya recuperado su inversión y el margen de utilidad correspondiente, estas autopistas pasan a ser del Gobierno Federal.

“Hasta ahí todo está bien, pero ¿qué ocurre cuando este modelo de asociaciones público-privadas se pervierte y se torna en un gran negocio para una autoridad en detrimento de los usuarios y de las finanzas estatales?”, cuestionó.

Señaló que el jueves pasado, el Congreso local aprobó la ampliación por 30 años más de la concesión a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, S.A. de C.V., para la operación y explotación del Libramiento Plan del Río.



Dicha empresa ya contaba con una concesión por un mismo periodo que vence en el año 2033, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30 años para cobrar por el uso de la vía.

Recalcó que esto se trató de un “madruguete” del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a quien por mucho tiempo se le ha señalado de mantener intereses en sociedad con esta empresa, propiedad de una familia del Puerto de Veracruz.