Concesionarios siguen con batalla legal por cobros de verificación vehicular 

Pese a la detención y posterior liberación del líder de los dueños de verificentros en Veracruz, Eduardo Mario “N”, los concesionarios mantienen su lucha legal contra la Ley que permite al Gobierno del Estado realizar los cobros por los servicios que brindan a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

En los últimos días jueces federales en Veracruz han admitido las demandas de amparo promovidas por los dueños de los centros de verificación.

Los concesionarios están inconformes con la medida aprobada por el Congreso local el 21 de diciembre de 2020, cuando los diputados trasladaron los servicios de cobro de verificación vehicular a la SEFIPLAN, argumentando que afecta sus ingresos.



En esa fecha los legisladores también determinaron que los recursos derivados de la venta de certificados holográficos sean regulados únicamente a través del Código de Derechos para el Estado.

Al respecto, los concesionarios promovieron amparos en contra del decreto número 830 que fue publicado el 29 de enero de 2021, criticando que el Gobernador, Cuitláhuac García, justifique la medida señalando corrupción con el manejo de los hologramas.

Ante esta situación propietarios de verificentros como Honorato Teutli Chiunti, Roberto Hernández Landa, Mauricio Borbolla López, Jhonny Francisco Meza Seseña, Loren de Jesús González Martínez y Guillermina Meza Sánchez, ahora buscan la protección de la justicia federal.



Cabe señalar que la reforma aprobada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo ha generado la movilización de los concesionarios, quienes esta semana se manifestaron en Xalapa.

Incluso el pasado 16 de marzo el representante de los inconformes, Eduardo Mario “N”, fue detenido mientras se manifestaba con dueños de centros de verificación, en las inmediaciones de la Secretaría del Medio Ambiente.

Ese día se tenía contemplado que los dueños de verificentros realizaran una marcha y plantón de protesta contra las disposiciones del gobierno estatal.



Eduardo Mario “N” fue vinculado a proceso por el delito de ultraje a la autoridad, sin embargo, posteriormente fue liberado con el pago de una fianza.