Confirman investigación por presuntos desvíos de Indira Rosales, extitular de SEDESOL

Sin haber hecho la menor investigación, de manera ilegal y sin sustento, el exfiscal Jorge Winckler Ortiz, hoy prófugo de la justicia, exoneró de presuntos malos manejos a Indira Rosales San Román durante su periodo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Esto a pesar de que la actual Senadora por el PAN, habría malversado hasta 60 millones de pesos con un contrato de renta de automóviles para la entrega de programas sociales durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

El actual titular de la dependencia, Guillermo Fernández Sánchez, manifestó que después de varios alegatos, finalmente una autoridad jurisdiccional determinó la improcedencia de la exoneración, por lo que la denuncia hecha en abril pasado, identificada con el expediente 217/2019 sigue su curso, con la finalidad de que la hoy Senadora panista atienda la falta que cometió.



Recordó que tras haber acudido a interponer la denuncia a la Fiscalía, estando al frente Winckler Ortiz, dieron seguimiento al tema a través del departamento jurídico de la dependencia, que detectó que simple y llanamente había quedado exonerada.

El encargado de los programas sociales de Veracruz puntualizó que nunca fueron notificados, “pero nos dimos cuenta que antes de que saliera el Fiscal anterior, de repente exoneraba a la exsecretaria, es decir la sacó del problema y así la dejó”.

Manifestó que tras enterarse de esta acción, acudieron en diversas ocasiones a la Fiscalía General del Estado para que se les explicara por qué la habían liberado de sus responsabilidades; no obstante, nunca fueron atendidos.



Fue ahora que llegó Verónica Hernández Giadáns como encargada de despacho de la Fiscalía que se pudo dar continuidad y efectivamente encontraron en el expediente que Winckler Ortiz determinó que Rosales San Román no tenía responsabilidad en torno de este caso.

Por ello es que se inició de nueva cuenta un procedimiento, presentándose ante una nueva Fiscal encargada del caso, quien dictó la improcedencia de esa exoneración.

El Secretario de Desarrollo Social afirmó que se simuló una licitación nacional para la renta de los automóviles, pues al hacerla pública solamente se tuvo el registro de una empresa a la que se le asignaron los contratos, cuando por lo menos debieron de registrar a tres posibles proveedores, no se dio control de gastos y del uso de los carros, como lo marca la Ley de Obras y Servicios.



Fernández Sánchez remató que la controversia legal se funda en un contrato en global por la renta de 287 vehículos.