Congreso comprobó que Winckler no está certificado ante el SNSP

El Congreso del Estado solicitó información ante las autoridades competentes para evaluar al fiscal general, sin embargo la respuesta fue que no existe constancia alguna de que cuente con certificación, revalidación y registro para desempeñar sus funciones.

“Conforme con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su artículo 65”, señaló en voz de sus compañeros de bancada el coordinador, Juan Javier Gómez Cazarín.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) refirió que Winckler solo fue separado temporalmente, es decir que su salida de la Fiscalía no se trata de una destitución definitiva.



Explicó que Winckler Ortiz fue nombrado el 30 de diciembre de 2016, fecha en que debió acreditar el trámite de certificación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, por tanto, suponiendo que tuviera un registro tenía hasta el 30 de julio de 2019 su revalidación”.

Lo anterior en términos del artículos 67 y 68 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad; y 219 y 220 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

“Cabe recordar que el decreto del 18 de junio del 2008, que reformó los artículos 21 y 123 Constitucionales, estableció que la Seguridad Pública consiste en la prevención, investigación y persecución de los delitos a cargo de las instituciones policiales, como del Ministerio Público”, acotó Gómez Cazarín.



En ese sentido indicó que la reforma estableció que ninguna persona de seguridad pública, si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema correspondiente, podrá ingresar ni permanecer en las instituciones.

Añadió que el Certificado tendría por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las instituciones de procuración de justicia y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

“Por tal motivo el Poder Legislativo solicitó información ante las autoridades competentes para evaluar al fiscal general, sin embargo la respuesta fue que no existe constancia alguna de que cuenta con certificación, revalidación y registro”, subrayó.



Acompañado de los diputados de su fracción, el legislador local añadió que mientras se resuelve la situación Verónica Hernández despachará como fiscal encargada de despacho, al contar con las atribuciones políticas, orgánicas, operativas y administrativas del órgano autónomo.

El legislador aseveró que están ponderando en el interés colectivo por encima del individual y se busca brindar certeza jurídica, así como paz y seguridad a Veracruz.

Insistió en que el Congreso tiene facultades para remover a titulares de órganos autónomos y más cuando han sido impuestos a modo por gobernantes del pasado que le mintieron al pueblo veracruzano.



Citó el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal, que establece que los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes señalen o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de su función.

Justificó que la separación de Winckler es una medida cautelar dada la gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a Derechos fundamentales de los ciudadanos en materia de procuración de justicia, tutela efectiva y seguridad pública.

Argumentó que la Fiscalía se encuentra ubicada en el penúltimo lugar del índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, según datos aportados por el proyecto Impunidad Cero.



“Esta medida no es definitiva, si no el inicio de un procedimiento con garantías constitucionales de audiencia y ofrecimiento de pruebas”, añadió Gómez Cazarín.

Finalmente indicó que todos tienen Derecho de comparecer ante tribunales, de ahí que serán los órganos jurisdiccionales los que resuelvan las dudas jurídicas del caso.