Congreso dejaría de fijar tarifas de transporte Público; regresarían a la Secretaría de Gobierno esa atribución

El gobernador, Javier Duarte de Ochoa, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Transporte para quitar al Congreso del Estado la facultad de fijar el incremento a las tarifas del transporte público y regresar esa atribución a la Secretaría de Gobierno.

Mientras tanto Tomás Montoya Pereyra, diputado local y presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vialidad, avaló la iniciativa al manifestar que el aumento a las tarifas ha sido una facultad de siempre de la Secretaría de Gobierno y consideró que por una situación política, la anterior Legislatura reformó la referida ley para darle esa atribución al Congreso del Estado.

La iniciativa de reforma establece que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas conforme a las cuales se prestará el servicio de transporte público de pasajeros, conforme aún estudio técnico.

El incremento al monto de las tarifas se determinará multiplicando el índice inflacionario reconocido oficialmente por el Banco de México al final de cada ejercicio fiscal por la tarifa vigente.

Si el resultado de la operación excede de cincuenta centavos, el incremento será de cincuenta centavos; de no rebasarlo, el producto se acumulará para el ejercicio siguiente; si el resultado de la sumatoria de los dos ejercicios supera los cincuenta centavos, el incremento se ajustara a cincuenta centavos, estableciendo la nueva tarifa base de cobro al usuario para el año que corra. En el cálculo de los incrementos subsecuentes se empleará la misma fórmula sobre la base del precio establecido.

Si en algún ejercicio fiscal la operación descrita arroja como resultado una cantidad superior a un peso, la Secretaría determinará el incremento correspondiente.

El Consejo Técnico Estatal del Transporte integrará, al final de cada ejercicio fiscal, un catálogo de conceptos, fundado y motivado, en donde considerará los criterios que provoquen desestabilización en la rentabilidad de la prestación del servicio, proponiendo a la Secretaría esos criterios, para que los considere y en su momento determine los equilibrios financieros que permitan a los concesionarios y permisionarios del transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, garantizar que la prestación del servicio a los usuarios sea con calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y continuidad.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal señala que las razones de la iniciativa son de fondo, ya que legalmente no sólo el establecimiento de tarifas es una facultad de naturaleza estrictamente administrativa; sino porque, además, materialmente, existen tres formas de financiar la prestación de los servicios públicos:

Cuando el Estado cubre el costo de los servicios públicos generales a través del presupuesto, su fuente de financiamiento son las contribuciones (generalmente impuestos), cuyo establecimiento es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

Cuando los servicios públicos son individualizados, es decir, cuando el Estado los presta a personas en específico, su cobro se efectúa a través de los denominados derechos, cuya fijación corresponde también al Poder Legislativo.

Cuando estos servicios públicos se concesionan para ser prestados por particulares, tanto la doctrina como la Ley son unánimes en considerar, como una facultad exclusiva de la autoridad administrativa, el establecimiento de las tarifas, atendiendo a los requerimientos de financiamiento concebidos en términos sociales y a los estudios técnicos indispensables para determinar y convenir las tarifas que deben cobrarse.

Durante sesión ordinaria del Poder Legislativo, el mandatario propuso modificar la Ley de Tránsito y Transporte y regresar a la Secretaría de Gobierno la facultad para autorizar los aumentos al pasaje.

Cabe recordar que en la recta final de la anterior Legislatura estatal, se aprobó una reforma a la Ley de Tránsito y Transporte presentada por Alfredo Tress Jiménez, para que el Congreso tuviera la facultad de autorizar las tarifas en el transporte público.

Además expone que se encuentra en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, depositada esta facultad en diversas Secretarías, como las de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Comunicaciones y Transportes, y de Turismo, que se traduce en la facultad de fijar, revisar y modificar las tarifas de los servicios públicos a su cargo, así como las de los servicios públicos concesionados.

En este punto, son aspectos de orden público ampliamente explorados, los siguientes:

Que las tarifas sólo pueden ser modificadas atendiendo a las necesidades económicas, políticas y sociales; que el poder de la autoridad para adaptar la tarifa a las necesidades de los servicios públicos es inalienable; que la intervención de los concesionarios en la preparación o modificación de la tarifa no debe ser considerada como una participación en el acto jurídico de la tarifa, en calidad de coautor; que la ley debe prescribir el procedimiento paran establecer la tarifa y determinar qué autoridad es la competente para su homologación, y que sólo la administración pública tiene la autoridad de modificar la tarifa sobre las bases de la concesión.

Por ello, Tomás Montoya Pereyra dijo que resulta “un poco extraño” que sea el Congreso del Estado la instancia facultada para autorizar los incrementos a las tarifas del transporte público.

“Cuando nos encontramos con esta noticia de que es el Congreso del Estado el encargado de adecuar las tarifas (…) por supuesto que nos resulta un poco extraño porque finalmente la parte oficial es la que está obligada a fijar las adecuaciones y las políticas de transporte, tránsito y vialidad”.

Por lo que añadió que la comisión que presida habrá de analizar la propuesta para dictaminarla a favor.