Congreso desmiente al Gobernador: para reformar pensiones, los buscaron una y otra vez

Aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acusó que no se consultó a su administración para implementar reformas a la Ley 287 de Pensiones para el Estado, dicha versión fue desmentida por la presidenta de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones (IPE), Daniela Griego Ceballos.

Al respecto, la morenista expuso que tanto el mandatario como el secretario de Gobierno, Rogelio Franco; el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Guillermo Moreno Chazzarini y el director del IPE, Hilario Barcelata, fueron invitados en reiteradas ocasiones a las mesas de trabajo implementadas para elaborar la propuesta de reforma.

Incluso la diputada mostró los oficios que se remitieron a los funcionarios y la invitación al actual titular de la SEFIPLAN solicitándole “una opinión financiera” de la dependencia en torno a esta propuesta. La mayoría de los documentos no fueron respondidos; aunque sí tienen los sellos de recibido.



Únicamente el titular del IPE, Hilario Barcelata Chávez, respondió en una ocasión a los legisladores que no podría asistir a la reunión de trabajo, ya que tenía “una reunión con la Secretaría de Finanzas y Planeación agendada con anterioridad”.

Luego de que este jueves se aprobó el proyecto de decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley 287, Griego Ceballos insistió en que el interés del Ejecutivo debió manifestarse desde meses antes y no el día que someterían a votación el dictamen.

Lamentó que Yunes Linares haya dejado entrever que podría vetar la reforma, pese a que fueron invitados en reiteradas ocasiones por parte del Poder Legislativo; así como por las organizaciones sindicales para que participaran en las mesas de trabajo y de discusión en torno a la reforma, junto con organizaciones de pensionados y jubilados; lo que también consta en un manifiesta publicado en medios locales.



“Nosotros los invitamos muchas veces y no vinieron (…), cuando sí pedimos una opinión sobre el impacto financiero, lo que el Gobierno ahora niega”, mencionó.

Pese a lo anterior aseveró que es falso que se afecte a las finanzas estatales a futuro, pues a su parecer únicamente se restituyeron los derechos laborales que han ganado los trabajadores que cumplen con la edad y el tiempo para jubilarse; así como los parámetros de cotización.

“También se incluyó una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el PAN pidió que se legislara desde enero, acatamos eso y cualquier trabajador que sienta vulnerados su Derechos puede recurrir al amparo”, agregó.