Contraloría Municipal o FGE deben investigar contratación de familiares de Gobernador

Es lamentable y reprobable la actitud del presidente municipal Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, al tratar de justificar que Caneck García Jiménez y Sulekey Citlalli Hernández, hermano y sobrina del Gobernador de Veracruz respectivamente, utilizando el parentesco y la influencia, han obtenido cargos de relevancia en el Ayuntamiento xalapeño, declaró la regidora perredista Luiza Bernal.

Con la declaración ficta que realizó el presidente municipal ante los medios de comunicación, se demuestra de manera fehaciente que se replica la conducta de tráfico de influencia desplegada por el presidente municipal, los citados Caneck García Jiménez y Sulekey Citlali Hernández Garrido, inclusive, el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, agregó.

En el caso de Sulekey Citlalli Hernández Garrido, es directora de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa y Caneck García Jiménez es alto funcionario de Alumbrado Público municipal.



“El servidor público que, por sí o por interpósita persona, indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos por sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia el Código Penal Federal”.

La edil aseguró que está claro que, los ahora funcionarios municipales se aprovecharon de una situación de privilegio, al ser familiares directos del Gobernador, para obtener un beneficio personal. Lo anterior, sin demérito de sus brillantes currículos.

En este caso, nos encontramos ante una presumible conducta de tráfico de influencias, que de manera intrínseca es una práctica ilegal o al menos éticamente objetable a través de conexiones en personas y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial como es el caso.



“Este no puede ser un asunto aislado, porque nos encontramos ante un hecho constitutivo de un posible delito de tráfico de influencia”, aseguró.

En consecuencia, dijo que debe intervenir la Contraloría Municipal, y en su caso, la propia Fiscalía del Estado, para indagar el fondo del asunto y en su oportunidad deslindar o fincar responsabilidades.

“Porque el tráfico de influencia es grave y tiene un impacto social como por su vinculación con la corrupción”, concluyó.



Además, esta conducta genera tanta repulsión en la sociedad porque se trata de verdaderos actos de abuso de poder, en donde queda evidenciado que a estos funcionarios lo único que les interesa son los beneficios privados para ellos mismos o para un círculo de amigos y privilegiados.