Contrato de Comodato del Estadio Luis “Pirata” de la Fuente, fuera de regla

El acto jurídico que sustenta el Contrato de Comodato a favor de “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C.” respecto del estadio de fútbol Luis “Pirata” de la Fuente y las instalaciones que lo integran, así como del Centro de Alto Rendimiento y el usufructo del nombre, marca comercial y logotipo “Tiburones Rojos de Veracruz”, evidencia incumplimiento de disposiciones normativas y legales.

Con base en el análisis técnico-jurídico al contrato de comodato a favor de “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C.”, que contiene el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, se desprende que el acto jurídico carece de documentación original debidamente certificada.

Y la LXIII Legislatura tardó más de dos años para otorgar la autorización correspondiente, sin que tuviera la documentación suficiente; por lo que se desconocen los motivos y elementos que fueron valorados para la celebración de la relación contractual. Con ello, se incumplió con lo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos de Veracruz.



El resultado del análisis detalla que mediante el oficio número 267/2013 de fecha 5 de noviembre del mismo año, suscrito por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Estado, Octavia Ortega Arteaga, se solicita autorización para otorgar en comodato a favor de “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C”, propiedad de Fidel Kuri Grajales, el estadio de fútbol Luis “Pirata” de la Fuente y las instalaciones que lo integran; así como las del Centro de Alto Rendimiento, el usufructo del nombre, marca comercial y logotipo “Tiburones Rojos de Veracruz”.

El anterior Congreso tardó más de dos años en autorizar la solicitud, sin que tuviera la información necesaria y suficiente.

Ello debido a que la Secretaría de Finanzas y Planeación únicamente presentó copias simples del Contrato de Comodato y Adenda No. 1 a dicho contrato; por lo tanto, no se pudo conocer la totalidad de la documentación administrativa que justificara plenamente, que las partes que participaron en la celebración del acto jurídico contractual hayan cumplido cabalmente con las formalidades legales y administrativas que lo regulan.



Tampoco fue proporcionada la información y/o documentación que acredite que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado haya realizado los actos jurídicos necesarios, para permitir el licenciamiento de la marca comercial, en la que se comprenden tanto el nombre como el logotipo “Tiburones Rojos de Veracruz”, con lo cual se incumple con lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

La documentación que se debió presentar es: la escritura pública en la que consta la donación del terreno a favor del Gobierno del Estado para la construcción del inmueble en cuestión; escritura pública del inmueble donde se ubica el denominado Centro de Alto Rendimiento, el Acta Constitutiva de la Asociación Civil “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C.”, las Actas Circunstanciadas correspondientes, inventarios, registros y otros.

Así como la documentación inherente a los actos jurídicos requeridos, para permitir a “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C.”, el licenciamiento de la marca que incluye, en términos de la legislación federal aplicable (Ley de la Propiedad Industrial), el nombre y el logotipo “Tiburones Rojos de Veracruz”; tal y como se determinó y condicionó en la Gaceta Legislativa de fecha 17 de diciembre de 2015.



La documentación proporcionada únicamente en copias simples se considera insuficiente para poder analizar en su totalidad el tema a dictaminar; asimismo, no se cuenta con evidencia de la documentación que fue presentada para tramitar la autorización por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ante el Congreso Local, respecto del otorgamiento del Comodato sobre los bienes propiedad del estado de Veracruz.

Por esa razón, se exhorta al Gobierno estatal a ajustar su actuación en estricto apego a las disposiciones legales con el propósito de evitar posibles responsabilidades de carácter disciplinario y/o patrimonial, atribuibles a los responsables de la ejecución de tales actos y por otros posibles daños a la Hacienda Pública Federal y/o Estatal.