Nada hay peor en el ejercicio de un sistema democrático, que las instancias calificadoras o legitimadoras de los procesos electorales se vean exhibidas como carentes de probidad, de ética y/o, en el peor de los casos, que sus decisiones caigan bajo sospecha de estar apegadas a la ley sino a componendas que pongan en duda todas sus decisiones
En el caso del Tribunal Electoral de Veracruz, cuya resolución ya era aparentemente “adivinada” por los beneficiarios de Emiliano Zapata, no basta que los magistrados quieran borrar esa sospecha con la simple firma de un oficio donde ellos mismos se declaran probos y honestos. ¡No!, el caso debe ser conocido e investigado por instancias superiores que determinen si hubo o no corrupción al emitir esa resolución
La honorabilidad de este Tribunal está hoy en entredicho y si de ética hablan ellos, deberían abstenerse de conocer los asuntos pendientes y ser relevados en tanto se determina su situación pues de otra manera, cualquiera de sus sentencias estarán bajo sospecha y eso rompe toda posibilidad de justicia electoral.