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Sección: Estado de Veracruz

Cuitláhuac pondrá reglas a convenios con medios de comunicación de Veracruz

- Ley de Comunicación Social presentada ante Congreso busca fijar “reglas claras y equitativas” para asignar contratos

- Se establecerá Padrón Estatal de Medios de Comunicación

- Entes públicos deberán detallar gasto anual en medios; se evitará derroche de recursos

José Topete Xalapa, Ver. 02/05/2019

alcalorpolitico.com

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó una iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado con la que se busca regular la entrega de los convenios de publicidad, así como fijar “reglas claras y equitativas” para asignarlos.

De aprobarse por el Congreso, serán sujetos obligados al cumplimiento de esta Ley todos los poderes públicos, así como los organismos autónomos y “cualquier otro ente público de orden estatal o municipal”.

El marco legal establecerá un Padrón Estatal de Medios de Comunicación, en el cual cada uno deberá de inscribirse ante la coordinación general de Comunicación Social.

La Ley define a los medios como aquellos que pueden ser “captados simultáneamente por gran cantidad de individuos”, tanto en medios de comunicación electrónicos, impresos, complementarios, digitales y públicos.

Proyecta la creación de programas anuales de comunicación social, así como crear un sistema público, administrado por la Contraloría General y los órganos internos de cada ente público, para revisar el gasto de cada uno en materia de comunicación social.

También se establecería un sistema de normatividad de comunicación, en el que se registrarán los programas anuales en este rubro.

Igualmente, se restablecería una unidad administradora, al interior de la Coordinación General de Comunicación Social, así como en las áreas o unidades administrativas de cada ente, que estará encargada de regular el gasto en esta materia.

“La unidad administradora deberá incluir en los lineamientos que emita, los criterios de selección del medio de comunicación correspondiente”.

Además, tendrá el registro de las campañas que cada dependencia y entidad prevé realizar, las vigencias generales, los montos del techo presupuestal y la inversión que representarán en el marco de su programación.

“Una vez autorizada la estrategia y el programa anual, las dependencias y entidades deberán presentar, ante la unidad administradora, la solicitud de autorización por cada campaña registrada en el programa”.

Dicho ordenamiento, según el mandatario, busca evitar el derroche de recursos públicos y brindar certeza jurídica a los medios, además, fijar una estrategia anual de comunicación social, es decir que se deberán de planear los temas gubernamentales prioritarios a difundir.

Asimismo, los entes públicos deberán de detallar el gasto en este rubro en su informe anual de labores y designando una partida en sus presupuestos, tomando como principios rectores la eficacia en el uso del dinero, la eficiencia, la economía y racionalidad.

También la transparencia, la máxima publicidad, la honradez, la objetividad, institucionalidad, la necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad, la congruencia entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo, así como la veracidad.

“Garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos públicos destinados a la comunicación social de los entes públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y otras disposiciones aplicables”

García Jiménez asegura que “mediante un trato equitativo, justo e igualitario” buscará apoyar a los medios que difundan de manera óptima y eficiente los mensajes de los entes públicos para informar a los veracruzanos.

La Ley reglamenta el artículo 79 de la Constitución Política del Estado, relativo a la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, el cual establece el mandato de realizar propaganda estrictamente institucional y que no sea personalizada.

Se consideran modalidades como las campañas de comunicación social de un solo ente y la coemisión de campañas, para dos o más entes públicos.

En su propuesta, el Ejecutivo estableció que los recursos públicos generalmente son desviados a la propaganda y promoción de funcionarios o partidos políticos, en detrimento de los fines institucionales, informativos y educativos a los que debe servir la comunicación social.

La Ley regula la comunicación social que difunda programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población, ya que deberán de incluir de manera visible o audible, la leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

En los casos de los programas de desarrollo social únicamente deberá incluirse la leyenda establecida en el artículo 18 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado.

Igualmente, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.