Cuitláhuac vuelve a defender ultrajes; ahora en carta a Suprema Corte

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, dirigió una carta abierta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) en la que afirma que el delito de ultrajes a la autoridad es “preciso y claro”, además de estar sustentado en la Constitución Federal para proteger a los elementos de seguridad mientras cumplen con sus funciones y servir en la estrategia de seguridad con la que se han reducido delitos como homicidios y secuestros.

Al respecto, en su mensaje García Jiménez dijo que el texto normativo mandata que se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión a quien agreda o amenace a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

“(…) si bien es cierto, la denominación del delito es “ultrajes a la autoridad”, en ningún momento ni en el texto ni en la contextualización se hace referencia a “ultrajar” ni “a quien ultraje” en su descripción legal, delito que en otros Estados al utilizar dicho verbo, ha sido considerado como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en contraste, en el Estado de Veracruz, la descripción típica contenida en el Código Penal del Estado describe con precisión qué conducta se sanciona, la pena que se impone y quien comete el delito. Por lo tanto, es evidente que el precepto legal no es impreciso, ni abierto ni amplio”, señaló.



García Jiménez añade que el delito de “ultrajes a la autoridad” prevé agravar la sanción cuando la conducta se realice a través de actos violentos por una o más personas utilizando armas, ello, “en estricto apego a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal”, mismo que establece que en los casos de que se cometa algún delito utilizando medios violentos como armas y explosivos, procederá la prisión preventiva de manera oficiosa.

Cabe señalar que esta semana el máximo tribunal del país analizará las acciones 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y por diputados de la oposición en contra de la reforma del tipo penal aprobada por el Congreso local en marzo de 2021, a propuesta del propio ejecutivo veracruzano.

En su mensaje a los ministros, García Jiménez aseveró que este tipo penal no debe considerarse inconstitucional, pues no restringe los derechos humanos de las personas, como lo es la libertad de expresión y la información.



“(…) ya que como se ha mencionado, el delito es claro, preciso y, ante todo, garantiza que el Estado ejerza sus funciones a través de sus servidores públicos, brindando seguridad a la ciudadanía veracruzana, sin que ello implique que los particulares se encuentren impedidos de expresar su libre manifestación de ideas”.

Advirtió que derogar el delito de ultrajes creará un “vacío legal” ante hechos y conductas que en la realidad suceden y que no se podrán sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos, por lo que en consecuencia, podría suceder un incremento de las agresiones que sufren los servidores públicos en el cumplimiento de su deber, en especial los que ejercen funciones de seguridad pública.

“(…) asimismo, las personas que estén en prisión por haber cometido este ilícito, quedarían en libertad, por lo que este hecho causará un precedente jurídico y obligatorio a nivel nacional, toda vez que este tipo penal y el bien jurídico que tutela se encuentran presentes en la legislación penal de la mayoría de los Estados que integran la federación”.



En su carta abierta, el gobernador argumenta que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la agresión violenta con medios como las armas debe castigarse con prisión preventiva oficiosa, de ahí la necesidad de proteger a aquellos que cumplen con la función policial poniendo su vida en alto riesgo.

Agregó que, el apoyo de las fuerzas federales y estatales de seguridad pública, el Gobierno Estatal ha implementado políticas de seguridad para combatir la criminalidad y realizado diversas acciones coordinadas a través de las mesas de construcción para la paz y la seguridad, logrando una disminución en el índice delictivo, principalmente en delitos de alto impacto como homicidio y secuestro.