Desde 2010 hasta la fecha la Fiscalía General del Estado (FGE) ha concluido Procedimientos Administrativos de Responsabilidad (PAR) para 23 de sus elementos, quienes fueron investigados por actos de tortura.
Además, se encuentran abiertos 5 procedimientos administrativos de 2014 a 2017, así como una carpeta de investigación para sancionar penalmente a los supuestos responsables de torturar al único detenido del caso del bar “Madame”, en el que fueron acribilladas 6 personas.
Es de destacar que dentro de estos procedimientos, según una solicitud de transparencia al organismo autónomo, la FGE mantiene en activo a 8 elementos ministeriales que incurrieron en tortura.
A dichos funcionarios la FGE sólo les impuso sanciones administrativas y, tras realizar una investigación, a otros no se les encontró ninguna responsabilidad.
Concretamente los Procedimientos Administrativos de Responsabilidad realizados de 2010 a 2014 involucraron a 23 trabajadores, la mayoría elementos de la Policía Ministerial Acreditada (PMA).
Dicha área formaba parte de la desaparecida Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), actualmente Policía Ministerial. El resto de los involucrados estaban adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
En 2010, la FGE inició el Procedimiento Administrativo de Responsabilidad 064/2010, contra 7 de sus trabajadores.
Se trata de: Manuel Paz y Puente López, Cándido Aguilar Vázquez, Francisco Pérez Pérez, Carlos Romero Jácome, José Alfredo Zárate Saldaña, Juan Ramón Jiménez Morales y Saúl Antonio Sandría Navarrete, quienes estaban adscritos a la AVI.
No obstante, la FGE los exoneró a todos al concluir que no encontró responsabilidad administrativa de su parte.
En 2013, la Fiscalía General inició 4 procedimientos administrativos a 13 elementos, todos de la Policía Ministerial.
El expediente 008/2013 indica que la FGE inició procesos contra Jesús Macario Vaquero, Heriberto Vargas Aguilar y Armando Olmedo Martínez, los cuales al concluir, no derivaron en ninguna responsabilidad administrativa.
También se abrió el procedimiento 017/2013 contra Faustino Jiménez Marino, José Atila Guzmán García y Mario Taurino Monsalve Cuevas, que no derivó en sanciones; al igual que el de los policías del proceso 363/2013 Sergio García Célis y Armando Osorio Márquez, quienes fueron exculpados.
Ese mismo año, 5 elementos sí fueron sancionados administrativamente, siendo Andrés Cruz Bautista y Guillermo Martínez Lagunes con 90 días de suspensión sin goce de sueldo, pero sin perder su empleo.
En el caso de Fernando Lara Rodríguez, Alberto Díaz Amaro y Hugo Gutiérrez Mendoza fueron 30 días de suspensión sin goce de sueldo, dentro del procedimiento 018/2013.
En 2014, los elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) Rosa Bibiana Parras Bolaños, Margarito Ramón Veracruz y Edgar Hernández Blanco también fueron sancionados con una suspensión de 30 días, sin goce de sueldo para cada uno, en el proceso administrativo 101/2014.
Actualmente, la Fiscalía reporta que tiene 5 procedimientos en trámite por supuestos actos de tortura y debido a que el proceso continúa no se revela el nombre de los implicados, ya que aún no tienen una responsabilidad comprobada.
Dichos procedimientos datan del año 2014 al 2017 y son: 006/2014, 014/2014, el 258/2016, 006/2017 y el 063/2017.
El único proceso penal iniciado por tortura es el que se desprende de la recomendación 06/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dicho organismo, acreditó que entre 12 y 14 elementos ministeriales mantuvieron privado de su libertad durante tres días al único detenido por el multihomicidio en el bar “Madame”, ejerciéndole tortura física y psicológica.