De las 40 recomendaciones emitidas por la CEDH a Seguridad Pública le tocan más de la mitad

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nohemí Quirasco Hernández, dio a conocer el paquete de recomendaciones del periodo que comprenden los meses de marzo a junio de este año, donde destaca un total de 40 señalamientos a diversas dependencias estatales y municipales.

Del paquete de recomendaciones, 23 son para la Secretaría de Seguridad Pública, 3 para la Procuraduría General de Justicia del Estado y una a las Secretarías de Educación, Salud y de Gobierno.

Así como una para cada uno de los Ayuntamientos de Agua Dulce, San Juan Evangelista, Córdoba, Huatusco, Río Blanco, Alto Lucero, El Higo, Perote y Coatepec.

Respecto a las 23 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública son principalmente por la violación de las garantías individuales de parte de policías al momento de ejercer su actividad.

De las cuales, 12 corresponden a actos violatorios de los derechos humanos de la policía de Veracruz – Boca del Río, 8 de la Policía Intermunicipal de Xalapa – Banderilla – Tlalnehuayocan y dos a la intermunicipal de Coatzacoalcos, Minatitilán, Cosoleacaque y Nachital.

Aclaró que en estos últimos tres mese se han emitido 40 recomendaciones, “en este momento creo que ya llevamos 80 –en lo que va del año- pero notificadas 70”.

La Procuraduría General de Justicia del Estado cuenta con tres recomendaciones donde destaca la negligencia del médico forense y peritos de Zongolica en el caso de muerte de la mujer indígena Susana Xocua Tazoco, por no hacer la necrocirugía de ley en su debido momento.

En la recomendación a la Secretaría de Salud se pide sancionar al personal médico del hospital comunitario de Coatzacoalcos responsable de haber amputado una pierna al quejoso, sin haber agotado todos los procedimientos médicos recomendables, así como el otorgamiento de la indemnización que corresponda.

A la Secretaría de Gobierno se le pide aplicar una sanción al ex director y ex subdirector de seguridad y custodia y del médico adscrito del penal de Misantla, por no haber atendido la denuncia de violación de un interno por parte de otros reos.

Asimismo con una recomendación destacan los ayuntamientos de San Juan Evangelista y de Agua Dulce, mientras que con una recomendación también al presidente municipal de Córdoba, Agua Dulce, Huatusco, Río Blanco, Alto Lucero, El Higo, Perote y Coatepec.

Por otra parte, Nohemí Quirasco Hernández, dijo que no es factible la privatización de los penales de la entidad, toda vez que la corrupción y el crimen organizado están inmersos en los centros de readaptación social.

“Si las licitaciones se hicieran de forma correcta y adecuada, si se hacen como las del Seguro Social, entonces hay peligros”.

Cabe destacar que la nueva ley de Seguridad Pública para Veracruz contempla la posibilidad de admitir inversión privada para la administración de los penales que se ubican en el estado.

“Tengo entendido que está el narco dentro de los penales no, en tanto no se tengan penales especiales para los internos por delitos federales, por delincuencia organizada van a estar ahí adentro de los penales comunes”.

Reconoció que si bien es cierto que dicho esquema de privatizar las cárceles ha dado buenos resultados en otros lugares, en la entidad no es una solución pues insistió que la corrupción impera en esos lugares.

“Respecto a la privatización en algunos lugares funciona, habría que ver, dado que somos muy corruptos, sería cuestión de analizarlo creo que los niveles de corrupción están en la sociedad civil también y en todas las áreas”, aseveró.

En ese tenor resaltó que desde el momento de la licitación se corre el riesgo de caer en situaciones irregulares, como se suscitó con la abrogación de guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se beneficio a familiares de funcionarios.