Deberá castigarse a Congreso y Poder Judicial por violar amparo de Magistrado: PAN

Con la resolución federal a favor del magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quedó claro que el nombramiento de tres magistraturas en el Poder Judicial de Veracruz significó una violación a la Ley de Amparo, ya que no se respetaron las sentencias definitivas que daban la razón a los tres Magistrados que fueron desplazados ilegalmente.

Al referir lo anterior, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, dijo que se espera que el presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal revisen y hagan valer las sentencias de sus jueces de distrito, para que también se actúe en contra del Congreso local y la titular del Poder Judicial.

“Para que se resuelva con prontitud la vista al Ministerio Público Federal, por la configuración de los delitos que la Ley de Amparo establece en su artículo 267 y en los que incurrieron el Congreso local y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia”, expuso.



Y es que refirió que la instancia federal hizo valer la ley, luego del nombramiento irregular de las tres magistraturas del Poder Judicial, con las cuales se violentaron las leyes locales y federales.

Al respecto, definió que el Poder Judicial en Veracruz se encontraba en riesgo ante el ataque de Morena al Estado de Derecho y la división de poderes, por lo que celebró que el Juez federal hiciera valer el amparo de uno de los Magistrados y ahora el Congreso deba reinstalarlo en el cargo.

En este sentido, el líder panista lamentó que además de enfrentar las crisis sanitaria, económica y de seguridad, en la legislatura exista resistencia al Estado de Derecho y se intente acabar con la autonomía del Poder Judicial.



Para finalizar, Joaquín Guzmán recordó que el diputado Enrique Cambranis Torres presentó una denuncia ante el Ministerio Público federal, contra quienes resulten responsables por los posibles delitos del ejercicio ilícito del servicio público, delito contra la administración de justicia y delito por informes falsos; de manera que esperan la pronta resolución favorable de la misma.