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Sección: Estado de Veracruz

Defiende magistrada ante diputados la pensión de 120 mil pesos mensuales que pretenden

-Dinorah Guevara dijo que los recursos saldrían del Fondo Auxiliar del Poder Judicial

-Pero criticó las “meta facultades” al Consejo de la Judicatura que contempla iniciativa a la ley orgánica

Javier Salas Hern?ndez Xalapa, Ver. 01/02/2012

alcalorpolitico.com

La iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial, turnada por el pleno legislativo a comisiones para su estudio y dictamen el pasado 12 de enero, concede “meta facultades” al Consejo de la Judicatura y pretende reducir a Salas a los Tribunales (Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, Electoral, y de Conciliación y Arbitraje), resaltó la magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Durante una reunión de trabajo entre diputados locales integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para analizar la referida iniciativa, aclaró que no son opositores al proyecto, lo que pretende es hacer una crítica constructiva.

Sin embargo, defendió el haber de retiro de los magistrados que pretenden una jubilación de 120 mil pesos mensuales, al aseverar que los recursos pueden salir del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.

Sobre el particular solo se limitó a señalar que los magistrados, algunos de ellos con 30 años de servicio, deben retirarse con una jubilación justa.

Los magistrados tienen derecho a un haber de retiro, por ello, propuso que las jubilaciones también se concedan para los magistrados que son designados por 10 años, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia para que todos los magistrados tengan una jubilación sin distinción, lo que implica que ese beneficio es para los que llevan 30 años de servicio y los que tienen el encargo solo por 10 años.

Dejo en claro que los magistrados integrantes de los Tribunales del Poder Judicial no formaron parte de la Comisión Redactora de la iniciativa de Ley, y por esa razón entregaron por escrito 18 observaciones al anteproyecto.

Guevara Trujillo dijo estar en desacuerdo de que los 4 Tribunales del Poder Judicial sometan sus anteproyectos de presupuesto a consideración del pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Y es que dijo que el pleno del TSJ y el Consejo de la Judicatura no tienen facultades para distribuir, reducir o modificar el presupuesto de cada uno de los Tribunales.

También no está a favor de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tenga que enviar con oportunidad al presidente del Consejo de la Judicatura su anteproyecto anual de presupuesto, ya que con ello se trasgrede la autonomía presupuestaria.

Además se faculta al Consejo de la Judicatura a implementar los mecanismos tecnológicos que garanticen la certeza jurídica y la confiabilidad de las notificaciones vía correo electrónico certificado, así como para la planificación de los programas mediante la estadística judicial y la capacitación profesional.

“Desde mi punto de vista se le están otorgando meta facultades al Consejo de la Judicatura, limitando y acotando esencialmente toda la organización administrativa, estructura y funcionamiento que tienen los Tribunales”.

Rechazó que sólo el pleno del Tribunal Superior de Justicia tenga un secretario general, ya que se excluye a los otros tres organismos.

Tampoco comparte la propuesta de que el Consejo de la Judicatura tenga competencia para nombrar y remover a los titulares de las unidades de enlace administrativo, de acuerdo a las necesidades y a la disposición presupuestal.

“Esto significa acotar el ejercicio presupuestal de cada uno de los Tribunales, significa catalogarlos como Salas y no como Tribunales debidamente organizados. Insisto en que la iniciativa de Ley tiende a acotar y modificar las estructuras internas de los Tribunales”.

Lamentó que se proponga la desaparición del Instituto de Formación y Capacitación Profesional para crear el Centro de Capacitación del Poder Judicial del Estado, sin que conozca las necesidades en la materia y sin establecer diagnósticos de capacitación y profesionalización para cada uno de los Tribunales.

Lo que propuso es que cada Tribunal, de acuerdo sus necesidades de capacitación, sean los que definan la política de capacitación y profesionalización y que el Centro ejecute las acciones.

En la reunión estuvieron presentes los magistrados José Luis Ocampo López y Leonardo Cruz Casas, integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así como el magistrado de la Sala de Responsabilidad Juvenil, Andrés Cruz Ibarra y la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, de la Sala Regional Centro.