Defienden a empleada de SSP acusada de beneficiar a Bermúdez Zurita

Como un asunto meramente político calificaron familiares la detención de Aracely “N”, una de los siete empleados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detenidos, que a decir de la Fiscalía General del Estado (FGE) cometieron el delito de incumplimiento de un deber legal, al firmar la autorización de una compra millonaria beneficiando a Roberto “N”, socio de la esposa y hermano del extitular de esa dependencia, Arturo Bermúdez Zurita.

Contaron que la función que realizaba la ahora interna en el Penal de Pacho Viejo se remitía a proporcionar cursos de prevención del delito y es ajena completamente a la adquisición de materiales o alimentos, es decir, dentro de sus facultades no está el denunciar ante la autoridad la relación que tenían Bermúdez Zurita y su socio, que fungía proveedor de servicios y alimentos, como señala la Fiscalía veracruzana.

“Ella no tiene nada que ver con las licitaciones. El problema es que cuando hacen la junta, mandan a un representante del área y a ella la mandaron como apoyo, pero no tiene autoridad para decidir nada”, afirmaron.



Admitieron que en el documento de la Segunda Reunión Extraordinaria del Comité de Adquisición, Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la secretaría de Seguridad Pública, que aporta la Fiscalía, efectivamente aparece la firma de la trabajadora, pero sólo en calidad de asistente.

Entrevistados por este medio, los familiares y amigos de la empleada apuntaron que esa reunión fue celebrada el 19 de junio del año 2014 cuando Carlos Arias, entonces secretario particular del director de Vinculación Institucional y Prevención del Delito de la SSP, Ghaleb Krame Hilal, le pide a Aracely “N” que lo acompañe.



“Ahí aparece su nombre, pero ella no votó, ni decidió nada y ahora la acusan de incumplimiento de un deber legal, cuando ella no ordenó, ni tiene voz, ni voto en la contratación de proveedores”, se confió.

En el receso de la audiencia inicial contaron que el pasado viernes, horas más tarde de ejecutarse la detención de los siete empleados, en la Sala de Juicios Orales la FGE presentó como pruebas las hojas número 1, 11, 12, 19 y 20 de los acuerdos tomados en esa reunión.



Sin embargo refieren que resultan insuficientes para servir como datos de prueba para la imputación del delito, dado que ese documento consta de 20 hojas que no han sido tomadas en cuenta y que dejan muestra de que Aracely “N” no tiene participación alguna en el caso.
Afirman que la justicia se aplica de manera selectiva y a conveniencia, dado que el delito de incumplimiento de un deber legal, no amerita prisión preventiva.

Contaron que Aracely “N” lleva alrededor de 14 años como servidora pública, es decir, desde la administración de Miguel Alemán y durante todo ese tiempo ha cometido el más mínimo fallo, es decir no tiene si quiera un acta administrativa, que manche su trayectoria.