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Delincuencia gubernamental y anticorrupción

Rafael Arias Hern?ndez 05/09/2012

alcalorpolitico.com

Y ahora con la iniciativa nacional ATICORRUPCIÓN, cómo negar lo evidente, cómo sostener que no pasa nada y que todo va bien.

La delincuencia gubernamental crece y se fortalece, tanto en el ámbito federal, como en los gobiernos estatales y municipales, en dónde simulación e impunidad se han vuelto tan escandalosas como asfixiantes.

¿Qué pasa en los estados y municipios, respecto al apoyo al Presidente electo en su primera iniciativa de combate y erradicación de la corrupción?

Hasta dónde se pueden ocultar las descomunales deudas públicas; la insuficiencia o falta creciente de recursos; el costoso, lento e ineficiente aparato administrativo de servicios públicos insuficientes, malos y costosos; y el cuestionado manejo de las finanzas, en donde los nuevos ricos abundan.

El silencio responde y fingir que no hay problemas se vuelve un carísimo y peligroso deporte oficial.

Aguantadores y pacientes los mexicanos constatan como, frente al enriquecimiento ilícito, fácil y descarado de servidores públicos de todos los niveles, todavía hay quienes se refugian en falsos reconocimientos y premios inexistentes al trabajo gubernamental realizado.

Presencia y crecimiento de la costosa acreditación, otorgamiento o reconocimiento, de una supuesta calidad, una cuestionada transparencia y una falsa confiabilidad. Claro que también, empieza y termina, en muchos medios de comunicación, convertidos en mercenarios, cómplices y beneficiarios.

Otro aspecto que la tercera iniciativa de Peña Nieto, que hay que considerar y, de ninguna manera, simular o soslayar. Mas negocios, más leña a la hoguera.

Bien se sabe, una y otra vez, que notoriamente se auto promueven y auto nombran, poseedores imaginarios de credibilidad y confianza, por supuestos primeros niveles o lugares de transparencia, acceso a la información, fiscalización y rendición de cuentas.

En demasiados casos, la realidad contradice su autopromoción y la del servilismo que los apoya y promueve. No son transparentes, ni rinden cuentas claras, ni son fiscalizados seriamente. Nada más hay que consultar información y resultados que ponen a disposición y a consulta pública.

Cuando no complican, hacen confusa o esconden la información gubernamental, simplemente no la dan, porque la reservan o la niegan.

Laberintos sin salida, interrogantes sin respuesta y, al final, pérdida de tiempo y recursos, decepción y frustración a costa de la credibilidad y confianza en el gobierno, en el que tarde o temprano, se identifica a los delincuentes que se favorecen de los recursos y bienes públicos, así como de las atribuciones de las instituciones.

A lo largo y ancho del país, las preguntas y cuestionamientos, inevitables, inundan los espacios.

Los medios de comunicación internacionales confirman la gravedad de la enfermedad que padecemos. La delincuencia mexicana es exportable.

¿Hasta dónde debe llegar la mediocridad y la voracidad, amparadas en la complicidad y protegidas por la impunidad?

Con frecuencia, se reclama y denuncia la corrupción imperante y hasta dominante en muchas dependencias gubernamentales.

Tras largas, cansadas y expuestas denuncias de los interesados, de la ciudadanía y, cosa rara, hasta de algunos medios de comunicación, por fin se decide hacer revisiones y hasta costosos exámenes que, obviamente y con frecuencia, pasan a ser parte de redituables contratos.

Se anuncia, difunde y festina lo que no se ha hecho, pero cuyos resultados se anticipan, porque al final todos resultan limpios e inmaculados, perfectos y sin errores. Ninguno de los cuestionados es encontrado responsable de nada, por lo tanto ni sanciones ni observaciones, ni responsables ni culpables.

Se repite el conocido ciclo o ritual. Negligencia, complicidad y perversidad que alimentan y fortalecen a la impunidad.

Muchas respuestas coinciden en que, es imposible sostener en los gobiernos, la suplantación de eficiencia por delincuencia, honestidad por cinismo, efectividad por disimulo.

Entre otras razones, porque pocos o contados, hay que reconocer que todavía hay buenos servidores públicos, haciendo su trabajo cotidiano y sumándose al esfuerzo legal, honesto y entusiasta de los mexicanos; por consiguiente, hay que apoyarlos, alentarlos en su lucha contra la corrupción y el crimen. En este y otros terrenos gubernamentales, impensable la rendición y el desinterés; la sumisión y el silencio. Ni tregua ni claudicación.

Anticorrupción en estados y municipios

Interesante para el futuro de los gobiernos locales es saber qué destino final tendrá una de las últimas acciones (¿pactadas?), del régimen del presidente Felipe Calderón, quien en uso de sus facultades propuso acotar al máximo el margen de opacidad, discrecionalidad y abuso de las finanzas estatales y municipales.

Entre otros temas, propone que para evitar que los gobernadores se endeuden a espaldas de la población o hagan mal uso del dinero que reciben para programas específicos (FONDEN, desarrollo social, seguridad o educación), se estipulen sanciones como la de cinco años de cárcel a quien se niegue a rendir cuentas o falsee información.

La iniciativa preferente, para ser atendida por el Senado, entre otros aspectos, obliga a los gobernadores y alcaldes a rendir cuentas de la deuda que adquieran, de las personas que contratan y de los maestros que premian con comisiones especiales.

Como lo hace la Federación, los estados y municipios, deberán presentar su Analítico de Plazas y Remuneraciones, incluida toda la información de los trabajadores que tengan.

Se trata fundamentalmente, de reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental para que incluso la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga facultades suficientes para cuidar que los gobiernos estatales y municipales cumplan, bien y a tiempo.

Para evitar que los gobiernos estatales sorprendan a la población con deudas públicas, la iniciativa prevé incorporar el mandato a las entidades de incluir en los informes trimestrales los datos relativos a las características de las obligaciones en materia de saneamiento financiero y aquéllas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (Excélsior. 020912).

Para ello, deberá especificar “el tipo de obligación; el fin, destino y objeto; el acreedor, proveedor o contratista; importe total; importe y porcentaje total que se paga o garantiza con los recursos de dichos fondos; plazo; tasa a la que, en su caso, esté sujeta, e información específica respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas”.

Interesante para muchos, preocupante para algunos presentes y pasados.

Tema del que hay que enterarse y mantenerse informado. Tema que da y dará mucho de qué hablar; y más, mucho más, cuando se junte con las iniciativas anticorrupción de Peña Nieto.

Sin duda para los presuntos responsables será, algo así como, “cuando el destino los alcance”.
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