Delito de ultraje a la autoridad es por el bien de los policías, defiende Diputado

La reforma al Código Penal de Veracruz en materia de ultrajes a la autoridad fue para proteger a los ciudadanos y a los cuerpos policiacos de la delincuencia organizada, no para quitar del camino o aniquilar a adversarios políticos y quien lo malinterpreta, comete un abuso y actúa con dolo, afirmó el diputado Gonzalo Guízar Valadares.

Agregó que quienes están malinterpretando o hacen mal uso de la reforma, “es su responsabilidad y no del Legislativo”.

Lamentó que se ataque al Congreso del Estado y lo señalen de haber aprobado una reforma a modo para propiciar que el Gobierno, a través de “sus tentáculos e influencias” ante las instituciones de procuración de justicia, la use para quitarse a adversarios políticos, para lastimar a quienes no piensan como ellos y para eliminar la competencia electoral.



Insistió que ese no es el sentido de la reforma ni la intención del Poder Legislativo y aclaró que los jueces son quienes deciden una prisión preventiva oficiosa para delitos determinados.

Reiteró que por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia la reforma se aprobó con la finalidad de dar argumentos a la autoridad para lastimar a los ciudadanos.

“El ultraje a la autoridad se autorizó para proteger a la policía de la delincuencia organizada, ya que para que ese delito de cometa hay que tener un arma, amenazar y poner en riesgo su salud o incluso la vida; pero no es para quitar a adversarios políticos”.



Ahora que 17 diputados locales del PAN, PAN, PVEM, PRD y MC interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), agregó que los Ministros juzgarán si hay falta de firmeza en el contenido de la reforma.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la última palabra y nosotros acataremos los que determine pero para nosotros, la verdad, la extorsión y el cobro de piso, es un tema que sí amerita una pena y en materia de ultraje a la autoridad es proteger a la institución de seguridad pública de la delincuencia organizada, no es para lastimar a los ciudadanos”.