Demandan a PGR acatar orden de reparación del daño y disculpa pública a indígena

A fin de que el Estado empiece a pagar por sus graves injusticias y, sobre todo, no las repita más al imputar delitos y encarcelar a personas inocentes, los diputados federales Maricela Contreras Julián y Omar Ortega Álvarez demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) acatar la orden de reparar el daño causado y pedir una disculpa pública a la indígena Jacinta Francisco Marcial.

Además solicitaron la intervención del Congreso de la Unión, por medio de una propuesta de punto de acuerdo de urgente resolución presentada a la Comisión Permanente, para que exhorte a la PGR a cumplir el mandato del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de pedir disculpas.

Refirieron que la señora y otras dos mujeres fueron acusadas absurdamente por la PGR de secuestrar a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) durante un ilegal operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, en 2006.



Durante este operativo supuestamente para combatir “piratería” de marcas y productos, a los comerciantes les fueron robadas sus mercancías y, como los policías y la PGR –de la cual dependía la AFI- se negaron a pagar lo robado a pesar de ser exhibidos y aceptarlo en principio, cuatro meses después de los hechos optaron por presentarse como víctimas y acusar a las mujeres otomíes de secuestro.

Así, el 3 de agosto de 2006 y mediante engaños, sujetos vestidos de civil y en un vehículo sin identificación oficial, la trasladaron al Juzgado Cuarto de Distrito de Querétaro, donde oyó la extravagante acusación sin poderla entender ni defenderse, pues no tuvo acceso a intérprete alguno.

Las únicas pruebas de la PGR contra ella y otras dos mujeres fueron una foto del periódico “Noticias” en donde casualmente aparece Jacinta -cuando regresaba a su puesto de aguas frescas de una consulta médica en la farmacia del pueblo, mientras policías y comerciantes dialogaban o discutían durante el “operativo”-, y las contradictorias declaraciones de seis elementos de la AFI y varios municipales.



Nada valió el hecho de que los elementos de la AFI llegaron al tianguis sin identificación, uniforme u orden para el operativo; tampoco que ese mismo día hubieran aceptado pagar los daños y regresar la mercancía robada, ni que ante la negativa de los tianguistas a recibir productos diferentes a los “decomisados”, los mismos agentes ofrecieran pagar en efectivo.

Con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco fue sentenciada a 21 años de prisión.

Insuficiencia de pruebas
Ante la profunda injusticia e insuficiencia de pruebas patentes en el caso –dijeron Ortega Álvarez y Contreras Julián-, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro ProDH) asumió su defensa en segunda instancia en enero de 2009 y apeló la sentencia.



El Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito con sede en Querétaro sí vio las irregularidades del caso y la PGR se vio obligada a desistirse de sus acusaciones, por lo que Jacinta Francisco fue liberada en 2009.

Para ella no fue suficiente eso, pues perdió tres años de su vida en la cárcel, con todas las consecuencias familiares, sociales y económicas que ello implica, por lo que solicitó una reparación por el daño material y moral en su contra.

Recién el pasado 24 de mayo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le dio la razón y ordenó a la PGR asumir su responsabilidad.



Para Ortega Álvarez y Contreras Julián también expresaron es necesario que además la PGR se disculpe por su cruel e injusta acusación contra esta mujer de la comunidad otomí. Este caso es paradigmático del abuso y la impunidad con que actúan órganos y agentes de procuración y administración de justicia mexicanos contra este sector de la población.

Una reparación de daños pronta es urgente, así como la garantía de no repetición de casos de injusticia como el de Jacinta, Alberta y Teresa.