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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Denuncian amenazas de muerte y desalojo de campesinos en San Andrés Tuxtla

- Hechos ocurrieron en el ejido Nueva Victoria, localidad Enrique López Huitrón

- Fue cometido por particulares pese a que decreto presidencial favorece a ejidatarios

- Representante de agraviados señala desinterés del Gobierno Estatal

Natan Salazar Xalapa, Ver. 14/01/2022

alcalorpolitico.com


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Alejandra Reyes Medina, representante legal de grupo de campesinos de la localidad Enrique López Huitrón, en el municipio de San Andrés Tuxtla, denunció hechos de violencia y desalojo en el ejido de la Nueva Victoria.

Expuso que los acontecimientos ocurrieron el 22 de diciembre del pasado año, cuando cerca de las 4 de la tarde, personas lideradas por René Israel Ortiz Chispan, Paulino Velázquez Ávalos, Armando Velázquez Ávalos y Agustina Cruz Vásquez desalojaron a los campesinos del ejido, resultando afectados más de 30 personas.

Además, mencionó que hasta el momento continúa el hostigamiento e incluso hay amenazas de muerte.



"Son reincidentes de los mismos delitos de golpe, lesiones, amenazas de muerte, incendio de viviendas y robo de peaje de las mismas viviendas (...) Los hacemos responsables de lo que nos suceda en nuestra integridad física", agregó.

Comentó que dichas tierras fueron concedidas por resolución presidencial y que se amparan en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley Federal de Reforma Agraria que mencionan que cuando se publica una resolución presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el grupo de campesinos es propietario de las tierras y además se anulan todos los actos y documentos de particulares que traten de despojar de sus derechos agrarios a los campesinos.

Manifestó que el gobernador Cuitláhuac García ha hecho caso omiso ante esta problemática, incluso cuando ya hay una suspensión provisional.



"El Gobernador hace casi omiso a pesar de que está demandado por el juicio de amparo que nos concede la suspensión provisional", añadió

Expresó que incluso han ido representantes legales de los autores de los hechos, alegando que pueden hacer cualquier cosa con su dinero.

"Ellos dicen que con su dinero pueden hacer y deshacer pero están muy equivocados porque el expediente llegó hasta el Consejo de la Judicatura Federal", finalizó.