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Cultura Viva
Universidad Anahuac

Sección: Nacional

Despiden a funcionario de EU por lista de deportables

Investigan a ocho empleados del departamento de Servicios Laborales de Utah por la difusión de una lista con datos personales de mil 300 inmigrantes hispanos

El Universal Denver, EU 21/07/2010

alcalorpolitico.com

Un empleado del departamento de Servicios Laborales de Utah fue despedido, otro lo será próximamente y ocho están siendo investigados por la difusión de una lista con datos personales de mil 300 inmigrantes hispanos para pedir su deportación por su supuesta situación irregular en Estados Unidos.

Kristen Cox, directora de esta oficina gubernamental, informó hoy de que la persona despedida era un empleado temporal que estaba a cargo del mantenimiento de la base de datos de la agencia estatal.

Otro empleado del mismo departamento "será despedido pronto" , posiblemente hoy mismo, aseveró la directora, que no dio los nombres de estas personas.

La lista de Utha ha generado preocupación entre los inmigrantes residentes en el estado e indignación en organizaciones de la comunidad hispana y de defensa de los derechos humanos.

En declaraciones a los medios de Salt Lake City, Cox explicó que las investigaciones continuarán hasta que se determine cómo se compiló la información personal de 1.300 inmigrantes hispanos que luego se distribuyó el 12 de julio en un documento de 29 páginas enviado a los medios de comunicación, agencias de seguridad y legisladores.

La lista contiene los nombres, fecha de nacimiento, número de seguro social, dirección particular, dirección del lugar del trabajo, nombre de los hijos y en un caso hasta la fecha esperada de nacimiento de un bebé.

La carta de presentación de la lista, firmada por Ciudadanos Preocupados por Estados Unidos (Concerned Citizens of the United States) , un grupo hasta el momento desconocido, pide la deportación de las 1.300 personas incluidas en el documento.

La ley de Utah especifica que el dar a conocer de manera intencional información privada es un delito que puede ser sancionado con hasta seis meses de prisión y con una multa de hasta 1.000 dólares.

El caso quedará hoy en manos de la oficina del procurador de justicia estatal para determinar si se presentarán cargos adicionales contra los implicados y si se infringieron leyes federales.